El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) debiese ser un método que garantice a las personas vivir en un medioambiente libre de contaminación. Sin embargo, a todas luces el SEIA ha fracasado en ese principio fundamental.

En los más de 20 años de vigencia que lleva este mecanismo, han aumentado las zonas de sacrificio, se repiten cada vez más los conflictos ambientales, empeora la salud de la población y se judicializan muchos de los proyectos empresariales.

No pudiendo resolver estos principios fundamentales, el Gobierno ha presentado una nueva reforma al SEIA, poniendo énfasis en el tema de la disminución de la burocracia con que se tramitan los permisos ambientales de los proyectos de inversión, terminando con esto, según el Ejecutivo, con la incertidumbre de compañías nacionales y transnacionales.

Este miércoles, ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra del ramo, Carolina Schmidt, dio a conocer la nueva propuesta oficial desechando, de esta manera, la primera idea impulsada durante la anterior administración de la cartera, Marcela Cubillos.

Para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, Félix González, el contenido del nuevo proyecto que modifica dicha institucionalidad está lejos de asegurar y mejorar las condiciones de vida de la población, ya que quita espacios de participación a las comunidades.

“Los preceptos que están en el Acuerdo de Escazú de acercar la Justicia a las comunidades no se cumplen; mejorar la participación ciudadana, hacerla más vinculante, no se cumple tampoco; además eliminaron, en la segunda propuesta, la participación anticipada o la posible consulta indígena adelantada; al Gobierno parece que no le gusta, menos ahora, este tipo análisis que provienen desde los pueblos originarios”, afirmó.

Entre los puntos destacados de la propuesta oficial resalta la eliminación de la consulta ciudadana anticipada, se fortalecen las Comisiones Regionales como instancia final de decisión administrativa al no reincorporar la creación de las Macrozonas en el proyecto y al eliminar al Comité de Ministros o la decisión del Director Ejecutivo del SEA como instancia revisora a través del recurso de reclamación. Al mismo tiempo, se incluye una norma que deja en manos de los tribunales ambientales la opción de demanda.

Sin embargo, este jueves, el parlamentario y presidente del Partido Ecologista Verde, Féliz González, presentó una propuesta alternativa apoyada por otros congresistas de la Comisión con la idea de generar consensos con el Ejecutivo al interior de la instancia legislativa.

Según González, la iniciativa permite a la ciudadanía solicitar el término anticipado de un proyecto cuando no cumpla con la legislación y prohíbe que las empresas puedan hacer o prometer “donaciones” a las personas u organizaciones vinculadas antes o durante la estimación.

“En la evaluación sobre el impacto ambiental que dichos estudios no estén a cargo de una consultora contratada por la empresa vinculada, sino que sea un servicio contratado por el SEIA pero con cargo de la compañía, pues debe tener una cierta independencia. Lo más importante de nuestra propuesta es que se incorpora un plebiscito que pude revertir o aprobar un proyecto, donde la ciudadanía residente en las proximidades a la obra pueda ejercer su opinión vinculante ante la idea empresarial”, argumentó.

Especialistas en el tema han criticado la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) impulsada por el Ejecutivo. Han dicho que la propuesta debe, necesariamente, ser objeto de consulta indígena y, al no existir instancia de reclamación administrativa, el incentivo inevitable será la judicialización, refutando el argumento dado por la ministra Schmidt sobre que el proyecto de ley disminuirá en, al menos un año, los plazos de tramitación.

Para la investigadora asociada de la Fundación Chile Sustentable, Pamela Poo, la idea de Gobierno de acelerar la instalación de proyectos no pasa por estas modificaciones oficiales.

“La gente quiere otros tipos de desarrollo, no necesariamente la mega inversión que el Ejecutivo trata de cursar en los territorios, no sé si tú quieres convivir con una estructura de extracción minera de seis mil millones de dólares. Entonces yo creo que acá hay que generar mecanismos donde la ciudadanía puedan participar, alternativas de emplazamiento desde el origen, pero eso, el proyecto oficial no lo resuelve”, subrayó.

Recordemos que el Ejecutivo ha otorgado a la prenormativa el carácter de suma urgencia, por lo que la primera semana de julio ya se estaría votando la idea de legislar en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.