El gerente general de Espacio Riesco, Sergio Gutiérrez, denunció que el Estado de Chile le adeuda más de 2900 millones de pesos por el arriendo del recinto en el que se instaló el Hospital de Emergencia Huechuraba. En una entrevista con T13, el ejecutivo apuntó directamente al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, por la falta de un pago que debió verificarse hace cuatro meses y además aseguró que desde la cartera de Salud hace más de un mes que no responden sus comunicaciones.
Consultado al respecto, desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte, su director, Guillermo Hartwig, reconoció la existencia de una deuda aunque un tanto menor que la alegada por el centro de eventos.
“Nosotros tenemos una deuda con Espacio Riesco de $2.092 millones (…) Para poder pagarles, nosotros tenemos que enviar la documentación, en este caso el contrato a toma de razón a la Contraloría y, una vez tomado de razón el contrato, se procede al pago”, dijo el funcionario quien agregó que el pago se encuentra en suspenso debido a que la propia empresa no ha firmado el contrato de arriendo.
Lo de Espacio Riesco es un asunto de larga data ya que, desde que se anunciara el uso de tal recinto para entregar prestaciones de salud durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, se levantó una fuerte polémica por la falta de transparencia en el proceso de contratación e incluso debido a que la Contraloría General de la República declarara ilegal una segunda contratación debido a un doble pago tanto en el contrato de arriendo como en el de prestación de servicios.
Desde la Cámara de Diputados, la parlamentaria integrante de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país, Marcela Hernando, analizó para nuestro medio este nuevo episodio de cuestionamiento a las medidas implementadas por el Gobierno y criticó en general el manejo de las autoridades respecto de la pandemia.
“Cuando dijimos que el ex ministro Mañalich mentía, estábamos convencidos que mentía. El Gobierno ha mentido en esto y en muchas otras cosas, por eso de verdad siento que la comisión investigadora y también la acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich tenían pleno fundamento”.
En cuanto la posibilidad que se presenten nuevas querellas por el mal uso de los fondos públicos, la diputada señaló que hay que analizar los contratos firmados por el Gobierno, sea el ministro o subsecretario con los dueños de Espacio Riesco.
“Lo que escandaliza ahora son los montos porque ya era cuestionable el arriendo de ese espacio que prácticamente no se utilizó, porque su ocupación fue muy poca. En algún momento el ministro Mañalich dijo que se iba a pagar menos de 20 millones de pesos mensuales y que se había fijado ese monto por resolución y no me explico por ninguna parte por donde salen estos miles de millones de pesos”.
Referido a la situación del renunciado subsecretario Arturo Zúñiga que nuevamente se ve cuestionado y que dejó el Ministerio de Salud en medio de la polémica por la entrega de los correos electrónicos al Ministerio Público, según lo ordenado por la Corte Suprema, la diputada integrante de la comisión investigadora COVID-19 señaló que este asunto puede traer consecuencias para su incipiente carrera política.
“Arturo Zúñiga tendrá que responder a la fiscalía, porque después del ministro es el subsecretario el que viene en orden jerárquico y además porque es quien puede manejar los recursos económicos. Me parece que es complicada la situación del ex subsecretario y si alguna vez tuvo la intención de ser candidato por la región de O’Higgins, ahora eso se viene abajo porque, como se dice en política, esto le va a rayar la pintura”.
En materia de las decisiones tomadas en el último tiempo por el Gobierno y, particularmente por el anuncio del lunes del retroceso de toda la región Metropolitana a la fase 2 del plan Paso a Paso, la congresista manifestó que según su parecer, el Gobierno se ha centrado en focos completamente distintos a la salud durante esta crisis sanitaria.
“Una de las cosas que llaman la atención en general es que las decisiones del Gobierno las toma alguien diferente de la autoridad sanitaria. El rol que ha tenido, por ejemplo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha sido muy relevante y de una manera bastante insólita pues se ha encargado de decisiones como informar qué comunas salen o entran a cuarentena o los toques de queda, y eso compete a la autoridad sanitaria y no a la de seguridad pública, entonces, queda claro cuál es el enfoque del Gobierno pues llevamos largos meses con un toque de queda que, en realidad, tiene como única justificación la seguridad pública”.
“De la misma manera el ministro de Economía ha tomado muchas decisiones y ha influido en qué comunas entran o salen de cuarentena y las actividades que se retoman en las distintas etapas del plan Paso a Paso. En una pandemia, el director de la orquesta debería ser la autoridad sanitaria, sin embargo, parece haber otras autoridades detrás de las decisiones”, agregó la parlamentaria del Partido Radical.
La diputada por Antofagasta también criticó lo sucedido con el Presidente durante el fin de semana cuando fue sorprendido paseando por la playa de Cachagua sin usar una mascarilla y, además, tomándose fotos con otras personas presentes en el lugar.
“Hay un grupo de personas, entre las que está el Presidente, que se consideran por sobre la ley y eso es grave. Lo que hizo el Mandatario, aparte de contradictorio con lo que predica, es tremendamente desafiante y molesto y siento que la ciudadanía se enoja con justificación. ¿Cuál es la diferencia entre Cachagua y Cartagena? ¿Por qué en otras playas de Chile hay patrullas de la Armada y la autoridad sanitaria controla que la gente use su mascarilla y el Presidente siente que está exento de aquello?”, cuestionó.
En ese sentido y consultada al respecto, Marcela Hernando señaló que el anuncio de que la Región Metropolitana vuelve a fase de Transición a partir del jueves pudo ser una forma de cambiar el foco de atención pública por parte del Gobierno.
“Hay muchas debilidades, porque como medida sanitaria debió tomarse antes. Ya no alcanzas a prevenir nada antes de Navidad, es extemporáneo y no se justifica en las cifras y podría ser que sea una forma de tapar lo sucedido con el Presidente el fin de semana, sin embargo, esto dejó más al desnudo la inconsecuencia del Gobierno”.
En horas de la mañana de este martes, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseguró a CNN Chile que tanto el Servicio de Salud Metropolitano Norte como la Subsecretaría de Redes Asistenciales han mantenido conversaciones con los concesionarios de Espacio Riesco en orden a llegar a un acuerdo y pagar la deuda correspondiente.