El debate respecto de las desigualdades económicas en las campañas y los mecanismos que generan, de una u otra manera, la enorme brecha que se ve hoy en día en el acceso al financiamiento electoral, no es nuevo y se ha venido planteando con fuerza desde el destape, hace más de cinco años, de los casos de financiamiento irregular de la política. 

La ley cambió y hoy en día no están permitidos los aportes de personalidades jurídicas, mecanismo a través del cual empresas como SQM y Penta hicieron valer sus intereses en la esfera política. Sin embargo, la legislación actual también permite que los detentores de los grandes grupos económicos  inviertan en candidatos afines a sus posiciones e intereses.

Es el caso del Grupo Ibáñez (de la familia Ibáñez Atkinson), liderado por Felipe Ibáñez Scott -quien junto a su hermano Nicolás Ibáñez fueron propietarios de D&S (hoy Walmart Chile) hasta 2009-, que a través de aportes de cinco miembros de la familia, su esposa Heather Atkinson y sus hijos Roberto, Tomás, Sebastián y Antonia Ibáñez Atkinson, han aportado más de $285 millones para campañas de convencionales constituyentes de Chile Vamos: $123 millones a la UDI; $60 millones al Partido Republicano; $58 millones a Evópoli; y $44 millones a Renovación Nacional.

Otro caso similar es el del Distrito 14. Ahí, uno de los grandes financistas de las campañas de la UDI es Matías Pérez Cruz, dueño de una de las principales agroindustrias de la zona y de la viña Pérez Cruz. Además, es uno de los principales dueños de derechos de aprovechamiento de aguas de la Región Metropolitana, en momentos en que el derecho al agua y su condición de bien nacional de uso público será uno de los grandes temas a debatir. “Ahí uno ve que es una inversión. Un empresario que invierte en la política para obtener una determinada utilidad en la protección de sus propios intereses”, expresó Sebastián Aylwin, candidato a constituyente de la lista Apruebo Dignidad por el Distrito 14. “La democracia en ese sentido también está en riesgo. A veces hablamos de la sobre representación que produce el sistema electoral, también hay una sobre representación que produce la capacidad del dinero”, agregó Aylwin.

Fuente: Elaboración propia con información del Registro de Aportes a campañas electorales 2021 del Servicio Electoral, al día 7 de abril de 2021.

Desigualdad en el financiamiento electoral

Hay quienes dicen que existen dos tipos de candidaturas: un tramo que comienza con una recaudación de aproximadamente $60 millones hacia arriba -ocupado generalmente por candidatos de la derecha- y otro en donde se encuentra gran parte del espectro de candidatos -independientes y de partidos de oposición- que bordea una recaudación entre los $5 y $10 millones. “No existe un intermedio, no hay clase media. Estamos los que la hacemos a pulso, con cierta capacidad de recaudación que no digo que sea menor tampoco, pero hay otros con una capacidad que es varias veces más que la que tiene el resto”, lamentó Aylwin.

Si bien la enorme desigualdad económica entre las candidaturas es algo que se viene dando desde hace tiempo, el aplazamiento de las elecciones para el 15 y 16 de mayo ha agudizado las brechas existentes. Son justamente las candidaturas de Chile Vamos las que se han visto más beneficiadas con este tipo de financiamiento y son justamente sus partidos los que han impulsado que se mantengan las campañas pese a la postergación.

De las 10 candidaturas a la Convención Constitucional con más financiamiento en aportes, nueve son del bloque oficialista y sólo una de oposición: cinco son candidaturas de la UDI, dos de Evópoli, dos de Renovación Nacional y una de la Democracia Cristiana. El mantener las campañas por otro mes más implica costos de mantención de las palomas, pago de publicidad en redes sociales y entre otros gastos que son difíciles de costear por las candidaturas independientes; lo que, para Aylwin, termina “comprando la democracia”.

Fuente: Infografía del sitio Quienesson.cl , con información del Registro de Aportes del Servicio Electora.

Otra fórmula para “rodear” la Convención Constitucional

Si bien son diversos los temas que se tratarán en la discusión constitucional, la redistribución del poder es uno que ha tomado fuerza, tanto en el debate político como en la sociedad en su conjunto. En ese escenario, cabe preguntarse de qué manera se ve expresado el poder en nuestro país y qué influencia tiene el poder económico en la esfera política.  “Este debate, que me parece magistral, necesariamente se va a tener que abordar en la Convención Constitucional y tiene que ver con el tema de la distribución real del poder. Necesariamente cuando hablemos del tema del poder de los empresarios y de la intervención a través de este tipo de fórmulas legales, necesariamente te planteas el poder en su conjunto”, comentó la directora de la Fundación Chile 21 y exministra del Trabajo, Alejandra Krauss.

