Este miércoles, se llevó a cabo una reunión entre los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia en la que definieron las prioridades que fijarán la ruta legislativa durante las semanas previas al receso de febrero: seis proyectos de ley con los que, en sus palabras, buscan dar respuesta a las demandas sociales que se han levantado tras el 18 de octubre pasado.
Ingreso mínimo garantizado, el proyecto ‘anti saqueos’, ‘Fármacos II’, la reforma tributaria y el proyecto que busca establecer paridad de género en una eventual convención constituyente, quedaron como prioridades para las semanas previas al receso legislativo. Pero también desde el Gobierno decidieron agilizar el trámite de otro proyecto que, desde su ingreso el pasado 26 de noviembre, no ha tenido avance alguno en su primer trámite en el Senado. Este es, el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la proyección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad nacional.
Olvidado en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, el proyecto ha sido objeto de críticas transversales desde la oposición. Sin embargo, en el oficialismo lo ven como un punto crucial de la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno. En ese sentido, además de incluirlo dentro de los proyectos de la ‘Agenda de Seguridad’, el ministro Felipe Ward anunció la agilización de este proyecto en el contexto del denominado Acuerdo por la Paz, situándolo al mismo nivel que las iniciativas ‘anti barricadas’, ‘anti saqueos’ y ‘anti capuchas’ que han configurado la punta de lanza de un discurso respaldado por el que, para el Ejecutivo, es la mayor necesidad del país frente a la contingencia: el orden público.
Dicha priorización ha sido fuertemente criticada desde la oposición y organizaciones civiles quienes argumentan que las autoridades debieran poner el foco en las demandas sociales antes que en una agenda de orden público, además de apuntar hacia el carácter “populista” de muchas de estas medidas. dirigidas hacia un sector muy reducido de la población.
Dicha postura es reafirmada por los resultados de la última encuesta CEP que, a diferencia de sondeos anteriores, sitúa la demanda por mayor seguridad en quinto lugar, después de pensiones, educación, salud y mejores salarios.
El ex subsecretario de Fuerzas Armadas y especialista en temas de defensa, Gabriel Gaspar, manifestó que este es un proyecto que aún genera muchas interrogantes. Foto: Agencia UNO.
Para el ex subsecretario de Fuerzas Armadas y especialista en temas de defensa, Gabriel Gaspar, el estancamiento de la iniciativa se debe, justamente, a que este es un proyecto que genera muchas interrogantes que hasta el momento las autoridades no han sabido responder. Para Gaspar, una de ellas es crucial para entender el fondo: la justificación de la iniciativa o el por qué se necesitan efectivos militares para el resguardo de instalaciones críticas.
“Todos los países y muchas poblaciones estamos disponibles también para hacer muchos sacrificios si es que está la legitimidad del fundamento de la medida. En este caso creo que el proyecto tiene una justificación que no se explicita, que es liberar carabineros: ¿cuántos se van a liberar? ¿dónde están siendo empleados?. Porque ese es el argumento que todos escuchamos de las autoridades”, comentó el ex subsecretario de FF.AA.
Desde el Gobierno se ha hablado de que estamos frente a enemigos poderosos e implacables y se ha dicho que hay informes de elevada tecnología que respaldan una eventual injerencia extranjera. No obstante, ninguna de las dos teorías ha sido hasta ahora comprobada, lo que ha generado aún más interrogantes frente a unas Fuerzas Armadas que tienen como misión constitucional la defensa del territorio nacional frente a alguna amenaza, ya sea externa o interna. Pero, ¿estamos realmente en ese punto? Al menos el ex subsecretario de FF.AA. dice no saberlo.
“Dicen que esto es para proteger instalaciones crítica tal como en Europa. Pero en Europa se hace en base al protocolo de enfrentamiento al terrorismo. Entonces la pregunta es: ¿Chile está ante la amenaza de una célula terrorista o grupo dormido que nos quiere castigar? No lo sé“, reflexionó Gaspar.
Mismo argumento ha esbozado la oposición para criticar este proyecto. Así también lo han hecho varios de los senadores independientes que integran la corporación. Es el caso del senador Carlos Bianchi, quien conversó con Diario y Radio Universidad de Chile asegurando que su voto lo dará a conocer en la Sala.
Pese a que manifestó que él vota “en la Sala y no por la prensa”, el senador independiente Carlos Bianchi manifestó sus aprensiones al proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica. Foto: Biblioteca del Congreso Nacional.
No obstante, adelantó sus aprensiones con el proyecto actual, siendo enfático en que su aprobación podría tener graves consecuencias. “El juicio que yo tengo sobre este proyecto de ley es de muchísima preocupación“, aseguró Bianchi.
“Yo no sé si estoy como para participar con mi firma, con mi voto de un proyecto de ley que incluso podría generar una situación aún más compleja y que tiene que ver con posibles enfrentamientos que tengamos entre la civilidad y miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, esto da cuenta de que el país no está normalmente funcionando”, señaló el senador de la Región de Magallanes.
Sin embargo, desde el oficialismo han destacado esta iniciativa como un mecanismo que pudo haber evitado que sucedió con la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, por lo que le han atribuido gran importancia pese a su nulo avance en el Senado.
Es el caso de la senadora Carmen Gloria Aravena, una de las autoras del proyecto original, quien, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, aseguró que son 1.600 los efectivos de Carabineros que hoy resguardan infraestructura crítica y que de haberse aprobado antes la iniciativa, la historia de la PSU sería diferente.
“Hoy día hay un porcentaje inmenso de niños, más de 200 mil jóvenes y sus familias, que hoy día no pudieron acceder a una PSU de Historia. Eso en mi opinión es grave, grave porque se vulnera un derecho, un derecho además que implica estudios de uno o dos años. Entonces yo creo que, efectivamente, si hubiéramos tenido aprobada esta ley habría permitido que tuviéramos otra historia“, aseguró la senadora.
“Todos quisiéramos que viviéramos en un nivel de armonía y fraternidad tan grande que no tuviéramos que tener custodia de nada, pero mientras eso no ocurra el Estado y el Gobierno tienen el deber de que todos los ciudadanos de este país sientan que transitan y hacen su vida en paz“, insistió la parlamentaria ex Evópoli.
En ese sentido, el Gobierno anunció que intentarán agilizar la tramitación del proyecto en la Cámara Alta para que pueda, al menos, pasar a segundo trámite antes del receso de febrero. Así, la revisión de la iniciativa en la Sala del Senado quedó agendada para el próximo lunes 20 de enero.
Este lunes la Sala del Senado revisará el proyecto que busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para permitir el resguardo de infraestructura crítica. Foto: Edgard Garrido / Reuters
