Inseguridad alimentaria: indicador logra disminuir gracias al apoyo de ollas comunes y redes de alimentos
En julio de 2020, en pleno peak de la pandemia, se registró un 19, 4 por ciento de hogares en esta situación, sin embargo, a fines del mismo año se logró bajar al 11 por ciento, según cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Andrea Bustos C.
Jueves 18 de marzo 2021 19:34 hrs.
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En julio del 2020, la Encuesta Social COVID-19 cifró en un 19,4 por ciento los hogares en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. Este indicador registra la falta de acceso físico, social o económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos.
Este jueves, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó nuevos resultados de la encuesta, la que se realiza junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se informó que a fines de 2020 la inseguridad alimentaria había sufrido un importante repunte, bajando a un 11,5 por ciento.
“El combate del Gobierno contra la inseguridad alimentaria no es un acto de caridad, es un deber. Brindar alimentos suficientes y nutritivos no es un tema colateral en los desafíos que ha impuesto la pandemia, sino un tema central en la implementación de las políticas gubernamentales. Por eso, cuando como autoridad decimos que hemos logrado reducir en un 40% la inseguridad alimentaria, no lo hacemos para decir ‘misión cumplida’, sino para mantener activo el sentido de urgencia que damos al trabajo en favor del bienestar de las personas”, señaló al respecto la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.
El 19 por ciento de inseguridad alimentaria reportado a mediados de 2020 fue una cifra en alza que produjo la pandemia y la crisis económica. Según indicó la ministra Rubilar, la optimización de los números se vincula con las ayudas y transferencias monetarias dadas por el Gobierno, entre las que además de beneficios a las familias, se considera la entrega de alimentos saludables a ollas comunes.
Créditos fotografía: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
“La inseguridad alimentaria llegó a su peak el año pasado producto de la crisis, producto de que las ayudas del Estado no llegaron a tiempo, y al no llegar a tiempo las personas tuvieron que ir resolviendo esa inseguridad alimentaria principalmente a través de acciones comunitarias como las ollas comunes”, señaló sobre las cifras Benito Baranda, director de América Solidaria y candidato constituyente por el distrito 12.
Según explicó Baranda, la ayuda comunitaria fue uno de los ejes claves para enfrentar el problema alimentario: “Si bien en el último periodo hubo una intervención del Estado para enfrentar esa inseguridad, hay que recordar que las personas han continuado teniendo un gran protagonismo. Las ollas comunes, por ejemplo, que se armaron en la zona sur de Santiago siguen funcionando, por lo menos un tercio de esas ollas comunes, y el Estado ha tenido que disponer de recursos también para eso, pero no la totalidad de la alimentación. La totalidad de la alimentación en general son redes de solidaridad del mismo territorio o de territorios externos”.
Y agregó: “Pareciera ser como que esa inseguridad alimentaria solo fue enfrentada por el Estado, el Estado hizo por supuesto una tarea, está haciendo una tarea, pero sigue siendo la comunidad la que más se ha movilizado para enfrentar esa inseguridad alimentaria”.
Ante las cifras actuales, Benito Baranda expresó que es necesario mantener las ayudas económicas, tomar iniciativas universales y que sean las familias las que con el dinero recibido puedan comprar de manera libre, según su necesidad, los alimentos en sus barrios. Asimismo, indicó que en Chile combatir la inseguridad alimentaria ha sido una prioridad nacional durante muchos años, por lo que se debe continuar con aquello para disminuirla prácticamente al 100 por ciento.
Desde la Red Hambre Cero, estimaron la existencia de más de 600 comedores solidarios y ollas comunas durante el 2020, y ante ello reconocen su importancia en esta lucha contra la crisis.
“Esta baja de la inseguridad alimentaria reflejan el esfuerzo que ha hecho la comunidad en general, las ollas comunes, personas de la sociedad civil y un sinfín de organizaciones que finalmente dieron la cara durante todo el periodo de pandemia. Hay muchos factores que también influyen, como los retiros de la AFP, que también son importantes en esta baja, que es una muy buena noticia”, expresó Vitalia Arce, integrante de la Red.
Además, señaló que existe motivación para continuar mientras sea necesario: “Muchas de esta iniciativas, en palabras de ellos mismos, se quieren mantener. En ningún momento han pensado en bajar los brazos, ni cerrar los comedores, todo lo contrario, están muy al tanto de que todas esas cifras se han revertido y lo han visto, puesto que han bajado las raciones que entregan a diario, pero saben que esto será momentáneo”.
