Durante esta mañana de desarrolló la última sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para primero resolver sobre la censura presentada en contra del presidente de la instancia, Juan Fuenzalida, esgrimida por la diputada Santibáñez y para votar la acción constitucional deducida en contra de la autoridad del Mineduc.

En lo relativo a la censura solicitada por la parlamentaria comunista, basada en el artículo 211 del Reglamento de la Cámara y motivada por la negativa de Fuenzalida a recibir al abogado constitucionalista, Jaime Gajardo, en las audiencias, fue rechazada por 3 votos contra 1, desestimándose el requerimiento al no lograr unanimidad. 

Respecto a la votación referida al líbelo acusatorio, luego de dos semanas sesionando, la comisión rechazó por 4 votos contra 1 la iniciativa encabezada por la diputada de Comunes, Camila Rojas, quien también se hizo presente en la deliberación de los parlamentarios.

Con la resolución en contra del diputado Tomás Fuentes (RN) y los diputados UDI, Enrique Van Rysselberghe Juan Manuel Fuenzalida y Guillermo Ramírez, que representaban mayoría frente a la única diputada de oposición que votó a favor, Marisela Santibáñez, la acusación constitucional contra Figueroa irá con informe negativo a la votación en el pleno de la Cámara. 

Así lo valoró el presidente de la comisión, Juan Fuenzalida, en los argumentos que expuso previo a la votación, aseverando que el secretario de Estado se encargó de poner en primera fila a los profesores y asistentes, en la medida que propició la vacunación prioritaria para este segmento, con la finalidad de garantizar un retorno seguro a la presencialidad.

“Si de algo es responsable el ministro Figueroa es de empujar una vuelta a clases segura, voluntaria y en condiciones que permita a todos los alumnos poder volver a clases. Si de algo es responsable el ministro Figueroa es de buscar que ninguna escuela se quede sin financiamiento donde se ha permitido utilizar distintos fondos, los fondos SEP, los mismos fondos extras que se inyectaron a las distintas escuelas públicas y particulares subvencionados, y por lo tanto uno no puede castigar el hecho de hacer el trabajo en condiciones que son realmente adversas”, agregó aludiendo a la emergencia sanitaria.

Así mismo decidió no referirse al punto de vista jurídico del líbelo en la media que “siempre hay dos visiones, pero lo que si puedo decir es que hoy día en el parlamento existen distintas herramientas para fiscalizar y ayudar que este retorno sea seguro y voluntario”, afirmó.

Respecto a los capítulos que integra la acusación, Fuenzalida señaló que dada las exposiciones tanto a favor como en contra, los fundamentos se desvirtúan y se hacen imposibles sostener.

“Señalar que esta acusación es el resumen de un actuar que ha significado presentar cuatro proyectos de ley que impiden el retorno a clases y que fueron rechazados, no sólo por la comisión sino también en la sala, porque todos entendemos que el retorno a clases y la presencialidad es algo irremplazable”, aseveró.

Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez articuló que la acusación es netamente política y que no tiene ningún fundamento jurídico.

“Ya nos estamos acostumbrando a esto de que no se usan las herramientas constitucionales, sino que se abusa de ellas y yo estoy convencido que la suerte de esta acusación, al igual que la gran mayoría de las anteriores, de hecho todas menos una, va a correr la misma suerte y va a ser rechazada“, aseveró.

Eso debido a que la acusación señala que el ministro ha infringido la Constitución o las leyes, o ha dejado a estas sin ejecución, pero no se refiere a qué leyes se infringieron o cuáles se dejaron de ejecutar, arguyó el diputado.

En tanto, el diputado Tomás Fuentes hizo hincapié en materia de financiamiento, asegurando que no han habido disminuciones en la inyección de recursos a los establecimientos educacionales en esta administración.

“Desde la suspensión de clases en marzo del 2020 todos los establecimientos del país han continuado recibiendo subvención de escolaridad y sus incrementos lo cual ha permitido financiar los costos de operación del sistema, en especial el pago de remuneración de docentes y de asistentes de la educación. Además la contestación hace un detalle pormenorizado de todos los recursos que quedaron a disposición de los establecimiento para perfeccionar el sistema de educación a distancia y cumplir con los protocolos sanitarios”, señaló.

La última de las intervenciones oficialistas la dio el diputado Van Rysselberghe quien se remitió a agradecer al ministro por el esfuerzo que ha puesto en mantener los servicios educativos en funcionamiento y por el proceso que está llevando adelante referida a la presencialidad.

 Como contraparte, la única defensora del líbelo acusatorio en la comisión, Marisela Santibáñez subrayó en que el ministro de Educación es mucho más que un asesor o un secretario del presidente de la República en materias educativas. “Es un funcionario público y entre sus funciones directas se encuentran proponer y ejecutar políticas públicas y normas jurídicas aplicables al sector”, puntualizó preliminarmente.

“La realidad de muchos establecimientos públicos en nuestro país ha develado la precariedad en la que se encuentra sumergida nuestra educación, agravada en zonas rurales periféricas y sectores vulnerables, las condiciones de infraestructura conectividad, condiciones laborales e higiénicas de los establecimientos traen consigo una grave preocupación respecto al estado real de estos establecimientos”.

En ese sentido la diputada hizo énfasis en los establecimientos públicos dado que concentran gran parte de la matrícula en sectores de vulnerabilidad, en educación parvularia, básica y media, según el registro social de hogares.

“El contexto de pandemia solo nos hizo ver y desnudó el modelo subsidiario del financiamiento y demostró su incapacidad para dar respuesta  a las múltiples y urgentes necesidades de las comunidades educativas que no tuvieron respuesta del ministerio de Educación, porque no hubo inyección de recursos adicionales y mucho peor, los recursos terminaron reduciéndose mucho más”, aseveró.

“Los programas como Me Conecto para Aprender y Yo Elijo mi PC se implementaron sin ningún tipo de modificaciones, no hubo compras adicionales de equipos para distribuir a estudiantes con problemas de conectividad, por lo tanto, estos programas operaron con las mismas coberturas que sin pandemia”, añadió.

Asimismo, sostuvo que no hubo modificación a los criterios asignados de estos equipos computacionales para efectos de focalizar el aporte en los hogares que no contaban con ningún tipo de estos recursos.

“Parece que para el ministro Figueroa nunca hubo pandemia, ni clases a distancia ni teletrabajo. Hasta el momento no ha existido para funcionarios y funcionarias de la educación, para el mundo docente, una regulación clara de garantías laborales mínimas para el desarrollo del teletrabajo, tampoco existe claridad respecto a las condiciones estructurales y sanitarias para la apertura de los establecimientos lo que genera otro problema para los cientos de profesores que por diversas razones de salud se verían imposibilitados a ejercer su labor de manera presencial, tampoco hubo una inyección de recursos sobre el bono al incentivo del retiro durante cuatro años, lo que obligaría a estos docentes volver de manera presencial y poner en riesgo su vida“.

Finalmente la diputada recalcó que es en momentos de crisis, cuando el mercado abandona a cada uno a su suerte, que el ejecutivo, a través del ministro de Ecuación tiene la facultad de proponer leyes que impliquen gasto fiscal. “Esa facultad no recae en los sostenedores de las 345 municipalidades del país, ni los sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados“, declaró.

El informe de la comisión revisora se presentará ante el pleno de la Cámara para efectos de incidir en la votación de la acusación, no obstante sus conclusiones no son vinculantes con la deliberación de los y las parlamentarias.