Jueves 27 a las 00:00 horas es el plazo entregado por la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) al Gobierno para el inicio de un paro nacional, esto -según acusan- debido a la falta de leyes de protección en contra de la violencia principalmente en La Araucanía.
En detalle, son 13 los trámites legislativos que dicha confederación asegura “están dormidos”, y que deberían aprobarse, o al menos contar con urgencia, antes de la fecha señalada, todos ellos proyectos de ley en materia de seguridad.
Este domingo, otros gremios del mismo rubro también mostrado su apoyo a la medida, por lo que, para el Gobierno, significa hoy una de sus principales preocupaciones, sobre todo por la necesidad de abastecer al país en medio de la contingencia sanitaria.
Por tal motivo, este lunes, el ministro de Agricultura, Lucas Palacios, se mostró contrario a la idea del paro, asegurando que, si bien “ellos tienen un punto muy significativo, que exista seguridad para los camiones en La Araucanía, no creo que el camino sea un paro ni golpear la mesa“.
No obstante, uno de los ministerios más criticados por los gremios de camioneros ha sido Interior, sobre todo desde la llegada de Víctor Pérez. Ante esto, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, precisó que se mantiene una preocupación especial por dicha situación, aunque el llamado es “a avanzar en las investigaciones” y no “en amenazas ni extorsiones”.
Con el tiempo en contra, otro de los secretarios de Gobierno que se pronunció fue el ministro vocero, Jaime Bellolio, quien cuestionó el rol de la oposición en la aprobación de los proyectos que exige el gremio de transportistas.
“Nosotros entendemos que esa movilización no es en contra del Gobierno, sino en contra de la violencia (…) Los camioneros han dicho que hay una serie de leyes enviadas y en las que lamentablemente un grupo de la oposición no han querido avanzar y las han tenido detenidas“, criticó.
Hay que recordar, finalmente, que durante la semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera ya envió una ley al Parlamento, que endurece las penas en la quema de camiones y considera la cadena perpetua en el caso que hayan víctimas mortales.