Este miércoles, poco después de las 9 de la mañana, el Hospital Militar confirmó la muerte del ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, quien cumplía condena por el delito de asociación ilícita en el  marco del homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. Torres estaba internado hace un año en el recinto hospitalario producto de diversas enfermedades entre ellas cáncer a la próstata con metástasis a los huesos, razón por la que el Gobierno le concedió un indulto particular por razones humanitarias.

Alicia Lira,  presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifestó a nuestro medio que el fallecimiento del llamado “fiscal favorito de Pinochet” es un nuevo ejemplo de la falta de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el periodo de la dictadura cívico militar.

“Una vez más un violador a los DD.HH. se va impune de su castigo por crímenes aberrantes. A pesar que él estaba condenado por el crimen de un agente de la Dina como fue Eugenio Berríos, hubo muchos procesos que quedaron pendientes” señaló la dirigenta.

“La siniestra figura que fue Torres Silva, el regalón de Pinochet, jugó un rol en la detención de los prisioneros políticos de Carrizal Bajo que fueron torturados y perseguidos y sus familiares amenazados de muerte, y eso dejó secuelas en ellos por la forma criminal con que se actuó y la impunidad total de eso en la dictadura”.

Lora agregó que “que después de eso haya seguido siendo fiscal en la Corte Suprema es uno de los horrores que tuvimos que soportar los familiares de las víctimas, aquellos que hemos luchado en búsqueda de la verdad y la justicia”.

Alicia Lira.

Consultada sobre la decisión del ministro Madrid de mutar el cumplimiento de la última parte de la condena de Torres Silva en arresto domiciliario con vigilancia de Gendarmería, y posteriormente la decisión del Ejecutivo de entregar un indulto particular humanitario al condenado por violaciones a los Derechos Humanos, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos manifestó que eso ha sido uno de los episodios más dolorosos para los familiares de las víctimas.

“Que un criminal de lesa humanidad haya tenido beneficios carcelarios y que luego además se le indulte por parte del Ministro de Justicia y los DD.HH. -que fue parte y cómplice de la dictadura- es algo aberrante. La muerte de este criminal para nosotros es menor, porque si estaba enfermo, de todas formas iba a morir, lo que nos duele profundamente es que se haya ido con mucha información de causas que están abiertas”.

“Esto es otra muestra del pacto de silencio que han mantenido los militares, el Ejército de Chile que fue el verdugo más cruel del pueblo chileno. Torres Silva es una muestra más de la impunidad existente y los riesgos que corremos porque este precedente del cambio en la forma de cumplimiento que hizo el juez Madrid puede servir para que otros ministros en causas de DD.HH hagan algo similar y eso es algo que venimos soportando por muchos años. No hay justicia plena, no hay verdad total, solo hay justicia en la medida de lo posible porque cuando ha habido condenas, se entrega beneficios a los criminales. Eso habla mal de una democracia, de un Estado que no ha hecho reparación total a los familiares y víctimas” añadió enfáticamente.

La dirigenta también se refirió a la situación ocurrida en marzo cuando la AFEP denunció que  el Tribunal Constitucional aplicó en un fallo el Decreto Ley 2191 conocido como de Auto amnistía en una causa de violación de los derechos humanos, contraviniendo el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile por denegación de justicia y por mantener aún vigente dicha determinación.

“La situación que vivimos los familiares de víctimas de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y prisioneros políticos es que siempre estamos recibiendo golpes duros. Lo que merece cada víctima asesinada o hecha desaparecer o torturada es la verdad y la justicia y nosotros hemos hecho grandes esfuerzos con los abogados de DD.HH. para lograr condenas. Pero luego se les entregan beneficios carcelarios cuando esos beneficios son solo para los condenados por delitos comunes y no para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.

El Estatuto de Roma señala que para que un criminal de lesa humanidad pueda optar a ciertos beneficios debe cumplir ciertos requisitos que son más exigentes que para aquellos que han cometidos delitos comunes. A saber, que el recluso haya manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos y que haya facilitado medios para la reparación a las víctimas.

“Cuando se apiadan de estos ancianitos que gozaron de impunidad por décadas nunca se piensa en cuántas madres, esposas, hermanos o hijos han enfermado y muerto sin haber tenido conocimiento de dónde están sus seres queridos ni haber tenido justicia. No hay ni un gesto de humanidad de parte de ellos, porque podrían en forma anónima entregar información pero no lo hacen. Ellos no se arrepienten, sino que reivindican el terrorismo de Estado”.

“Si ellos están enfermos nosotros decimos que tengan tratamiento, todos los tratamientos porque ellos tienen buenos  hospitales y médicos y la mejor cárcel para cumplir sus penas” concluyó la líder de la AFEP.