Este 18 de septiembre se cumplen once meses desde que se iniciaran las movilizaciones ciudadanas exigiendo mayor igualdad en nuestra sociedad. Las protestas en las calles de Santiago y otras ciudades del país fueron disuadidas con fuerza inusitada por parte de Carabineros con sus carros lanza aguas, lanzagases y armamento antidisturbios. La represión denunciada por las víctimas motivó la elaboración de cuatro informes de organizaciones de Derechos Humanos internacionales. Todas ellas concluyeron lo mismo: los agentes del Estado hicieron uso desmedido de la fuerza.
Según datos del INDH, en estos once meses se han presentado 2.499 querellas y hay 68 personas imputadas. El mismo organismo cifra en 460 las víctimas de trauma ocular, 35 personas con la pérdida de uno de sus ojos y dos que perdieron totalmente la visión.
Un número importante de estas personas se agrupó en la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que este miércoles 15 realizó una manifestación en frente de La Moneda en orden a visibilizar la situación de abandono en que se encuentran por parte del Estado.
Según explica la organización en una declaración pública, la movilización se da a “casi 11 meses de estos hechos, la justicia nos continúa fallando, los procesos se han visto enlentecidos y no hay responsables para todas las violaciones a los DDHH cometidas en este periodo. Esto nos demuestra la impunidad con la que actúan las instituciones que resguardan el orden en nuestro país, ya que, por si fuera poco, todo el daño que nos han causado y el hecho de que aún no hay responsables, aún siguen cometiendo violaciones a los DDHH como los ocurridos el 11 de septiembre”.
Fue el viernes 11 de septiembre recién pasado que la Coordinadora tomó conocimiento de nuevos casos de lesiones que se dieron en el marco de una manifestación popular. Se trata de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, que presentaron fractura mandibular y traumas oculares, además de decenas de nuevos detenidos.
La Coordinadora, durante la movilización realizada este miércoles, exigió al Estado chileno el cumplimiento de los tratados internacionales de protección a los Derechos Humanos. Ello implica, según se lee en el texto de la agrupación de víctimas:
- Dar celeridad a los procesos judiciales para entregar a los responsables de nuestras agresiones.
- Que la justicia actúe con todo el peso de la ley contra quienes nos han herido y asesinado.
- Entregar reparación real a las víctimas de la violencia estatal.
- Garantizar la no repetición de estos hechos, para lo cual exigimos la destitución inmediata del General Director de Carabineros Mario Rozas y la prohibición del uso de perdigones, lacrimógenas y otros elementos de riesgo como armas para generar daño a los manifestantes.
La vocera de la Coordinadora, Marta Valdés, explicó a Diario y Radio Universidad de Chile que esta es la primera de muchas movilizaciones que llevarán a efecto para que el Gobierno cumpla con sus compromisos y que el Estado en general entregue garantías de justicia y reparación.
“Es una movilización solidaria para todos quienes han sido violentados por el Estado desde el 18 de octubre en adelante. Venimos a exigir verdad y justicia, pero también expresamos solidaridad a Fabiola Campillai por su delicado estado de salud, frente a La Moneda para decirle a este Gobierno que basta de violencia, basta de represión, basta de violaciones a los Derechos Humanos”, señaló la dirigente social.
Respecto de lo señalado por el ministro Víctor Pérez sobre la posible implementación de “todo un programa de reparaciones que será anunciado por el presidente en los próximos días” y de la apertura del Gobierno para dialogar con las víctimas, la vocera de la Coordinadora se manifestó escéptica y criticó el que este tipo de decisiones, de ser efectivas, se informen por los medios de comunicación sin que se haya realizado un catastro o se haya contactado a las mismas víctimas.
“Nos parece que ese anuncio fue nada más un lavado de imagen, creemos que eso es lo que quieren hacer para salvar a los generales que la Contraloría está investigando. Esperamos que efectivamente se haga justicia y se castigue a los responsables y culpables, porque tenemos claro que aquí hay responsabilidades políticas y que no solo hay que castigar al que obedeció la orden y disparó, sino también a quien las emite y a los responsables políticos que llegan hasta el presidente Piñera”.
Marta Valdés aseguró que el Estado abandonó a las víctimas y que son ellos como Coordinadora los que han prestado auxilio económico a quienes deben viajar desde regiones a realizarse los tratamientos tanto para costear pasajes y alojamiento como para los medicamentos requeridos, por lo mismo, aseguran no querer tener más víctimas que sean dejadas de lado y sin esperanza de justicia.
“Nos manifestamos para exigir al Gobierno de Chile que se acabe la violencia policial contra los chilenos y poner fin a la impunidad”, señaló enfáticamente la vocera de la agrupación.
El estrés agrava el estado de Fabiola Campillai
Tal como lo señalaba Marta Valdés, la movilización de este miércoles también tenía como objetivo el expresar solidaridad y apoyo hacia Fabiola Campillai, quien debió ser intervenida quirúrgicamente en el IST durante esta jornada. La investigación de los hechos que causaron las lesiones a la mujer de San Bernardo ha avanzado lentamente y recién el pasado 29 de agosto se llevó a cabo la audiencia de formalización en contra del ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, como presunto autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
En la oportunidad el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva contra el ex uniformado y 90 días para la investigación. Sin embargo, posteriormente la medida cautelar fue modificada por el Tribunal de Alzada.
“Su defensa apeló y la segunda sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel cambió la medida cautelar por arresto domiciliario y arraigo nacional. La defensa presentó otra solicitud pidiendo cambiar el lugar de destino del arresto domiciliario y solicitando que sea en la ciudad de Curicó, en el domicilio de sus padres a lo que el Tribunal accedió. El cumplimiento será vigilado por la Policía de Investigaciones que deberá reportar al Juzgado de Garantía”, explicó Alejandra Arriaza, abogada representante de Fabiola Campillai.
Hace algunos días, Fabiola Campillai presentó intensos dolores de cabeza por lo que fue internada en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) debido a complicaciones en su recuperación y fue sometida a una nueva cirugía este miércoles.
“El estrés de los últimos sucesos en su causa hizo que su estado de salud y el proceso de recuperación que estaba llevando a cabo se viese alterado y comenzó a romperse una fístula en su cráneo y a drenar líquido encefalorraquídeo, lo que la mantiene en una situación grave y, a raíz de eso, además le dio una meningitis”, explicó la abogada representante de Fabiola Campillai.
Al cierre de esta nota, el círculo cercano a Fabiola informó a Diario y Radio Universidad de Chile que la operación a la que fue sometida fue exitosa y que la mujer ya se encuentra en recuperación siendo observada cercanamente por el equipo médico tratante.
