Este lunes, en la primera edición de Radioanálisis, el diputado RN por el distrito 11, Gonzalo Fuenzalida, analizó la paralización de carabineros, la actuación del Gobierno ante la movilización y la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, a quien se responsabiliza por la no aplicación de las leyes durante la huelga de los transportistas de carga.
Sobre este último tema, el abogado manifestó que se trata de una herramienta legítima para determinar las responsabilidades del Ejecutivo y el Judicial ante el Congreso, según lo que establece la propia Constitución.
“Se ha acusado a ministros e incluso al Presidente de la República, es parte de nuestra democracia y hay que entenderlo no como algo personal sino como una herramienta que logra equilibrar los poderes en una sociedad donde nadie tiene el poder absoluto y por eso entre los poderes se controla. Ahora, si se justifica o no lo del Ministro Pérez eso ya es un segundo análisis. Si es legítimo, claro que sí, pero desde la perspectiva de si se justifica o no, creo que no tanto, porque el ministro del Interior tiene que desarticular un conflicto de trabajadores del transporte que tiene legítimas demandas, hacen un paro e inmovilizan todo lo que es la distribución de alimentos, combustibles y eso pone en jaque la seguridad y abastecimiento del país”.
“Si el ministro del Interior no aplicó todas las herramientas jurídicas son cosas que siempre se pueden cuestionar porque finalmente el Ejecutivo necesita destrabar una huelga, volver a la normalidad, pero también hacerse cargo de las legítimas demandas de los trabajadores. Esto no ocurrió en este periodo, en el gobierno pasado también hubo una manifestación por parte de los trabajadores del transporte que llegaron a Santiago y no se les permitió entrar cuando estaba el ministro Burgos y nadie acusó constitucionalmente a ese ministro”, continuó.
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En cuanto a si la forma de las negociaciones se llevo a cabo de la manera correcta, el congresista manifestó que esa es precisamente la evaluación que están haciendo los diputados que quieren promover esta acusación constitucional.
Consultado sobre esta suerte de doble estándar respecto de negociaciones con trabajadores luego de la manifestación llevada a cabo por los TENS el fin de semana recién pasado y que sí fue objeto de las actuaciones de Carabineros para que dejaran de manifestarse y abandonaran la Alameda, el diputado RN señaló que las negociaciones con los trabajadores se pueden enfrentar aplicando la coerción de parte del Estado o la negociación para evitar la violencia y llegar a buen término.
“Hay dudas de por qué a unos sí y a otro no. Fui crítico la semana pasada porque no me parecía que el derecho a estar en un paro pueda afectar los derechos de otras personas que tienen que movilizarse, trabajar, etcétera. Ahí es donde un ministro del Interior y un Gobierno deben moverse políticamente bien. Creo que finalmente estamos cayendo en un Estado que no tiene como principio el que la ley no se cumple cuando uno quiere, sino que debe cumplirse porque eso es lo que le da solidez a un país: que la ley es igual para todos. Creo que ha habido errores de conducción tanto en el caso de Celestino Córdova como en el de los camioneros. Ahora, ¿ese cuestionamiento da para una acusación contra un ministro que lleva poco y que trató de de negociar no usando las herramientas más duras de la ley antes de llegar a una solución? Es cuestionable, y quienes quieran usar la herramienta constitucional, tienen el legítimo derecho de hacerlo, personalmente creo que el paro se extendió por demasiados días y faltó dar señales claras respecto de que el Estado de Derecho y la ley se cumplen no cuando las personas quieren, sino que hay un Estado que debe hacer respetar la ley”, agregó.
En cuanto al toque de queda como medida sanitaria y cómo ésta no fue respetada por los camioneros movilizados y la no intervención de carabineros que sí se encontraban presentes en los lugares, el legislador señaló que es fundamental que la igualdad ante la ley sea cautelada siempre.
