La organización de profesionales denominada Colectivo Crítico Pandemia y Salud, integrado por Alvaro Lefio Celedón,  Alejandra Fuentes García, Andrea Álvarez Carimoney, Beatriz Marincovich, Camilo Bass del Campo,  Fanny Berlagoscky Mora,  Jorge Gaete, Lorena Rodríguez Osiac,  María Sol Anigstein, Pamela Eguiguren Bravo, Sebastián Medina Gay y Soledad Burgos (Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, Universidad de Chile); Marcela Ferrer Lues (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile); José Manuel Manríquez Urbina (Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile); Karen Pesse-Sorensen (Doctorado Salud Pública, Universidad de Chile); Marisol Ruiz Contreras (Instituto de Salud Pública, Universidad Austral de Chile); y Claudio Merino Jara (Departamento de Salud, Universidad de Los Lagos) emitió una carta pública en la que solicitan “incorporar una perspectiva integral en las decisiones que se tomen para resguardar la salud del colectivo, en contraposición a la política reduccionista, hospitalocéntrica, descontextualizada y errática del actual gobierno. Es fundamental comprender que las acciones para asegurar la calidad de vida de las personas también son medidas de salud pública”.

Según lo señalado por el grupo de profesionales, Chile se encuentra hoy entre los países con mayor tasa de incidencia por habitantes de casos y muertes por COVID-19 en el mundo. Esta situación se explica, en buena parte, por la pobreza, el hacinamiento, la precariedad laboral y la marginalidad.

Las propuestas que eleva el Colectivo se enfocan en dos grupos. El primero es la ciudadanía a quienes se les pide mantener la organización social y fortalecer las organizaciones históricas y las constituidas a partir de octubre del 2019. “Debemos protegernos del virus, pero también del hambre, de la pobreza y del autoritarismo que echa mano del miedo”, dicen los firmantes. A ello, agregan la necesidad de potenciar el diálogo social para la puesta en común de prioridades y la actuación colectiva, articulando todas las fuerzas sociales, incluidas las redes públicas de salud, generar mayor conciencia y denuncia frente a la avanzada autoritaria de este gobierno y tener presente que esta pandemia ha develado grandes deficiencias y limitaciones del país que hemos construido. “Urge sustituir la actual Constitución e iniciar un proceso ininterrumpido de transformaciones estructurales de nuestra sociedad”, expresan en el texto.

Por otra parte, los profesionales interpelan a las autoridades y políticos a:

1.Descentralizar, territorializar y democratizar la estrategia de contención de la epidemia, a fin resguardar que los conocimientos y saberes colectivos sean elementos del despliegue de acciones locales.

2.Asegurar la alimentación y condiciones de vida digna de la población, que permitan la implementación efectiva de las medidas de prevención del contagio al otorgarles legitimidad ética y social, dejando de culpar a quienes el Estado ha abandonado.

3.Utilizar las estadísticas sanitarias como herramienta de comprensión democrática de la actual problemática de salud, y propiciar el monitoreo y evaluación comunitaria de las medidas implementadas.

4.Proteger efectivamente a las mujeres, disidencias sexuales, población infantil, jóvenes y personas en situación de discapacidad, previniendo todas las formas de violencia.

5.Establecer formas de retribución y compensación de la sobrecarga de trabajo que ha sido asumido mayoritariamente por las mujeres.

6.Generar un catastro comunal de personas en situación de vulneración, a fin de promover estrategias de soporte y ayuda para garantizar su salud y dignificar su experiencia de vida.

7.Fortalecer la red pública de atención de salud y mejorar la protección de  trabajadores/as sanitarios/as.

8.Evidenciar y desarrollar políticas para frenar los efectos del cambio climático y del extractivismo en la salud humana y de los ecosistemas. Llamamos a detener modificaciones legislativas que fragilizan la protección medioambiental.

El Colectivo concluye que todas estas solicitudes, de ser acogidas,   contribuirán a construir un Chile más sano y justo, una democracia más profunda, una mayor redistribución de la riqueza y el poder.

“Se requiere un nuevo orden social que supere el Estado Subsidiario y lo reemplace por un Estado garante de derechos“, aseveran en el texto.