Junto a las cifras entregadas, el Ministerio de Desarrollo Social informó que pondrá en marcha un plan para colaborar con más de 28 mil personas que acuden a 130 comedores solidarios de todo el país mediante el proyecto de “Entrega de Alimentos Saludables a ollas comunes” financiado a través del Fondo para las Organizaciones de la Sociedad Civil y ejecutado por la Corporación Red de Alimentos con la colaboración de Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El proyecto incluye la entrega equivalente a 24 raciones por beneficiario compuestas por almuerzo y desayuno y considera alimentos saludables. Además, cada olla común recibirá ejemplares de recetarios y guías de recomendaciones elaboradas por la Secretaría Elige Vivir Sano para promover la educación alimentaria.
Para definir las iniciativas que serán apoyadas se cruzaron bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de Red de Alimentos. Posteriormente, se contactó a las ollas comunes para saber si seguían en funcionamiento al menos cuatro días por semana, si recibían o no apoyo estatal y corroborar que fuesen de organizaciones de la sociedad civil. El beneficio será aplicado en todas las regiones del país.
Respecto de esta iniciativa, Vitalia Arce destacó que hasta ahora la gran mayoría de las colaboraciones han sido proporcionadas por los municipios y personas naturales, mientras que desde el Ejecutivo incluso se pusieron trabas a la realización de estas tareas comunitarias, con, por ejemplo, la falta de permisos para realizar ollas comunas. Sin embargo, expresó que este plan de ayuda se valora y se espera continúe.
“Ojalá que esta ayuda se mantenga en el tiempo y sea el inicio de muchas más que vayan a llegar”, indicó.
Por otra parte, desde el área de la salud, la nutricionista Certificada en la Sociedad de cirugía bariátrica y metabólica Ifso Chile, Carla Novoa, señaló que la inseguridad producida por la pandemia ha sido un tema de preocupación tanto nacional como internacional.
“La pandemia ha modificado, por un lado, nuestros ambientes y hábitos alimentarios y, por otro, la forma de adquirir nuestros alimentos, en su preparación y consumo. Para contribuir a la solución del problema debemos lograr que gran parte de la población chilena pueda optar por alimentos accesibles, privilegiando cocinar en casa en base a productos naturales”, dijo la nutricionista de Clínica Los Carrera en la Región de Valparaíso.
Junto a ello, respecto de las políticas públicas a ejecutar en el futuro para disminuir la inseguridad alimentaria, Novoa señaló que es importante “retomar la discusión sobre el derecho constitucional a la alimentación inocua, saludable, que resista a las condiciones de crisis”.
Asimismo, explicó que se debería generar mayor vigilancia y regulación de las autoridades en el precio del alimento, algún método que garantice la adquisición de frutas, verduras, legumbres y pescado a la población por medio de subsidios a familias vulnerables, o en regiones que estén en cuarentena total, y reforzar y actualizar los programas de entrega estatal de alimentos, entre otros.
“La alimentación es un derecho para todas las personas, independiente del estatus social, económico, raza, etc. Las políticas públicas deben velar por el bienestar de la población chilena y facilitar el acceso y disponibilidad de los alimentos básicos, inocuos y saludables para todos y todas las chilenas, más aún en la situación en la que nos encontramos”, finalizó la profesional.
Las cifras estregadas por el Gobierno durante esta jornada, dan cuenta que son 693.649 los hogares que a fines de 2020 se encontraban en inseguridad alimentaria, número que se espera vaya en baja durante los próximos meses.
En julio del 2020, la Encuesta Social COVID-19 cifró en un 19,4 por ciento los hogares en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. Este indicador registra la falta de acceso físico, social o económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos.
Este jueves, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó nuevos resultados de la encuesta, la que se realiza junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se informó que a fines de 2020 la inseguridad alimentaria había sufrido un importante repunte, bajando a un 11,5 por ciento.
“El combate del Gobierno contra la inseguridad alimentaria no es un acto de caridad, es un deber. Brindar alimentos suficientes y nutritivos no es un tema colateral en los desafíos que ha impuesto la pandemia, sino un tema central en la implementación de las políticas gubernamentales. Por eso, cuando como autoridad decimos que hemos logrado reducir en un 40% la inseguridad alimentaria, no lo hacemos para decir ‘misión cumplida’, sino para mantener activo el sentido de urgencia que damos al trabajo en favor del bienestar de las personas”, señaló al respecto la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.
El 19 por ciento de inseguridad alimentaria reportado a mediados de 2020 fue una cifra en alza que produjo la pandemia y la crisis económica. Según indicó la ministra Rubilar, la optimización de los números se vincula con las ayudas y transferencias monetarias dadas por el Gobierno, entre las que además de beneficios a las familias, se considera la entrega de alimentos saludables a ollas comunes.
