Son tres los artículos de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez por los que un grupo de parlamentarios oficialistas habían acudido al Tribunal Constitucional una vez aprobada la moción por el parlamento en pleno. Este jueves, sin embargo, dicha instancia les dio la razón y acogió a trámite puntos claves de dicha ley, relacionados con la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes para ejercer sus derechos; la libertad de asociación y reunión; así como la obligación del Estado de garantizar una educación no sexista y de carácter laico.

Esta decisión, para la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde, representa una postura contraria a las declaraciones internacionales respecto de los Derechos Humanos, cuyo resultado, en este caso, termina zanjando el debate en una ley que será aprobada con serias falencias.

“La ley en ningún momento pone en discusión el rol de la familia ni la orientación de los padres y madres en ese sentido, pero la interpretación que el Tribunal Constitucional hace es más bien de la relación que tienen que tener los padres y las madres con el niño y la niña de sometimiento”, recalcó la experta en DD.HH en conversación con nuestro medio.

Asimismo, Valverde apuntó su crítica a la gravedad que supone que el Tribunal Constitucional, tal como ha sucedido en otras oportunidades, se comporte como una extensión de los poderes del Estado, coartando una ley que, pese a tener un trámite largo desde que fue ingresada en 2015, logró tener la venia tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

“Una ley que fue aceptada por el Parlamento, que fue discutida, analizada y votada a favor, el TC tiene la potestad de ir en contra de esta decisión. Eso, democráticamente hablando, es gravísimo. Tenemos otro poder del Estado, que no existe en un Estado democrático, que es el TC, y que puede vetar lo que plantea el parlamento una vez que se ha aprobado una ley”, manifestó.

Respecto de la interpretación que se puede hacer de la arremetida de un sector del oficialismo en contra de esta ley, Valverde acotó que se trata de un grupo específico que fue ganando poder y que no quedó conforme con la decisión del presidente Sebastián Piñera de promover la aprobación del matrimonio igualitario.

En tal sentido, agregó la experta, “la percepción personal que tengo es algo así como ‘hagámosle pagar al Presidente esto que hizo sin consulta’. Y lo único que tenían este sector para hacerle pagar el daño a sus valores, era la Ley de Garantías, que además iba a ser el único legado presentable que este Gobierno en términos de Derechos Humanos y que ahora queda gravemente dañado”.

Finalmente, Valverde recordó que, a la luz del debate en la Convención Constitucional, se espera que ésta y otras leyes puedan ser revisadas partiendo del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas.  “Esto que está pasando ahora son desde mi perspectiva los últimos aleteos de una Constitución no democrática, hecha durante dictadura y que avala el poder de un grupo que ha ganado una riqueza impresentable, con niveles de inequidad y de segregación social donde los niños y las niñas en especial son los más afectados”, declaró.