Los últimos días la situación entre el Estado y el pueblo mapuche ha crecido en tensión. Este martes, se cumplen 100 días de la huelga de hambre iniciada por el machi Celestino Córdova y otros 27 comuneros que piden cumplir parte de sus condenas en su rehue.

Mientras el director para las Américas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, reconoce como justas estas demandas, amparándose en la Convención 169 ratificada por nuestro país y por la comprensión plena de la cosmovisión mapuche, en Chile, las autoridades parecen decididas a lo contrario y, pese a que el estado de salud de los detenidos se agrava, no hay una señal que demuestre una intención de conversar, siquiera, sobre estas demandas.

En este contexto, Salvador Millaleo, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, profesor de la Universidad de Chile y miembro de la cátedra Indígena de nuestra casa de estudios, conversó con nuestro medio. Desde Temuco, en una observación desde el INDH, el abogado permanecerá en la zona hasta la noche de este martes, desde donde evidencia que la “situación es compleja, porque aún no se vislumbra en una solución a los presos. Se avanzó con el tema del machi Celestino, pero no con el resto y hay dos que están muy complicados, de los de Angol”.

Aclaró que desde el INDH y la CIDH están interviniendo para poder tejer los puentes y se llegue a una solución. Al respecto, y sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, Millaleo planteó que nuestro país tiene muchos convenios ratificados, pero que no cumple, algo que en el tema indígena es “bastante evidente”.

“Hay una serie de normas que requieren que el Estado haga modificaciones internas para su aplicación. Algunos de ellos requieren de una legislación interna, por ejemplo, en este caso, se requiere que se incorpore en sus normas de ejecución penal para cumplirlo, la interculturalidad, pero Chile no tiene nada al respecto”, en ese contexto, y “con tribunales muy apegados a las leyes, no se hace nada para poder resguardar los derechos humanos de los indígenas”.

Para el académico, “el tema indígena para el Estado de Chile es invisible, porque  es un Estado que está comprometido con una visión y, los pueblos indígenas, se entienden, para algunas élites, como un obstáculo para aquellos que ven en la explotación de territorios como el desarrollo económico” del país.

Entonces, desde esa perspectiva, los indígenas serían “considerados ciudadanos de segunda clase. Algo dramático, pero que se ejemplifica con la ausencia de recursos para la salud intercultural, o la inexistencia de lenguas indígenas oficiales”.

Para el profesor, lo que ocurre a nivel mediático, es una “guerra de lenguaje inconducente”, por ejemplo, al hablar de presos políticos. En ese sentido, explica, que la discusión se centra en legitimar o deslegitimar lo que hay detrás de los casos. “Yo prefiero no usar el concepto, porque hay presos que cometieron delitos, pero esos delitos son políticos, pues tienen una causa política. Es un debate sin salida, de posiciones en conflicto y extremas, en un problema que es político, pero donde los conceptos no ayudan”.

Sobre la entrevista concedida por el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, el profesor de la Universidad de Chile corrigió la aseveración en la que se plantea que la petición de salida al conflicto es un Estado autónomo.  “El Estado autónomo es un error del ex ministro. Un error conceptual intencional de parte de las elites que no han analizado la reivindicación de un régimen autonómico dentro del Estado, que se crea por una nueva Constitución, que lo debe validar. Efectivamente, hay grupos extremos que creen que se puede hacer al margen del Estado, algo que no es una solución. Pero la reivindicación es un régimen autonómico, lo que significa la autonomía, sobre sus territorios, por ejemplo, graduales, dentro de un contexto de derecho”.

De esta forma y comprendiendo que el real problema del conflicto está en la distribución de poder, Salvador Millaleo habló del proceso constituyente que se llevará adelante el próximo 25 de octubre. Al respecto, indicó que esta es la “única posibilidad de una salida real. Acá está en juego la distribución del poder en Chile. La única solución posible es modificar las condiciones jurídicas, y la la única vía para ello es el proceso constituyente. ¿Qué hacemos mientras se aseguran, por ejemplo, los escaños reservados?, se deben hacer diálogos preparatorios tendientes a garantizar marcos de derechos humanos, de debidos procesos, acordar que los pueblos indígenas elaboren estas políticas de seguridad, también”, describió dando cuenta de experiencias internacionales donde se han llevado adelante este tipo de soluciones.