Los altos niveles de abstención en las últimas elecciones han sido considerados por un grupo de parlamentarios que, de forma trasversal, propusieron un proyecto para reponer la obligatoriedad del voto, manteniendo la inscripción automática del modelo voluntario.
Solo en las últimas elecciones presidenciales, un 56 por ciento del padrón electoral decidió no ejercer su voto, una cifra muy similar a lo ocurrido en la segunda vuelta de las presidenciales del 2013, que alcanzaron un 58 por ciento de abstención.
El pasado miércoles, en Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados se dio luz verde al proyecto mencionado y que, en opinión de una de sus autoras, diputada PPD, Andrea Parra, tiene por objetivo mejorar la representatividad en todo tipo de contiendas electorales.
Sin embargo, según Parra, esta iniciativa no debería estar sola.
“Es un proyecto modesto respecto de su articulado porque básicamente lo que hace es transformar el voto voluntario en obligatorio. Estamos convencidos que va a requerir de algunas cuestiones adicionales a tratar, como -por ejemplo- lo que se ha señalado en el proyecto del diputado Andrés Longton, que tiene que ver con acercar los locales de votación a las personas”, precisó la diputada posterior a la votación de la Comisión.
Andrea Parra.
Aunque el Gobierno ha optado por no darle urgencia a este proyecto, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, diputada DC, Joana Pérez, manifestó que se trata de una iniciativa que pretende aportar legitimidad a las futuras elecciones, sobre todo en un contexto de crisis en donde la representatividad política ha sido ampliamente cuestionada.
Sumado a esto, Pérez se pronunció también sobre cuáles son los otros mecanismos que deberían complementar a esta nueva legislación.
“Esto va a ser un aporte para fortalecer la democracia, sin embargo, sabemos que no puede ir aislado. Tiene que ver con otros proyectos, como acercar los lugares de votación, la formación cívica, espacios de participación. En el proyecto se ha agregado una indicación que le pide al Estado que se haga cargo de promover justamente el proceso eleccionario y todo lo que tiene que ver con la participación y la promoción de las futuras elecciones y los procesos participativos”, indicó.
Pero, ¿cómo era el panorama del 2012 cuando se optó por la opción del voto voluntario?
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el cientista miembro del directorio del Servicio Electoral, Alfredo Joignant, aseguró que el objetivo era poner a Chile en la línea de la mayoría de países del mundo, además de obligar a los candidatos a ir a buscar a sus electores.
Por supuesto, nada de esto pasó. Muy por el contrario, el debate volvió a resurgir y, para Joignant, debería resolverse antes del plebiscito constitucional de entrada.
Alfredo Joignant.
“A propósito del estallido la discusión adoptó otra característica. Esa es una discusión que debiese traducirse en que el voto obligatorio debiese ser un hecho en el contexto de la nueva Constitución. No es casualidad que uno de los puntos del acuerdo firmado el 15 de noviembre, que el plebiscito de salida, termine con voto obligatorio. Lo cual es medio absurdo, es mucho más importante el plebiscito de entrada”, aseguró Joignant.
Además, el cientista se refirió a si la modalidad del voto obligatorio contribuiría a resolver los problemas de representatividad en el país.
“Si llegáramos a eso manteniendo la inscripción automática, me parece que contribuiría a resolver el problema de legitimidad y representatividad al cual están expuestos los partidos políticos chilenos, todos más o menos por igual. Siempre y cuando se cumpla una condición, que el voto obligatorio sea con sanción. Si es un voto sin poder coercitivo, el problema no se va a resolver para nada”.
Para Joignant, este tipo de sanciones se perdieron en el país cuando los juzgados de la policía local empezaron a obviar las multas. En otros países, precisó, las sanciones van desde la invalidación del carnet de identidad hasta la pérdida de múltiples beneficios sociales.
