La ex diputada y médico siquiatra Fanny Pollarolo; la vicepresidenta de la Fundación MILES y abogada Laura Albornoz; y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, se reunieron con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.
La cita tuvo como objetivo conocer la información que tiene el INDH respecto de las personas detenidas en el marco del estallido social y su situación ante la pandemia de COVID-19, especialmente lo que refiere a sus condiciones, lugares de reclusión y al total de privados de libertad en este contexto, pues no hay una cifra exacta sobre las personas que están cumpliendo prisión preventiva por haber sido parte de las manifestaciones a partir del 18 de octubre.
Junto a ello se planteó la necesidad de intervenir para revisar las medidas cautelares de estas personas, para que en vez de cumplir prisión preventiva puedan tener arresto domiciliario.
Al respecto, y ante las críticas que pueda generar el que se esté analizando estas detenciones y no otras prisiones preventivas, la abogada Laura Albornoz dijo que es importante revisar estos casos por el contexto en que se generaron.
“Lo hemos hecho en particular respecto de estos casos porque han sido demandados por muchos familiares, pero particularmente porque fueron detenciones hechas en un contexto político de revuelta y de estallido social, entonces muchas veces los motivos tienen que ver más con pensamientos políticos distintos que con la comisión de algún tipo de delito. Cada caso hay que estudiarlo, no todos los casos son iguales”.
En tanto, la exdiputada y médico siquiatra Fanny Pollarolo señaló sobre este tema que es importante no olvidar que estas situaciones se están vulnerando derechos humanos.
“La situación que hoy día se vive es una clara violación a los derechos humanos en relación al derecho principal que es el derecho a la salud y a la vida, ese derecho se está conculcando gravemente en las condiciones de privación de libertad porque allí, en la práctica, hay una situación absolutamente contraria a lo que las medidas sanitarias, la protección de la salud exige hoy día. Ahí (en las cárceles) hay condiciones de hacinamiento, de ingreso de personas permanentemente, que significan un alto riesgo”.
Además, Fanny Pollarolo comentó que, si bien la reunión se realizó por los detenidos en el marco del estallido social, el Gobierno debe tomar medidas para la protección de todos los reos, lo que incluye la liberación u otras medidas de prisión para quienes puedan obtenerlo por no representar un peligro para la sociedad.
“El ministro de Justicia y el ministro de Salud deberían generar una línea sanitaria especifica al interior de las cárceles”.
En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, explicó que “fue una reunión muy productiva, el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos planteó también su forma de abordar la situación de los presos y presas en general, y creo que vamos a poder seguir sosteniendo un trabajo coordinado, pujando justamente por hacerse cargo de los derechos de esta población que está sumamente vulnerada, sumamente abandonada ante la negligencia del gobierno de nuestro país, y ante la falta de medidas que ha tomado en esa línea”.
De forma pública, este martes el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, hizo un llamado al ministro de Justicia, de Obras Públicas, al Congreso para tomar medidas al respecto que garanticen la salud de los reos, esto luego de visitar la cárcel de Puente Alto, mientras que al Poder Judicial solicitó revisar las medidas cautelares.
