Durante esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio y la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Sandra Quijada, dieron cuenta de la cifra estimada de población extrajera en el país, correspondiente al año 2020.

La directora del INE señaló que a diciembre del 2020, habían un millón 462 mil 103 personas extranjeras en Chile, lo que corresponde a un aumento de 0,8% durante el año pasado, es decir 11 mil 770 personas que llegaron al territorio nacional.

La cifra contrasta con el crecimiento de esta tasa que se venía registrando el 2019, en cuyo año ingresaron 242 mil 157 personas, correspondiente a un aumento del 11,4% de esta población. Otra diferencia con los números entregados por las autoridades en relación a años anteriores, es la relativa al género de las personas extranjeras en Chile.

Según los últimos datos, actualmente hay un mayor porcentaje de mujeres en el país, con 7 mil 365 ingresos, en relación al ingreso de hombres, que registran 4 mil 405 en el último año. Una tendencia que dista del año 2019 y 2018 en los que los números de ingresos entre hombres y mujeres se mantenían en condiciones similares.

Por otro lado, la mayoría de personas extranjeras en el país, corresponden a ciudadanos/as Venezolanos/as alcanzando el 30,7% del total de la población inmigrante. La segunda mayoría corresponde a Perú con 16,3% , luego Haití con 12,5% , Colombia con 11,4% y Bolivia con 8,5%. Las cinco nacionalidades corresponden al 79% del total de personas extrajeras en Chile.

Las cifras, se entregaron un día después que la organización no gubernamental, Human Rights Watch, instara al gobierno a poner fin a las deportaciones sumarias y a que se respetara el debido proceso, a modo de asegurar que todas las deportaciones cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Según la organización, alrededor de 457 mil 000 venezolanos viven actualmente en él país, la mayoría de manera ilegal. Una situación que se ha agravado dadas las políticas gubernamentales migratorias que se han instalado en Chile, haciendo que se vuelva cada vez más difícil solicitar y obtener visas o refugio.

En lo que lleva del año, el gobierno, ha deportado al rededor de 479 personas de distintas nacionalidades, en vuelos realizados en febrero, abril y junio, de las mil 500 personas que se tiene previsto deportar para este 2021.

Dentro de las denuncias que realiza Human Rights Watch, se encuentran las deportaciones colectivas y falta de determinación individual, en la medida que las resoluciones que dan curso a la deportación, no incluyen análisis de circunstancias individuales. En ese sentido, el Comité de la ONU de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aseguró que el lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico y no se realizó una evaluación caso por caso.

Asimismo, se interpela al Estado de Chile por no priorizar el interés superior de niños y niñas, en cuanto las deportaciones separan unilateralmente a las familias y, al no conceder audiencias, los migrantes no cuentan con una instancia para demostrar sus vínculos filiales.

Respecto a la misiva de la organización sobre frenar las deportaciones de extranjeros, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que eso incurriría en incumplir la ley. 

“Nosotros hasta ahora tenemos 33 mil expulsiones decretadas en el país, 13 mil de las cuales corresponden a personas que tienen antecedentes penales en Chile o en su país de origen, por lo tanto no pudieron regularizar su situación migratoria en nuestro país. Lo que corresponde es que el gobierno lleve adelante los procesos administrativos y si eso da como resultado la expulsión, lo que le corresponde al gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones”, señaló.

Por su parte la coordinadora del Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, apuntó a que las declaraciones de Galli y la postura de este gobierno ha sido la de estigmatizar a la población extranjera, para levantar un proceso de deportación colectivo y sin precedentes. 

“En términos comunicacionales, lo que se hace es instalar una opinión que criminaliza las migraciones, en general, no solo a las personas que están siendo arbitrarias e ilegalmente puestas en estos procesos de expulsión colectiva y eso es una política que está en distintas acciones. Lo que hace Human Rights Watch, es decir que estos procesos de deportación colectiva tienen vicios legales, no cumplen tampoco la propia normativa nacional en términos del debido proceso”, criticó.

La representante agregó que la administración de Sebastián Piñera, ha instalado una suerte de necropolítica, que ha instrumentalizado a las personas, para levantar una agenda pública punitiva.

“Lo único que hace es generar más fragmentación en la sociedad chilena, porque creo que no hay ninguna persona que sea consciente de lo que significa reconocerle la dignidad y los derechos humanos a todas las personas que vivimos en este territorio, puede compartir estos criterios que finalmente castigan a la comunidad migrante en un contexto de crisis humanitaria tremendo que la región no ha vivido en décadas”, lamentó.

En el marco de los cuatro años del mandato de Sebastián Piñera, se ha registrado un total aproximado de mil 401 expulsiones de ciudadanos extranjeros que residen en el país.