Créditos fotografía: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
“La inseguridad alimentaria llegó a su peak el año pasado producto de la crisis, producto de que las ayudas del Estado no llegaron a tiempo, y al no llegar a tiempo las personas tuvieron que ir resolviendo esa inseguridad alimentaria principalmente a través de acciones comunitarias como las ollas comunes”, señaló sobre las cifras Benito Baranda, director de América Solidaria y candidato constituyente por el distrito 12.
Según explicó Baranda, la ayuda comunitaria fue uno de los ejes claves para enfrentar el problema alimentario: “Si bien en el último periodo hubo una intervención del Estado para enfrentar esa inseguridad, hay que recordar que las personas han continuado teniendo un gran protagonismo. Las ollas comunes, por ejemplo, que se armaron en la zona sur de Santiago siguen funcionando, por lo menos un tercio de esas ollas comunes, y el Estado ha tenido que disponer de recursos también para eso, pero no la totalidad de la alimentación. La totalidad de la alimentación en general son redes de solidaridad del mismo territorio o de territorios externos”.
Y agregó: “Pareciera ser como que esa inseguridad alimentaria solo fue enfrentada por el Estado, el Estado hizo por supuesto una tarea, está haciendo una tarea, pero sigue siendo la comunidad la que más se ha movilizado para enfrentar esa inseguridad alimentaria”.
Ante las cifras actuales, Benito Baranda expresó que es necesario mantener las ayudas económicas, tomar iniciativas universales y que sean las familias las que con el dinero recibido puedan comprar de manera libre, según su necesidad, los alimentos en sus barrios. Asimismo, indicó que en Chile combatir la inseguridad alimentaria ha sido una prioridad nacional durante muchos años, por lo que se debe continuar con aquello para disminuirla prácticamente al 100 por ciento.
Desde la Red Hambre Cero, estimaron la existencia de más de 600 comedores solidarios y ollas comunas durante el 2020, y ante ello reconocen su importancia en esta lucha contra la crisis.
“Esta baja de la inseguridad alimentaria reflejan el esfuerzo que ha hecho la comunidad en general, las ollas comunes, personas de la sociedad civil y un sinfín de organizaciones que finalmente dieron la cara durante todo el periodo de pandemia. Hay muchos factores que también influyen, como los retiros de la AFP, que también son importantes en esta baja, que es una muy buena noticia”, expresó Vitalia Arce, integrante de la Red.
Además, señaló que existe motivación para continuar mientras sea necesario: “Muchas de esta iniciativas, en palabras de ellos mismos, se quieren mantener. En ningún momento han pensado en bajar los brazos, ni cerrar los comedores, todo lo contrario, están muy al tanto de que todas esas cifras se han revertido y lo han visto, puesto que han bajado las raciones que entregan a diario, pero saben que esto será momentáneo”.
Junto a las cifras entregadas, el Ministerio de Desarrollo Social informó que pondrá en marcha un plan para colaborar con más de 28 mil personas que acuden a 130 comedores solidarios de todo el país mediante el proyecto de “Entrega de Alimentos Saludables a ollas comunes” financiado a través del Fondo para las Organizaciones de la Sociedad Civil y ejecutado por la Corporación Red de Alimentos con la colaboración de Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El proyecto incluye la entrega equivalente a 24 raciones por beneficiario compuestas por almuerzo y desayuno y considera alimentos saludables. Además, cada olla común recibirá ejemplares de recetarios y guías de recomendaciones elaboradas por la Secretaría Elige Vivir Sano para promover la educación alimentaria.
Para definir las iniciativas que serán apoyadas se cruzaron bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de Red de Alimentos. Posteriormente, se contactó a las ollas comunes para saber si seguían en funcionamiento al menos cuatro días por semana, si recibían o no apoyo estatal y corroborar que fuesen de organizaciones de la sociedad civil. El beneficio será aplicado en todas las regiones del país.
Respecto de esta iniciativa, Vitalia Arce destacó que hasta ahora la gran mayoría de las colaboraciones han sido proporcionadas por los municipios y personas naturales, mientras que desde el Ejecutivo incluso se pusieron trabas a la realización de estas tareas comunitarias, con, por ejemplo, la falta de permisos para realizar ollas comunas. Sin embargo, expresó que este plan de ayuda se valora y se espera continúe.
“Ojalá que esta ayuda se mantenga en el tiempo y sea el inicio de muchas más que vayan a llegar”, indicó.
Por otra parte, desde el área de la salud, la nutricionista Certificada en la Sociedad de cirugía bariátrica y metabólica Ifso Chile, Carla Novoa, señaló que la inseguridad producida por la pandemia ha sido un tema de preocupación tanto nacional como internacional.
