El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, asistió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para exponer el rol que han cumplido las Universidades Estatales en el contexto de pandemia por COVID-19, y la compleja situación económica a la que se han visto enfrentadas.

Ante los parlamentarios de la Comisión presidida por el diputado Mario Venegas (DC), el también presidente del Consorcio de Universidades Estatales indicó que en 2020, las universidades públicas tuvieron un perjuicio de $181 mil millones, que se desglosa en $124 mil millones de menores ingresos por la reducción de matrículas, disminución de las ventas de servicios y el impacto de la pandemia en el posgrado, formación continua y cooperación académica; y mayores gastos por las necesarias adecuaciones para dictar educación a distancia, entregar conectividad y equipamiento para estudiantes, inversión en licencias y softwares para docencia virtual y el reforzamiento de la infraestructura en tecnologías de la información y comunicación, por $42 mil millones.

Así, el rector de la Casa de Bello propuso 7 medidas urgentes para poder enfrentar la situación del sistema público de educación superior. Entre ellas se cuentan disponer de un fondo basal especial de financiamiento para las universidades del Estado, que les permita continuar prestando su servicio académico y desarrollando las labores de ciencia e investigación que han resultado esenciales para el combate de la pandemia.

Además, se propone modificar la legislación, ya que actualmente las instituciones estatales no pueden contraer deudas que excedan el periodo presidencial y requieren autorización. Así, se buscaría  permitir una línea de endeudamiento de largo plazo con garantía del Estado, que refleje el apoyo del Estado a sus universidades y permita mejores condiciones financieras para este endeudamiento.

“En el caso de no existir recursos adicionales por parte del Estado se debe permitir nuevamente el uso de los excedentes acumulados del Fondo Solidario para enfrentar los mayores gastos experimentados en los años de pandemia”, añadió el rector Vivaldi, quien también recalcó que “la implementación de la ley 21.091 en materia de aranceles regulados ha sido insatisfactoria e inevitablemente tendrá implicancias muy negativas para el sistema universitario”. Es por eso que como quinta medida se propone suspender esta implementación.

De la mano con esta propuesta y en la línea sugerida desde el inicio de la pandemia, el presidente del Cuech volvió a insistir en la necesidad de no contabilizar un año (2020 o 2021) en el cálculo de la duración de los estudios a financiar por la gratuidad, por el impacto que ha tenido la pandemia en la comunidad estudiantil.

“También es necesario entregar mayor flexibilidad en el uso de fondos basales para así dar mayor holgura a las instituciones para enfrentar el complejo escenario actual y aumentar los fondos basales 2022 en la Ley de Presupuestos, para que al menos compensen los menores ingresos registrados por las universidades en 2020 y 2021”, señaló Vivaldi.

Al respecto, cerró la evaluación financiera puntualizando que “es vital que la evaluación de la propuesta presupuestaria del Ejecutivo para 2022 no considere el incremento que tendrá la cuota anual del Plan de Fortalecimiento (monto comprometido a 10 años). Este aumento previsto para 2022 no se vincula a la pandemia, sino que viene a regularizar el aporte comprometido en la Ley 21.094 para los primeros 5 años del Plan. Estos recursos deben ser utilizados en fines específicos de fortalecimiento a largo plazo, no en paliar las pérdidas dejadas por la pandemia”.

Rol público de las estatales

Ante la comisión, el subsecretario de Educación Juan Eduardo Vargas valoró el aporte que hacen las universidades estatales, en particular las de zonas extremas. “Tienen un rol en la generación de oportunidades para toda la población”, señaló añadiendo que “reconocemos el tremendo esfuerzo que ha hecho el sistema de educación superior en general y las universidades estatales en particular, no solo en adaptarse a la nueva situación sino también para combatir la pandemia”.

Entre esos esfuerzos se cuentan la rápida instalación de una red de laboratorios PCR en todo Chile, el traspaso de infraestructura universitaria para enfrentar el avance del COVID-19, iniciativas de salud mental en tiempos de pandemia, cooperación para el modelamiento y simulación de la propagación del virus para evaluar impacto diferencial de medidas como aislamiento social y cuarentenas; el especial desempeño de los hospitales dependientes de universidades estatales, el apoyo a la atención primaria en salud y redes territoriales, en especial en tareas de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento; el análisis genético molecular del virus, los aportes en la política comunicacional de riesgo en pandemia., la elaboración de implementos de protección personal y la participación en los estudios internacionales de desarrollo de vacunas.