Fue uno de lo grandes anuncios del Ejecutivo la semana pasada. El presidente Piñera informó del decreto que permitiría a los funcionarios municipales realizar las fiscalizaciones de las medidas sanitarias y colaborar con las policías en este ámbito.

“Hemos conversado con los alcaldes un apoyo para poder darle más músculo, más recursos, a la fundamental labor que cumplen los municipios”, expresó el mandatario en un punto de prensa en La Moneda  el viernes 8 de mayo.

En el documento difundido por el Ejecutivo se podía leer que las atribuciones atraspasadas a los funcionarios municipales abarcaban  la fiscalización de  salvoconductos y permisos de transeúntes, usuarios de locomoción colectiva y choferes, además del comercio; ayudar a inspeccionar que en recintos públicos y privados se cumpla el límite de personas y uso de mascarillas; y colaborar con Carabineros en el control del tránsito y en caso de delitos.

Lo anterior sorprendió a alcaldes y constitucionalistas, pues tales facultades no deben ser delegadas sino por ley, según lo señala la Constitución Política de la República. Pese a ello, el Gobierno envió el acto administrativo a la Contraloría General de la República para su respectiva toma de razón y varios senadores de oposición, entre los que se incluye a José Miguel Insulza, impugnaron el decreto alegando justamente la ilegalidad y contravención a la Carta Fundamental.

Sin embargo, en horas de la noche de este lunes, el Ministerio del Interior envió un oficio al ente fiscalizador en orden a retirar el cuestionado decreto, argumentando que requería ciertas precisiones en materia del alcance de las facultades que se trasladarían hacia las Municipalidades y que, en ningún caso, este retiro consistía en echar pie atrás con la decisión anunciada por el Presidente de la República.

Además, desde el Gobierno informaron que en Contraloría se mantiene otro decreto, emanado del Ministerio de Salud, que señala otras atribuciones  delegadas desde las seremías a los inspectores municipales.