“A propósito de los dichos, mal dichos a mi juicio, de Guillermo Teillier y el Partido Comunista sobre rodear la Convención, que ésta fuese rodeada a fin de que el pueblo sea escuchado; a mí no me gustó la forma en cómo se señaló lo que se quiso decir. Pero todo el mundo hizo juicios y nos olvidamos de otras formas de rodear la Convención; justamente, los constituyentes van a tener presión de los grupos de interés, que también es una forma de rodear la Convención”, sostuvo Krauss. “Nos horrorizamos frente a dichos del Partido Comunista, pero todavía no nos escandalizamos lo suficiente respecto de este tipo de situaciones o al menos que hagamos el análisis de lo que significa la representación, de una u otra manera, de grupos de interés”, añadió.

“Que una persona natural, como uno va viendo en la información respecto del financiamiento, pueda donar 5 o 7 millones de pesos a una candidatura, en circunstancias en que más del 50% de los trabajadores de nuestro país tiene una remuneración líquida bajos los 500 mil pesos, me escandaliza. Hay un debate ético que debemos hacer y que no pasa sólo por parte del financiamiento de parte del Estado. Por eso, ojo con otro tipo de fórmulas para rodear la Convención”, advirtió la abogada.

El empresario chileno Bernardo Larraín Matte es el mayor financista de campañas electorales en el actual proceso. Es director de la compañía eléctrica Colbún y actual presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Foto: Sofofa.

¿Qué hacer?

Hay quienes plantean que, además de ser un tema relativo a la justicia e igualdad entre candidaturas, también tiene que ver con cuáles serán los poderes que van a controlar la Convención Constitucional. Respecto de cómo pueden operar los intereses de las grandes empresas en la Convención y qué consecuencias podría traer esto para el futuro del país, la cientista política integrante de la Red de Politólogas y candidata constituyente por el Distrito 8, Carolina Garrido, sostuvo que la dinámica en el debate constitucional se dará de forma similar a como se ha dado en el Congreso Nacional en otras ocasiones.

“Los financistas por algo financian las campañas, las empresas o personas que tienen ciertos intereses, y que por lo tanto les interesa que llegue gente a la Convención a defender estos intereses. Es obvio que las financien y por supuesto que va a funcionar igual que ha funcionado en el Congreso en casos que son conocidos: como la Ley de Pesca u otros”, afirmó Garrido. “Por eso es tan importante que se transparente esta información y que la gente sepa, no solamente por quién están votando con nombre y apellido, sino quiénes son las personas que los están financiando; porque muy probablemente van a votar acorde a los intereses de ellas”, añadió.

No obstante, para la cientista política, más que limitar los temas que se debatirán en la discusión constitucional, lo que se debe hacer es limitar el tope del financiamiento electoral. Hoy en día dicha cifra está en los $350 millones, un monto que, según Garrido, es prácticamente lo mismo que no poner límite alguno al financiamiento. “Es muy difícil para las personas independientes, y me atrevería a decir que para la mayoría de los militantes de partidos, es decir, la gran mayoría de las candidaturas, puedan alcanzar ni la tercera parte de lo que implica el tope del financiamiento de campaña”, sostuvo.

En ese sentido, Garrido señaló que es importante emparejar la cancha, porque las desigualdades de financiamiento también generan diferencias en la práctica. “Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es haber limitado mucho más ese tope. Lo importante es que ojalá la cancha estuviese lo más pareja posible, para que todas las candidaturas tuvieran las mismas oportunidades de llegar con su programa a la ciudadanía y que no sea finalmente el dinero o el poder del dinero el que influencie mucho más a las personas”, agregó la candidata por el Distrito 8.

“Y no es que influyan en la persona, es algo más indirecto, tienen más recursos para llegar a todo el territorio. Las otras candidaturas que no tienen plata para pagar brigadistas, jingles en la radio y televisión, o insertos en el diario; ahí la cancha está dispareja, en que te conozcan, en que conozcan tus propuestas. Eso es lo que tenemos que seguir regulando para que finalmente las candidaturas sean en una cancha lo más pareja posible y limitar el techo del gasto electoral que, insisto, me parece absurdo”, concluyó.

Foto en portada: Agencia UNO.

Luego del destape, hace más de cinco años, de los casos de financiamiento irregular de la política, las empresas involucradas -como el Grupo Angelini, liderado por el empresario Roberto Angelini (en la foto)-, sólo han recibido multas. Foto: Agencia UNO.