Esta semana, el Gobierno volvió a defender los requisitos de ingreso que se decretaron para los ciudadanos venezolanos, en un flujo migratorio que, según las estimaciones del Ejecutivo, podría alcanzar las 300 mil personas durante los próximos meses.

Esto, en medio de una crisis en el Paso Fronterizo de Chacalluta, en Arica, en donde cientos de venezolanos se han encontrado, en el lugar mismo, con la solicitud de una visa de turismo de tipo consular para ingresar a Chile, instalando, así, el debate sobre la manera en que este Gobierno ha enfrentado la crisis migratoria existente en la región.

Ante esta situación han tomado protagonismo las organizaciones sociales que, en terreno, han prestado apoyo a las personas que ven sus derechos vulnerados. Entre ellas, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha aparecido como una voz potente en defensa de los cientos de migrantes que salen de su país en busca de nuevas oportunidades.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el director de Incidencia del SJM, Juan Pablo Ramaciotti, se refirió al diagnóstico que, como organización, han realizado sobre la política migratoria de nuestro país y cómo ésta ha llevado la crisis en la región.

La situación en el Paso Fronterizo de Chacalluta sigue siendo grave y son muchas las familias que se encuentran varadas a la espera de una solución. ¿Cómo sucede esto?

“La responsabilidad que nosotros vemos ahí es, primero, que no se debió implementar una medida como el visado consular de turismo de un día para otro, siendo que había personas que podían estar en tránsito o con el pasaje comprado, y se encuentran con un cartel en el paso fronterizo diciendo que si no tienen la visa consular no pueden pasar a Chile”.

El director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti.

Y en este caso específico, ¿esa responsabilidad de quién es?

“Eso primero es responsabilidad del Ministerio del Interior. Pero lo otro que nosotros esperamos que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno en general hagan, es poner primero la integridad de las personas y la seguridad de las personas que están migrando, por sobre la rigidez normativa”.

En ese sentido, ¿creen que el Gobierno tiene la voluntad real de priorizar lo humanitario?

“En general, al menos al nivel de lo que hemos visto en Chacalluta, en Tacna y también en el discurso, es que pareciera ser que no hay disposición por poner lo humanitario sobre lo administrativo. Siendo que estamos en una situación que requiere medidas extraordinarios hay que, incluso si es necesario, buscar formas responsables de flexibilizar lo administrativo”.

¿Y cómo se puede llegar a ese tipo de soluciones?

“Es decir, de qué manera vamos haciendo que los instrumentos normativos legales sean útiles a la situación en que estamos, que las medidas que vayan tomando sean en coordinación con otros países y que también se respete la legislativa chilena respecto del refugio”.

¿Eso en qué sentido no se está cumpliendo?

“Así como el Gobierno está siendo muy enfático en la importancia de que las personas migrantes cumplan con la ley, nosotros también vemos que hay un aspecto en deuda del Gobierno, que es cumplir de manera más rigurosa con la ley de refugio que tiene Chile. Ahí se están haciendo controles previos en frontera por parte de la PDI para ver quién puede y no puede solicitar refugio, siendo que la ley establece que toda persona que solicite refugio tiene derecho a que su caso sea evaluado por una comisión especial y eso no está pasando en todos los casos”.