Claudio Crespo, oficial de Fuerzas Especiales conocido como G-3, según la denominación en su casco, fue detenido en las primeras horas del viernes y formalizado ante el Séptimo Juzgado de Garantía en una larga jornada que solo culminó pasadas las once de la noche.

La magistrada Marcia Figueroa, luego de escuchar al Ministerio Público, al INDH, el Consejo de Defensa, abogados querellantes y la defensa del imputado, y de observar material audiovisual consideró que “no cabe duda que es él el que dispara el arma antidisturbios” refiriéndose al ahora dado de baja teniente coronel Crespo.

De acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía y los querellantes, la jueza Figueroa dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva pues consideró que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y también por un riesgo de fuga.

“Hay una actitud y un proceder doloso, se trata de un funcionario que instruía a otros funcionarios de la manera de proceder respecto de la utilización de estas medidas disuasivas. Al ocasionar estas lesiones graves gravísimas, evidentemente el imputado sí incurre en un elemento de dolo”, expresó la jueza en la audiencia, para luego señalar que el tribunal entiende que existió “un ánimo de causar una lesión grave, de infligir dolor a una persona”.

En relación a los argumentos de la defensa realizada por el abogado Jorge Martínez por los que se señaló que quien fuera hasta marzo instructor de la unidad de Fuerzas Especiales de Carabineros utilizó su arma para defenderse de los manifestantes, la titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago los desestimó dado que en el registro audiovisual presentado en la audiencia de formalización no es posible observar el riesgo que Gustavo Gatica u otros manifestantes representaban para Crespo.

“Había una distancia considerable entre los funcionarios y los manifestantes, quienes además están atrás de una barricada artesanal puesta por ellos mismos. Por tanto, entiende el tribunal que en esas condiciones concretas no existía ninguna posibilidad de que en particular el afectado pudiera agredir a personal de Carabineros. No obstante, no se puede negar que efectivamente en momentos anteriores el afectado portaba elementos contundentes, pero eso en ningún caso justifica la conducta aplicada por el funcionario que en estos momentos es imputado por los cargos”.

En cuanto al plazo de la investigación tanto el Ministerio Público como el INDH y los querellantes solicitaron al tribunal 120 días dada la cantidad de diligencias pendientes y, en particular, los peritajes psicológicos que deben realizarse y que dado el estado sanitario del país han sido imposibles de efectuar. Por su parte la defensa del imputado 90 días en razón de la medida cautelar decretada a su representado. La magistrada otorgó un lapso para investigar de 90 días.

Claudio Crespo cumplirá la medida cautelar en el recinto policial de la Subcomisaría Pudahuel Norte de Carabineros y terminada la audiencia fue puesto a disposición de Gendarmería para su traslado.

Al finalizar la audiencia el abogado querellante, Carlos Gajardo, anunció que en el transcurso del plazo de investigación, buscarán ampliar la querella y escalar para obtener otras responsabilidades.