“La pandemia ha modificado, por un lado, nuestros ambientes y hábitos alimentarios y, por otro, la forma de adquirir nuestros alimentos, en su preparación y consumo. Para contribuir a la solución del problema debemos lograr que gran parte de la población chilena pueda optar por alimentos accesibles, privilegiando cocinar en casa en base a productos naturales”, dijo la nutricionista de Clínica Los Carrera en la Región de Valparaíso.
Junto a ello, respecto de las políticas públicas a ejecutar en el futuro para disminuir la inseguridad alimentaria, Novoa señaló que es importante “retomar la discusión sobre el derecho constitucional a la alimentación inocua, saludable, que resista a las condiciones de crisis”.
Asimismo, explicó que se debería generar mayor vigilancia y regulación de las autoridades en el precio del alimento, algún método que garantice la adquisición de frutas, verduras, legumbres y pescado a la población por medio de subsidios a familias vulnerables, o en regiones que estén en cuarentena total, y reforzar y actualizar los programas de entrega estatal de alimentos, entre otros.
“La alimentación es un derecho para todas las personas, independiente del estatus social, económico, raza, etc. Las políticas públicas deben velar por el bienestar de la población chilena y facilitar el acceso y disponibilidad de los alimentos básicos, inocuos y saludables para todos y todas las chilenas, más aún en la situación en la que nos encontramos”, finalizó la profesional.
Las cifras estregadas por el Gobierno durante esta jornada, dan cuenta que son 693.649 los hogares que a fines de 2020 se encontraban en inseguridad alimentaria, número que se espera vaya en baja durante los próximos meses.
En julio del 2020, la Encuesta Social COVID-19 cifró en un 19,4 por ciento los hogares en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. Este indicador registra la falta de acceso físico, social o económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos.
Este jueves, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó nuevos resultados de la encuesta, la que se realiza junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se informó que a fines de 2020 la inseguridad alimentaria había sufrido un importante repunte, bajando a un 11,5 por ciento.
“El combate del Gobierno contra la inseguridad alimentaria no es un acto de caridad, es un deber. Brindar alimentos suficientes y nutritivos no es un tema colateral en los desafíos que ha impuesto la pandemia, sino un tema central en la implementación de las políticas gubernamentales. Por eso, cuando como autoridad decimos que hemos logrado reducir en un 40% la inseguridad alimentaria, no lo hacemos para decir ‘misión cumplida’, sino para mantener activo el sentido de urgencia que damos al trabajo en favor del bienestar de las personas”, señaló al respecto la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.
El 19 por ciento de inseguridad alimentaria reportado a mediados de 2020 fue una cifra en alza que produjo la pandemia y la crisis económica. Según indicó la ministra Rubilar, la optimización de los números se vincula con las ayudas y transferencias monetarias dadas por el Gobierno, entre las que además de beneficios a las familias, se considera la entrega de alimentos saludables a ollas comunes.
Créditos fotografía: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
“La inseguridad alimentaria llegó a su peak el año pasado producto de la crisis, producto de que las ayudas del Estado no llegaron a tiempo, y al no llegar a tiempo las personas tuvieron que ir resolviendo esa inseguridad alimentaria principalmente a través de acciones comunitarias como las ollas comunes”, señaló sobre las cifras Benito Baranda, director de América Solidaria y candidato constituyente por el distrito 12.
Según explicó Baranda, la ayuda comunitaria fue uno de los ejes claves para enfrentar el problema alimentario: “Si bien en el último periodo hubo una intervención del Estado para enfrentar esa inseguridad, hay que recordar que las personas han continuado teniendo un gran protagonismo. Las ollas comunes, por ejemplo, que se armaron en la zona sur de Santiago siguen funcionando, por lo menos un tercio de esas ollas comunes, y el Estado ha tenido que disponer de recursos también para eso, pero no la totalidad de la alimentación. La totalidad de la alimentación en general son redes de solidaridad del mismo territorio o de territorios externos”.
Y agregó: “Pareciera ser como que esa inseguridad alimentaria solo fue enfrentada por el Estado, el Estado hizo por supuesto una tarea, está haciendo una tarea, pero sigue siendo la comunidad la que más se ha movilizado para enfrentar esa inseguridad alimentaria”.
Ante las cifras actuales, Benito Baranda expresó que es necesario mantener las ayudas económicas, tomar iniciativas universales y que sean las familias las que con el dinero recibido puedan comprar de manera libre, según su necesidad, los alimentos en sus barrios. Asimismo, indicó que en Chile combatir la inseguridad alimentaria ha sido una prioridad nacional durante muchos años, por lo que se debe continuar con aquello para disminuirla prácticamente al 100 por ciento.
