Este lunes se llevará a cabo la primera sesión de la Convención Constituyente y uno de los primeros temas que abordará es el respaldo a un proyecto de ley sobre indulto general para los presos durante el estallido social que se discute en el Parlamento.
Si bien la iniciativa cuenta con el rechazo del Gobierno, para el vicepresidente de la
Convención, el abogado Jaime Bassa, hay un escenario de “fractura social” que el organismo que encabeza junto a Elisa Loncón desde este domingo puede ayudar a mejorar.
Junto con precisar que este tema será discutido en la primera sesión convocada para la tarde de este lunes, Bassa precisó que “la Constituyente no tiene competencias para tomar decisiones legislativas. Este es un órgano constituyente que tiene como finalidad redactar la nueva constitución, que no es poco, pero no es más que eso. Las decisiones legislativas las toma el Congreso Nacional. Pero el Congreso Nacional ejerce su poder en un contexto político que hoy día está marcado por la emergencia de un Poder Constituyente. Y nosotras desde la convención vamos a empujar el proyecto de Ley de Indulto para que efectivamente las personas que están privadas de libertad recuperen su libertad lo antes posible”.
El abogado agregó que “tenemos un escenario de crisis social, de fractura social muy importante. Yo creo que eso es evidente. Nadie debiera cerrar los ojos ante eso. La constituyente tiene que contribuir a generar las condiciones para que avancemos en inclusión social, respeto a la diversidad, plurinacionalidad, pero también reconocer la postergación estructural en la que se encuentran distintos sectores de la sociedad en clave territorial, en clave de género, en clave de diversidad sexual. Y ese trabajo político es algo que efectivamente se puede hacer desde la constituyente”.
Por su parte, la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, recalcó que “la democracia tiene que incluirnos a todos. Y con jóvenes encarcelados, con mapuches encarcelados, no se está viviendo la democracia. Es el momento de hacer el cambio de paradigma y entender que todos merecemos la libertad, todos merecemos justicia y hay situaciones que aún no son claras en materia de justicia”.
Si bien el Presidente Sebastián Piñera y su Gobierno han insistido que en Chile no hay presos políticos – tal como subrayó durante su último discurso sobre el estado de la Nación -, lo cierto es que son decenas de jóvenes en varios puntos del país que permanecen en prisión preventiva a la espera de los juicios en su contra acusados de delitos respaldados con pruebas sin sustento, según reclaman las defensas de los acusados.