Luego de un año estancado en el Senado, a las 14.30 horas de este miércoles estaba citada la Comisión de Seguridad para revisar y votar el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal con el objetivo de “fortalecer la protección de las policías y Gendarmería”, presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, a petición del senador PPD Felipe Harboe, el senador Evópoli Felipe Kast, presidente de la instancia, decidió suspender la sesión y postergar para la próxima semana.

En conversación con nuestro medio, Harboe explicó que, para él, actualmente no están dadas las condiciones para la revisión de un proyecto de estas características y que antes deberán escuchar a organizaciones de derechos humanos que han cuestionado la iniciativa.

“Se ha visto que, más allá de responsabilidades penales, las responsabilidades políticas y la situación de inestabilidad que ha generado en la institución de Carabineros y en el Gobierno han sido muy complejas. Entonces, yo creo que no están dadas las condiciones para hoy día empezar a votar un proyecto, y sí tenemos que citar a las instituciones internacionales de derechos humanos que han hecho observaciones al respecto y no han sido escuchadas por la comisión”, sostuvo el parlamentario e integrante de la Comisión de Seguridad.

En el mensaje presidencial se fundamenta que el trabajo de las policías “merece el mayor respeto por parte de todos los chilenos y chilenas”. “Como Gobierno, somos los primeros en agradecer a nuestros carabineros, detectives y gendarmes (…) Sin embargo, en el curso de los últimos años, el respeto a nuestras fuerzas policiales y a Gendarmería de Chile ha decaído profundamente”, se lee en el documento ingresado el 17 de diciembre de 2019. Frente a esto, el Ejecutivo propone modificar diversos cuerpos legales con el fin de recuperar el respeto hacia la función policial y proteger a sus miembros en el cumplimiento de sus funciones. Esto, a través de un estatuto normativo que contiene ocho artículos, y en donde el último es el que ha generado mayores cuestionamientos.

“Artículo 8°.-  Estará exento de responsabilidad penal el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que:

            1° Hiciere uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un tercero al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio.

            2° Hiciere uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse.

            3° Hiciere uso de su arma de fuego en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho funcionario tenga orden de velar, y después de haberles intimado la obligación de respetarla.

Los Tribunales, según las circunstancias y si éstas demostraren que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podrán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en uno, dos o tres grados. Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá la necesidad racional cuando el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile fuere agredido, comprometiendo su vida o gravemente su integridad física”.

A un año del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.

Consultado por su opinión del mensaje presidencial, Harboe argumentó en base a la experiencia internacional. “Yo creo que el problema está principalmente radicado en el hecho de que la experiencia internacional que se ha tomado en consideración no ha sido positiva. Puede significar un marco, no digo de impunidad, pero de cierta flexibilidad en el uso de la fuerza que puede traer consecuencias”, indicó el senador PPD a Radio Universidad de Chile.

Para el académico de la Universidad de Chile y doctor en Derecho, Claudio Nash, es este último punto, el de las exenciones de responsabilidad, el que reviste mayor complejidad y que podría ampliar los espacios de impunidad de las policías, en momentos en que son diversas las denuncias internacionales y nacionales sobre el uso indebido de la fuerza por parte de agentes del Estado. “Establece una serie de excepciones de responsabilidad que habilitan el uso de la fuerza letal por parte de las policías, en condiciones en las cuales habría muy pocas posibilidades de hacer un efectivo control judicial y, por lo tanto, genera condiciones de impunidad para las fuerzas de Carabineros“, indicó Nash a nuestro medio.

Asimismo, al igual que Harboe, Nash recalcó que la experiencia internacional en este sentido no ha sido del todo positiva, y que varios de los países que han aprobado leyes de estas características las han terminado derogando. “En todos los países que se han dictado leyes que establecen estos grados relevantes de impunidad ha sido un desastre. En Perú, en Bolivia y en México, todos estos proyectos, cuando han sido aprobados, han implicado actuaciones desmedidas por parte de las policías, quienes se han amparado luego en estas leyes buscando impunidad”, sostuvo el académico de la cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Consultado por las razones que podrían motivar la reactivación del proyecto por parte del Ejecutivo, desde donde han presionado por apurar la tramitación, Nash señaló que lo que estaría buscando el gobierno de Sebastián Piñera es generar un espacio de impunidad para poder restablecer el orden público. “La única explicación de por qué el gobierno impulsa este proyecto ahora, es el nombramiento de un nuevo director general de Carabineros. Me imagino que puede haber sido parte de la negociación con la institución, sacar al general Rozas y poner al general Yáñez, dotándolo de atribuciones que le garanticen a las policías impunidad en el restablecimiento del orden público”, manifestó.

“Aquí parece que hay una apuesta redoblada por mantener el orden público a cualquier costo y esto obviamente requiere de un espacio de impunidad, que es el que parece estar buscando generar el Gobierno a través de este proyecto“, concluyó Nash.

Pese a ser consultados por nuestro medio sobre las razones que sustentan la iniciativa, hasta el cierre de esta edición la Subsecretaría del Interior no se había pronunciado al respecto.

El abogado y doctor en Derecho, Claudio Nash, es académico de la cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Foto: UChile.