Fue en 2005 cuando el juez Daniel Urrutia remitió a la Corte Suprema el trabajo académico que cambiaría su vida. En el informe, Urrutia criticaba las actuaciones del máximo tribunal durante el período en que transcurrió la dictadura cívico-militar en Chile, pero éste fue devuelto con la indicación de que contenía “apreciaciones inadecuadas e inaceptables”. En secreto, la Suprema inició un proceso disciplinario contra Urrutia que comenzó con una sanción de censura y que hoy, 14 años después, ha escalado a la jurisdicción internacional.
Y es que este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Daniel Urrutia contra el Estado de Chile, indicando que este último cometió no una, sino una serie de violaciones a los derechos humanos en el contexto del proceso disciplinario que se generó luego de enviar el trabajo.
La defensa de Urrutia ante la Corte estará a cargo del abogado mexicano y especialista en derechos humanos Fabián Sánchez, quien, en un fugaz paso por Chile, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre la estrategia que llevarán ante el sistema interamericano.
“El abordar la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho de las juezas y los jueces, en el ejercicio de sus funciones judiciales, dentro y fuera. Esto es, la idea de que no exista una censura ulterior por manifestar sus ideas, lo cual incluso ya ha sido manifestado por la relatoría de libertad de expresión de la Comisión IDH”, indicó el abogado mexicano.
En febrero pasado se sometió el caso a la jurisdicción de la Corte. En su informe, la Comisión recomendó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptar medidas administrativas para dejar sin efecto la sanción impuesta a Daniel Urrutia.
Asimismo, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho de Urrutia a contar con una autoridad disciplinaria imparcial y, así también, el derecho a la protección judicial.
En ese sentido, el representante de Urrutia ante el sistema interamericano explicó la importancia de que se aseguren estas garantías para la protección de los derechos humanos.
“Las juezas y los jueces se inhiben de conocer ciertos casos en materia de derechos humanos, de pronunciarse respecto de violaciones a los derechos humanos, porque saben que puede haber consecuencias en el ámbito de la disciplina judicial. Es decir, que sean sancionados y, por ende, que vean al final del día mermados sus derechos”, sostuvo Sánchez.
“Hay una falta de garantía de derechos, por lo que los jueces no están dispuestos a hacerlo en vista de las sanciones de las que pudieran ser objeto”, acusó el abogado especialista en derechos humanos.
Respecto del proceso disciplinario del que fue objeto, la Comisión determinó que el Estado de Chile violó los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa. Esto, porque nunca fue notificado de que se le inició un proceso disciplinario.
A la derecha, el abogado mexicano y especialista en derechos humanos, Fabián Sánchez, quien representa a Daniel Urrutia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Daniel Cima para CIDH.
Esto, para el abogado mexicano, puede llevar a que el Poder Judicial se vea influenciado, haciendo peligrar su autonomía. “El proceso disciplinario en Chile no respeta el debido proceso. Los controles disciplinarios no se ajustan a los estándares de protección más altos”, señaló Sánchez.
“Lo que vemos es que, al no existir esto, puede llevar a una influencia, interna y externa, en el Poder Judicial. Es decir, ir a atacar la autonomía del Poder Judicial. Interno, por los jueces, y externa por otros poderes que pudieran tratar de interceder en ciertos casos”, agregó el representante de Urrutia ante la Corte IDH.
En febrero pasado se sometió el caso a la jurisdicción de la Corte. En su informe, la Comisión recomendó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptar medidas administrativas para dejar sin efecto la sanción impuesta a Daniel Urrutia. Asimismo, recomendó reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas en el informe, mediante medidas de compensación, y disponer medidas de no repetición.