“Reitero que la ley no es para cumplirla cuando uno quiere, porque se puede decir que con los camioneros hubo un trato distinto y una desigualdad en la aplicación de la ley, entonces eso deslegitima las reglas del juego. En eso se cometieron muchos errores y en gobiernos anteriores también se ha hecho, pero en el fondo hay una especie de no querer actuar con firmeza, porque eso tiene costos: violencia, excesos, denuncias y nadie quiere problemas. Las conducciones deben ser políticas, estratégicas e inteligentes, ahora vienen las Fiestas Patrias con feriados y las personas quieren pasar tiempo con sus familias que es algo tradicional en nuestro país en que las familias viven dispersas en distintas regiones y eso hoy es difícil con la extensión del estado de excepción y el toque de queda. Por otro lado, en la gente queda la sensación que esto no es tan rígido porque hemos visto situaciones de flexibilidad. A eso se suma el que se prevé que tarde o temprano habrá un rebrote, pero, por otro lado, los periodos prolongados de encierro provocan un efecto negativo. No es fácil esta discusión es es aún más difícil de conducir”, reflexionó el legislador.
“El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza porque alguien tiene que establecer un orden cuando hay personas que ejercen su derecho pero, en ese ejercicio, violan los derechos de otros. Sin embargo, si el Estado toma distancia de ese deber estamos ante una crisis institucional. Cuando Gonzalo Blumel deja su cargo con 20 querellas en su contra, me pregunto quién querría ser Ministro del Interior. Cuando un carabinero prefiere tener sanciones por abandono del servicio que actuar y, finalmente, recibir una querella en Tribunales y tener que exponerse a la justicia sin ningún tipo de defensa, porque ni el Ministerio del Interior ni la institución le paga un abogado. Si interviene y aplica la fuerza para disuadir algo, independiente de que se puede hablar de la eficiencia y eficacia de esta institución, pero esa es otra discusión, le será más costoso que no actuar, entonces tenemos un problema grave. Cuando autoridades políticas se cuestionan el tomar decisiones para evitar querellas, porque pueden dejar el cargo pero la acción judicial sigue con ellos; o cuando la policía, que es quien ejecuta la instrucción de restablecer el orden, prefiere no hacerlo para evitar las consecuencias, estamos en un problema grave”analizó el ex jefe de la División Programas y Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Respecto de por dónde pasa la solución a esta crisis de las diversas instituciones, el parlamentario oficialista señaló que el tema es de largo aliento, pero necesariamente implica una reformulación de las policías.
“Trabajé bastante con el ministro Blumel para llegar a un consenso y armar una comisión bicameral y la teníamos lista para empezar la semana que vino el cambio de Gabinete, integrada por diputados y senadores de todos los partidos políticos y en la que veríamos 3 temas fundamentales: policías en primer lugar, luego, la creación de un Ministerio de Seguridad y Orden Público separado del Ministerio del Interior; y tercero, la seguridad privada que tiene que cumplir un rol en un país que ya la tiene pero sin legislación. Eso quedó pendiente y le hemos dicho al Ejecutivo que no lo perdamos porque necesitamos un acuerdo político, porque finalmente hay que profesionalizar la policía”.
“Es importante ponernos políticamente de acuerdo en que la democracia siempre tendrá enemigos, personas que no creen en ella, que hay terrorismo, anarquismo y distintas situaciones que atentarán contra la democracia y la respuesta del Estado ante eso debe ser profesional, tratar de que el establecimiento del orden no pase por el abuso de las potestades, que no haya cuestionamientos constantes. No digo que esté exenta de críticas, porque la democracia es diversa y existe el derecho a opinar, a hablar e incluso a ejercer las acciones legales contra las autoridades. Este acuerdo político debe tratar sobre las policías que queremos tener en los próximos 30 años y los límites que deben tener esos órganos respecto del orden público y la delincuencia que son cosas distintas, el profesionalismo, protocolos y estándares de funcionamiento para que su labor sea eficiente y efectiva, porque alguien tiene que poner orden. Es difícil convivir en una sociedad con pura violencia”, concluyó el congresista