Desde la Red Hambre Cero, estimaron la existencia de más de 600 comedores solidarios y ollas comunas durante el 2020, y ante ello reconocen su importancia en esta lucha contra la crisis.
“Esta baja de la inseguridad alimentaria reflejan el esfuerzo que ha hecho la comunidad en general, las ollas comunes, personas de la sociedad civil y un sinfín de organizaciones que finalmente dieron la cara durante todo el periodo de pandemia. Hay muchos factores que también influyen, como los retiros de la AFP, que también son importantes en esta baja, que es una muy buena noticia”, expresó Vitalia Arce, integrante de la Red.
Además, señaló que existe motivación para continuar mientras sea necesario: “Muchas de esta iniciativas, en palabras de ellos mismos, se quieren mantener. En ningún momento han pensado en bajar los brazos, ni cerrar los comedores, todo lo contrario, están muy al tanto de que todas esas cifras se han revertido y lo han visto, puesto que han bajado las raciones que entregan a diario, pero saben que esto será momentáneo”.
Junto a las cifras entregadas, el Ministerio de Desarrollo Social informó que pondrá en marcha un plan para colaborar con más de 28 mil personas que acuden a 130 comedores solidarios de todo el país mediante el proyecto de “Entrega de Alimentos Saludables a ollas comunes” financiado a través del Fondo para las Organizaciones de la Sociedad Civil y ejecutado por la Corporación Red de Alimentos con la colaboración de Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El proyecto incluye la entrega equivalente a 24 raciones por beneficiario compuestas por almuerzo y desayuno y considera alimentos saludables. Además, cada olla común recibirá ejemplares de recetarios y guías de recomendaciones elaboradas por la Secretaría Elige Vivir Sano para promover la educación alimentaria.
Para definir las iniciativas que serán apoyadas se cruzaron bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de Red de Alimentos. Posteriormente, se contactó a las ollas comunes para saber si seguían en funcionamiento al menos cuatro días por semana, si recibían o no apoyo estatal y corroborar que fuesen de organizaciones de la sociedad civil. El beneficio será aplicado en todas las regiones del país.
Respecto de esta iniciativa, Vitalia Arce destacó que hasta ahora la gran mayoría de las colaboraciones han sido proporcionadas por los municipios y personas naturales, mientras que desde el Ejecutivo incluso se pusieron trabas a la realización de estas tareas comunitarias, con, por ejemplo, la falta de permisos para realizar ollas comunas. Sin embargo, expresó que este plan de ayuda se valora y se espera continúe.
“Ojalá que esta ayuda se mantenga en el tiempo y sea el inicio de muchas más que vayan a llegar”, indicó.
Por otra parte, desde el área de la salud, la nutricionista Certificada en la Sociedad de cirugía bariátrica y metabólica Ifso Chile, Carla Novoa, señaló que la inseguridad producida por la pandemia ha sido un tema de preocupación tanto nacional como internacional.
“La pandemia ha modificado, por un lado, nuestros ambientes y hábitos alimentarios y, por otro, la forma de adquirir nuestros alimentos, en su preparación y consumo. Para contribuir a la solución del problema debemos lograr que gran parte de la población chilena pueda optar por alimentos accesibles, privilegiando cocinar en casa en base a productos naturales”, dijo la nutricionista de Clínica Los Carrera en la Región de Valparaíso.
Junto a ello, respecto de las políticas públicas a ejecutar en el futuro para disminuir la inseguridad alimentaria, Novoa señaló que es importante “retomar la discusión sobre el derecho constitucional a la alimentación inocua, saludable, que resista a las condiciones de crisis”.
Asimismo, explicó que se debería generar mayor vigilancia y regulación de las autoridades en el precio del alimento, algún método que garantice la adquisición de frutas, verduras, legumbres y pescado a la población por medio de subsidios a familias vulnerables, o en regiones que estén en cuarentena total, y reforzar y actualizar los programas de entrega estatal de alimentos, entre otros.
“La alimentación es un derecho para todas las personas, independiente del estatus social, económico, raza, etc. Las políticas públicas deben velar por el bienestar de la población chilena y facilitar el acceso y disponibilidad de los alimentos básicos, inocuos y saludables para todos y todas las chilenas, más aún en la situación en la que nos encontramos”, finalizó la profesional.
Las cifras estregadas por el Gobierno durante esta jornada, dan cuenta que son 693.649 los hogares que a fines de 2020 se encontraban en inseguridad alimentaria, número que se espera vaya en baja durante los próximos meses.
