Este lunes se desarrolló la primera sesión de la comisión encargada de revisar la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la actual crisis social en Chile.

En esta oportunidad, la ONG Amnistía Internacional fue invitada a exponer acerca de sus observaciones y recomendaciones en torno a la situación local que tiene al Gobierno cuestionado, incluso, internacionalmente.

Fue la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, quien sostuvo que las violaciones de derechos humanos en el país son generalizadas y, por lo mismo, la responsabilidad va más allá de quién “apretó el gatillo”.

“Eso apunta a una responsabilidad de mando, que ya no se trata de hechos aislados que pueden implicar una responsabilidad para la persona individual que apretó el gatillo, o que golpeó a un manifestante, o que tiró la lacrimógena, sino que apunta a una responsabilidad que debe investigarse mucho más arriba en términos de que ya sea que haya habido una instrucción o haya habido una tolerancia respecto de que estos hechos se estén produciendo. La no prevención de este tipo de actos cuando se tiene el deber de hacerlo es también una causal de responsabilidad del Estado de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

En ese sentido, Piquer indicó que cualquier medida que haya podido tomar el Estado para frenar las violaciones a los derechos humanos fueron insuficientes.

“Independientemente de las medidas que se hayan tomado, los datos que tenemos respecto de la evidencia que hay de violaciones a los derechos humanos son datos reales que sucedieron y que, por lo tanto, si se tomaron medidas, evidentemente esas medidas no fueron suficientes para impedir que haya doscientas y tantas personas con un ojo dañado y, en ese sentido, nuestra primera recomendación apunta directamente a tomar medidas efectivas para detener lo que está pasando”.

Por su parte, la investigadora en contextos de crisis de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, afirmó que tanto militares como carabineros han usado armas letales durante las protestas, situación completamente innecesaria en un contexto de protesta.

“Amnistía ha encontrado que sí se ha utilizado armamento militar en contextos de control de protestas, Amnistía Internacional ha podido documentar cinco muertes presuntamente por agentes de seguridad, cuatro habrían sido a manos de funcionarios del Ejército y uno habría sido a manos de Carabineros, dos de estas muertes habrían sido con armamento militar, es decir, con munición letal. Se obtuvieron registros audiovisuales hasta ahora de al menos cuatro eventos de este tipo donde el Ejército habría disparado munición letal, y hemos identificado ya, al menos, dos tipos de rifles, ambos son rifles semiautomáticos de disparo con munición letal y también hemos identificado pistolas de mano semiautomáticas”.

La comisión encargada de revisar la Acusación Constitucional contra el Presidente seguirá sesionando el próximo lunes, mientras, Piñera tiene un plazo máximo de diez días para presentar su defensa.