Este lunes, en la sede en Santiago del Congreso Nacional, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime y despachó la denominada Ley Corta que ingresó el Gobierno el pasado miércoles con discusión inmediata, y con la que busca establecer un reajuste escalonado para la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Pilar Solidario, que permitiría incrementar -por tramos- las pensiones en un 50 por ciento para el 2022.
Pero con una votación de 7 a 6, la instancia también aprobó la única indicación que presentó la oposición al proyecto, que elimina la gradualidad y propone un aumento inmediato de un 50 por ciento para todos los pensionados.
Un trago amargo para la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien se ha mostrado firme en la línea del Gobierno, manifestando que la gradualidad es necesaria y que esta “Ley Corta” no lo es todo. Más aún, cuando Zaldívar ha sido explícita en que al terminar su tramitación en la Cámara se abocará en la primera apuesta que hizo el Ejecutivo en la materia: la reforma al sistema de pensiones.
Pero el estallido iniciado el 18 de octubre cubrió de polvo una auto denominada “reforma” que poco tenía que ver con las demandas que hoy todos parecen tener claras. Así, el que en principio se perfilaba como un proyecto insignia del oficialismo, es ahora una representación de la desconexión previa al estallido social de la cual tanto la ex Nueva Mayoría como Chile Vamos quieren desmarcarse. Tanto así, que desde ambos sectores han surgido propuestas que, según ellos mismos, responden al despertar del país.
En la oposición ya han sostenido varias reuniones sobre este tema, y desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio están trabajando en una propuesta transversal de agenda social que abarque las distintas demandas que han surgido al calor de las movilizaciones. En términos de pensiones, la propuesta de la oposición tiene relación con un sistema de seguridad social contributivo, que contenga solidaridad, y en el que las AFP sean sólo una de las opciones.
Así lo explicó el diputado DC, Gabriel Silber.
“(El proyecto del Gobierno) no innova en solidaridad, que a nuestro juicio corrige efectivamente aquellas pensiones más bajas, y no incorpora el componente público que hemos señalado, transferencia del punto de vista fiscal”, sostuvo Silber.
“Desde el punto de vista de la institucionalidad, insistimos que debe haber un ente público robusto, con facultades de administración de las carteras, de las cuentas de capitalización individual, que administre efectivamente la solidaridad y que sea una verdaderamente una alternativa de seguridad social frente a las AFP“, agregó el parlamentario DC.
En la otra vereda, Renovación Nacional no ha querido quedarse atrás y hace algunos días el timonel del partido, Mario Desbordes, encargó a sus diputados pertenecientes a la Comisión de Trabajo una propuesta en este sentido.
Luego de conversaciones con distintos expertos en la materia, entre ellos la economista Andrea Repetto, surgió una propuesta que toma como base el trabajo de la ‘Comisión Bravo’, instancia que durante el gobierno de Michelle Bachelet se encargó de trabajar en una reforma al sistema de pensiones y que propone la creación de una AFP estatal; además de promover iniciativas como un aporte de un millón de pesos por recién nacidos y un impuesto a las utilidades de las AFP, entre otras medidas que totalizan 25.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado RN e integrante de la Comisión de Trabajo, Francisco Eguiguren, explicó por qué creen que esta propuesta es mejor que la que impulsa el Gobierno.
“(La reforma del Ejecutivo) está bien encaminada pero es insuficiente. Yo creo que está en buen camino, pero está a mitad de camino“, afirmó Eguiguren.
“Yo creo que este país cambió el 18 de octubre, todo lo que uno podría haber pensado que era bueno antes del 18 de octubre, hoy día hay que revisarlo. Con humildad, porque aquí no hay que tener falsos orgullos de autor, pero hay que revisarlo también con rigurosidad y muy profesionalmente, de manera que esa propuesta que tiene el Gobierno y que va en el buen camino, nosotros la rescatamos pero la queremos incentivar”, añadió el diputado RN.
Pese a que la idea de Renovación Nacional es generar un acuerdo transversal en torno a esta propuesta, dentro del propio Chile Vamos hay quienes ven con escepticismo el hecho de retomar el trabajo que había comenzado Bachelet en su segundo mandato.
Es el caso del diputado UDI y también integrante de la Comisión de Trabajo, Patricio Melero, quien criticó la propuesta de RN señalando que ésta no llegó a tiempo y que cuando la ex presidenta Bachelet la propuso, fueron los mismos parlamentarios RN los que se mostraron contrarios.
Sin embargo, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se mostró más abierta a negociar con sus pares oficialistas, señalando que se deben transparentar las posturas frente a las AFP.
“(Los planteados por RN) eran exactamente los mismos que teníamos conversados con el Gobierno, no hay muchas diferencias en todo lo que hemos conversado, salvo en el tema de la AFP estatal que, por lo menos a nosotros, no nos genera mayor problema“, aseguró la timonel de la UDI.
“Hay que verlo en términos prácticos, pero no es un tema que nos genere problemas, de manera que nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es juntarnos y ver en qué cosas estamos de acuerdo. Creo que hay que transparentar efectivamente en muchos temas que tienen que ver con las AFP“, indicó Van Rysselberghe.
Así, con el ingreso a tramitación de la denominada Ley Corta y su despacho en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, el Gobierno tiene estancada la auto denominada “reforma de pensiones” que venía impulsando el Ministerio del Trabajo desde noviembre del año pasado.
Pese a los dichos de la titular de la cartera, María José Zaldívar, de que volverán a retomar la discusión de la reforma de pensiones al terminar la tramitación de la Ley Corta, esta vez el proyecto tendrá que competir con nuevos acuerdos y propuestas, y no solo con la oposición.