Con una manifestación pacífica y artística en las afueras del Centro de Justicia de Santiago, este jueves, la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP), dio cuenta de una serie de reclamos concernientes a los casos de personas que fueron detenidas en el marco del estallido social de 2019.

Desde penas exorbitantes, y que buscarían marcar un precedente ante la ciudadanía, hasta la imposibilidad de visitar a las y los detenidos, OFAPP presentó un petitorio avalado también por otras organizaciones como la Coordinadora 18 de octubre, y en el que remarcan que el Poder Judicial debe trabajar de forma independiente a la presión que el Ejecutivo pueda entregar por este tipo de casos.

Este descontento con el sistema de justicia fue expresado también por el sacerdote asesor de la población La Victoria, Cristián Reyes, quien en el discurso inicial del acto enfatizó la diferencia que existe respecto del tratamiento de situaciones que involucran a personas con mayores posibilidades socioeconómicas.

“Estamos acá porque nos hemos dado cuenta de que nuestra justicia es como una telaraña, solamente atrapa a los animales pequeños y los animales grandes pasan de largo. Nuestra justicia actúa de la misma manera, porque se encarcela solo la pobreza, los más pequeños quedan atrapados y los más grandes pasan de largo. Si estos jóvenes fueran hijos de una animadora de televisión, no estaríamos en este lugar”, precisó.

Asimismo, posterior a la manifestación, Liliana Flores, integrante y miembro fundador de OFAPP, conversó con nuestro medio y destacó que se trató de “una forma de presionar a los tribunales y a todo lo que tenga que ver con las altas decisiones, con respecto a las penas y procesos de nuestros familiares”.

“Sabemos del ensañamiento por parte del Estado con las condenas altísimas, como forma de ejemplo y castigo para los jóvenes, y esta es una forma de visibilizar esa aberración, pero también nos reunimos porque cuando todo está volviendo a la normalidad, los prisioneros políticos siguen abandonados”, agregó.

Además de la precariedad de los sistemas penitenciaros en el país y con la que las y los detenidos han tenido que lidiar en medio de la pandemia, según OFAPP, una de las últimas medidas de restricción sigue impidiendo el retorno de las visitas a dichos centros, por lo que se espera una pronta respuesta del Ministerio de Justicia sobre esta situación.

Asimismo, Liliana Flores también se refirió a la sensación que ha dejado tanto en los presos como en sus cercanos, el triunfo del apruebo el pasado 25 de octubre, así como la realización de un proceso constitucional que proviene del acuerdo firmado el 15 de noviembre del año pasado.

“Nuestros presos políticos de la revuelta se sienten pasados a llevar, discriminados, humillados, porque mientras había una mesa de acuerdo por la paz, jamás se incluyó a los presos políticos de la revuelta. Y es muy triste cuando surge esta alegría por el plebiscito, porque ganó el apruebo. Bienvenido sea, no estamos en contra, pero jamás se nos ha considerado ni a las familias ni a los presos”, criticó.

Hay que recordar que, si bien existe un proyecto de parlamentarios de oposición que busca indultar a quienes se encuentren en prisión preventiva por desórdenes cometidos durante el estallido social, las organizaciones sociales han marcado distancia de este tipo de iniciativas, la misma que incluso ya fue desestimada por el Gobierno.

No obstante, desde OFAPP se exige que el Gobierno, y en particular al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se retire como querellante de todos los procesos judiciales contra los prisioneros políticos de la Revuelta, además de desistir de todas las querellas interpuestas por Ley de Seguridad del Estado.