En agosto de 2019 trabajadores de Inacap sede Arica realizaron una huelga legal por más de 20 días, sin embargo, acusaron entonces que la empresa tuvo nula disposición de negociar con ellos, y no conforme con aquello también reemplazó a uno de los trabajadores en huelga, conducta determinada como “prácticas desleales del empleador” en el artículo 403 letra D del Código del Trabajo.
Ante tal situación, los trabajadores recurrieron a la justicia, y el pasado 25 de noviembre el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica sentenció que la Universidad Tecnológica de Chile INACAP incurrió en práctica antisindical y desleal contra el Sindicato de Trabajadores.
“Había un trabajador afiliado al área de recaudación, y la empresa abiertamente interpuso un reemplazante de una empresa externa. De hecho, Inacap lo preparó y en ese momento se recurre a la Inspección del Trabajo, que solicitó el retiro del reemplazante y la institución se negó, y culminada la huelga pasó a tribunales a un juicio en el que se demostró que Inacap, conscientemente, preparó un reemplazante”, explicó Roberto Monares, abogado asesor del sindicato.
Sin embargo, desde la empresa no quedaron conformes con esta decisión, y si bien el curso es seguir el trámite judicial en la Corte de Apelaciones, Inacap decidió interponer un requerimiento por inaplicabilidad y por inconstitucionalidad de la sentencia del Tribunal del Trabajo de Arica ante el Tribunal Constitucional, y el pasado jueves se realizaron los alegatos, por lo que ahora ambas partes deben esperar el fallo respecto de este tema.
Sobre esta situación, Roberto Monares explicó que las empresas le temen a que “hay una sanción en la ley 19.886 y artículo 294 bis del Código del Trabajo que establece que cuando una empresa es condenada por prácticas antisindicales pasan a un registro que lleva la Dirección del Trabajo y se inhabilita por dos años en el registro de contratación pública”.
En este panorama, para los trabajadores ha causado preocupación que la empresa se exponga a una sanción de este tipo cuando podría perjudicar directamente a los estudiantes.
“No sabemos si la estrategia estuvo diseñada desde un comienzo de la denuncia de práctica antisindical, pero es una estrategia que sigue el camino que otras instituciones de educación superior han hecho con tal de guardar protección frente a una eventual quitada de beneficios de parte del Estado”, explicó Carlos Gallardo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Inacap Arica.
“Nos preocupa que una eventual sentencia a favor nuestro significaría que Inacap pone en situación crítica a miles de estudiantes del CFT y del IP, porque dejaría de recibir dineros por gratuidad durante dos años y eso pone en riesgo la estabilidad de la institución”, agregó.
Respecto de lo enfrentado, Diana Cortés, secretaria del Sindicato de Trabajadores de Inacap Arica, indicó que “nos parece una actitud muy negativa por parte de la empresa ya que nunca quisieron dialogar. Nosotros estuvimos abiertos a hacerlo durante todo el tiempo, incluso durante la huelga y ellos nunca quisieron hablar con nosotros, tomar otra alternativa, otro camino, los invitamos a negociar para que justamente esto no se hiciera efectivo y a sabiendas de las repercusiones que pueden tener como empresa, como institución. Están haciendo una jugada que puede salir en contra de ellos mismos”.
Ante tal panorama, un posible fallo no cuenta con antecedentes favorables para los trabajadores, ya que antes el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones a favor de empresas que recaen en prácticas antisindicales, como fue el caso de Turbus, Latam Airlines Group y Nestlé Chile, argumentando que la sanción es incompatible con la racionalidad y justicia procedimental, y que puede afectar a otros trabajadores.
Por lo que ahora lo que queda es que el sindicato espere que el Tribunal Constitucional emita durante las próximas semanas el fallo sobre este caso.
