“Migrar es un derecho, no un delito”, “Chilena o extranjera, la misma clase obrera” fueron las consignas de los manifestantes que este miércoles se reunieron en la Plaza de Armas para realizar una intervención en protesta por la política migratoria impulsada por el Gobierno por la que se busca llevar a cabo la deportación de 1.500 personas en vuelos contratados especialmente al efecto.
Vestidos con overoles blancos, los representantes de la Coordinadora caminaron alrededor de la Plaza de Armas gritando sus consignas e interpelando a la ciudadanía a tomar conciencia de la precaria situación en la que se encuentran los extranjeros y extranjeras que viven en nuestro país, ante lo que recibieron algunas muestras de desaprobación de los transeúntes que pasaban por el lugar. Además la actividad se enmarcó en la previa de la huelga general convocada para este viernes 30 de abril.
Catalina Bosch, una de las voceras de la organización pro derechos de los migrantes se refirió a la situación ocurrida el domingo en Iquique y rechazó la actitud del gobierno del presidente Piñera, la que calificó como anti migrante y racista.
“Desconocieron los DDHH de las personas migrantes. Migrar es un derecho, no es un delito, este gobierno criminaliza la migración y hace similar el ser migrante con ser delincuente”, aseguró la dirigenta.
En ese sentido también se hizo énfasis en que las personas que han migrado hacia nuestro país no lo hacen simplemente por un deseo de cambiar de lugar de residencia, sino que se trata de una decisión compleja y forzada por las circunstancias adversas que deben enfrentar en sus respectivos países, como lo explicó Manuel Hidalgo, secretario internacional de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
“La crisis migratoria obliga a las personas no a hacer turismo laboral, porque quienes están muriendo en la frontera – 6 en solo estos meses- no lo hacen buscando la ilusión de un empleo digno, sino porque están desesperados por buscar un espacio, en medio de una pandemia, que, según su himno se ofrece como refugio ante la opresión”.
Uno de los temas que ha causado gran inquietud entre los grupos de migrantes residentes en Chile ha sido la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones que exige la obtención de visas en los consulados chilenos de los países de origen, por lo que casi 400 mil extranjeros que actualmente se encuentran en Chile se encontrarían en condición irregular y podrían verse expuestas a la expulsión acorde a los parámetros de la nueva normativa. Catalina Bosch repudió la actitud que ha adoptado el Gobierno por ser atentatoria de los derechos humanos de las personas migrantes.
“Llamamos a los defensores de los DDHH a buscar una regularización migratoria en el contexto de una pandemia que ha azotado gravemente a nuestros pueblos e incorporar la migración de personas que han llegado a Chile y de chilenos y chilenas en el exterior como un derecho y, por supuesto la garantía de los derechos humanos de las personas que migran, pues ellos no dependen de la nacionalidad, de la condición migratoria, de la comuna donde vive, del género, de la edad o la orientación sexual, los derechos humanos nos corresponden a cada uno de nosotros y nosotras”.
La primera de las expulsiones anunciada por la autoridad motivó una oleada de críticas de parte de organizaciones pro migrantes y defensores de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Chile que alertó que entre los deportados había muchas personas “que no contaban con una orden judicial al efecto”.
“Esto puede implicar una violación a las protecciones legales reconocidas por la Constitución de Chile”, ya que “los migrantes se vieron imposibilitadas de recurrir la expulsión o solicitar amparo” señalaron desde la organización en un comunicado difundido la tarde de esta martes.
En ese sentido se expresó también Manuel Hidalgo quien aseguró que el Gobierno ha transgredido su propia normativa al deportar a personas sin respetar los plazos previstos en la nueva legislación.
“El Gobierno sube a personas migrantes a un avión junto a gente que ha delinquido para criminalizar ante toda la opinión pública, para desinformar y mostrar que la migración es un delito. Además incumple su propia ley que había dado un plazo de 180 días para que estas personas que ingresaron por pasos no habilitados pudieran salir del país y solicitar una visa para ingresar. Esa es letra muerta, pues se expulsa antes de cinco días a 40 personas como ya lo había hecho en dos expulsiones masivas anteriores”.
La de este miércoles es la primera de las actividades que la Coordinadora Nacional de Inmigrantes tiene programada en el marco de la huelga general de este 30 de abril y 1 de mayo. Para el viernes y sábado se prevé la realización de un foro sobre migración y desayunos migrantes en distintos puntos de Santiago.
A ello se suma la coordinación y reuniones que han sostenido con diputados y senadores en orden a evitar nuevas expulsiones colectivas en las se fuerce la salida de personas no infractoras de ley a quienes no se ha respetado las garantías del debido proceso.
