En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, el diputado del PPD, Raúl Soto, se refirió a la denuncia que un grupo de parlamentarios, rectores y científicos realizaron luego que se conociera la adjudicación a un consorcio extranjero la licitación por US$193 millones del Instituto de Tecnologías Limpias (TLI).
De acuerdo a los denunciantes, se habrían cometidos graves irregularidades en la asignación del mayor fondo (US$ 193 millones) para el desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno y anunciaron que acudirán a la Contraloría, pedirán una sesión especial del Senado e impulsaran una comisión investigadora de la Cámara.
Para el diputado Raúl Soto, “esta es una situación lamentable porque desde nuestra perspectiva, más allá de lo poco transparente del proceso, estamos hablando de cómo vamos creando la capacidad de desarrollar tecnologías y cómo renovamos nuestra matriz productiva, por ende, es un tema clave y estratégico para el país y externalizarlo me parece un error histórico”.
La licitación fue adjudicada al consorcio Associated Universities que integran un grupo de universidades estadounidenes y chilenas como la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, ligadas a la derecha. En ese sentido, Soto señaló que “cuando hay un Instituto de Teconologías Limpias con el trabajo de algunas de las principales universidad del país como la Universidad de Chile y la Universidad Católica, con altas capacidades y con la posibilidad de competir a nivel internacional y eso se desconoce hay algo que nos genera dudas y por eso ponemos allí nuestra capacidad de fiscalización para que esto se investigue”.
Ante los hechos, el diputado del PPD confirmó que se están haciendo una serie de gestiones para revertir la decisión de Corfo “estamos preparando una presentación ante Contraloría para que se aclare si fue transparente la licitación, pero más allá de eso, aquí hay una decisión política que el Gobierno de Sebastián Piñera y Corfo tienen que aclarar”.
Finalmente, el parlamentario recalcó que “estamos evaluando acciones adicionales porque tenemos una decisión política que es bastante transversal en ámbas cámaras. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias para que esto se aclare o se modifique”.