Los hechos producidos la mañana de este viernes en la plaza Brasil de Iquique, lugar en que un operativo policial junto a funcionarios de la PDI desalojaron violentamente a más de 100 familias migrantes, generaron una amplia reprobación pública a la que se sumó la Defensoría de la Niñez, el Servicio Jesuita de Migrantes y el INDH. Un episodio que se suma al repositorio de acontecimientos en los que las instituciones mandatadas por la administración de Piñera son interpeladas por utilizar la fuerza ante un problema de orden humanitario.
Y es que la política migratoria del gobierno, que ha impulsado una seguidilla de expulsiones sumarias, ha sido cuestionada constantemente por criminalizar a este grupo social desde el racismo institucional con la premisa de “ordenar la casa”. Situación que refuerza las condiciones de vulnerabilidad que experimentan quienes ya se encuentran expuestos a una vida de violencia por las categorías sociales que reúnen.
Un caso ilustrador son las mujeres migrantes en Chile quienes por la burocratización del trámite de regularización deben someterse a empleos domésticos sumamente precarizados, vivir la desarticulación de sus familias o encontrar profundas dificultades para maternar y sostener la vida de sus hijos e hijas en medio de la pobreza y el desamparo.
En conversación con nuestro medio, la vocera e integrante del Comité Migrante de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Wayra Villegas, explicó el fenómeno como una problemática de vulneración económica, social y reproductiva que denominó como una interseccionalidad de las violencias.
“Vemos como para estas mujeres migrantes que tienen la condición de ser mujeres, de venir de condiciones vulnerables en su país, condiciones económicas vulnerables también, llegar a Chile es una doble revictimización porque evidentemente, no es que no se le dé la mano a la extranjera, sino a qué migrante mujer es la que se le da la voz o la que es importante en esta situación“.
En ese sentido la vocera de la organización feminista señaló que los cruces de clase, raza y género hacen que la recepción de una extranjera blanca en Chile sea diferente y radicalmente positiva frente a una mujer proveniente de los países más pobres de Latinoamérica y el Caribe.
“Creo que ahí hay un acervo machista, racista, xenofóbico porque es esa mirada de la criminalización de la migración la que nos hace vulnerables y la que nos hace sufrir violencia. De hecho así seamos profesionales, como mucho de nuestros casos, somos vulneradas ante el sistema por su inoperancia (…) No hay un trato igual ante mujeres alemanas, o francesas o españolas sino que hay un trato discriminativo a mujeres haitianas, venezolanas, peruanas y colombianas“, criticó.
En otra dimensión, Wayra explicó que la dilación en el proceso de regularización repercute en los derechos sanitarios, reproductivos y sexuales de las mujeres migrantes y de los niños y niñas cuyos cuidados históricamente asumen las madres.
“En ese tiempo hay una vulneración increíble de las mujeres porque al no tener carnet, al no tener regularización, no pueden acceder a servicios básicos de salud, a los servicios básicos de derechos sexuales y reproductivos, en este caso solo por mencionar, ir a la matrona, hacerse el PAP, revisarse con ginecología y acceder a métodos de planificación que siguen siendo aún métodos bastantes sexistas pero, claro que hay una alta carga de vulnerabilidad y si nos ponemos a hacer un censo corto entre las que estamos, muy pocas acceden a servicios de salud”, señaló.
Para efectos de subsanar esta realidad es que la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, por medio de su Comité Migrante ha generado una red con mujeres y disidencias sexuales en situación de desprotección para viabilizar la contención y el cuidado en los extensos períodos en que quedan fuera del sistema, relató Villegas.
“Hacemos esta red en la medida que sabemos que el Estado chileno no garantiza la regularización y no porque las mujeres no hagamos todos los procesos, al contrario, se hace todo pero hay una burocratización de estos procesos entonces se dilata, se desgastan y pueden tardar hasta un año en responderse y en ese tiempo hay una vulneración increíble”
Una agenda anti derechos
Wayra Villegas aseveró que la política migratoria del presidente Sebastián Piñera no dimensiona el fenómeno social complejo que es la migración y la reduce a una denominada política del orden que criminaliza para efectos de fundamentar expulsiones sumarias. Es una agenda contra los derechos humanos, que propicia la trata de personas y que genera en el imaginario simbólico de la ciudadanía que los migrantes son el problema del desorden en el país, aseveró.
“Esta nueva ley lo que hará es generar mayor trata de personas, mayor ilegalidad, que ya no es un acceso directo sino que va a ser a través de los Consulados de sus países de orígenes lo cual ya se ha comprobado a nivel mundial que genera la trata de personas, que genera estos negocios turbios de cobrar por sacar una visa, de cobrar por hacerte pasar por un paso no habilitado y evidentemente eso no lo ve el gobierno porque no hay un enfoque de derechos humanos”, sostuvo.
A eso agregó que hay un desentendimiento por parte del gobierno de los motivos detrás del éxodo. “Hay diversos contextos por los cuales las personas salimos de nuestro país de origen, puede ser por crisis políticas internas, por crisis económicas, por motivos de asilo y refugio que de hecho esta nueva ley de migración desconoce absolutamente, sabiendo que Chile es un país garante de asilo y refugio en América Latina, pero se pasan por encima todos los acuerdos con esta ley”.
El simple deseo de migrar también uno de los motivos que moviliza a las personas por el mundo, iniciativa que según Villegas no debe ser cosificada o mal mirada en cuanto es el legítimo derecho de ampliar horizontes, conocimientos y culturas. “Es una posibilidad de enriquecer nuestras existencias” mencionó.
En orden de superar esta crisis, la vocera de la organización feminista aseguró que se debe avanzar a una concepción de la migración desde los derechos humanos, el feminismo y la multiculturalidad, lo que no sólo tributa a los y las migrantes en Chile sino además a los y las chilenas que se encuentran en el exterior.
“No se le ha visto esta riqueza intercultural que puede traer la migración para un país como Chile sobre todo en la coyuntura de una nueva Constitución, por eso es importante también poner sobre la mesa en este nuevo proceso de Constitución que la migración sea vista desde una amplia visión de los derechos humanos y desde la interculturalidad, teniendo en cuanta a las personas chilenes en el exterior, también son migrantes, de hecho en el Comité Migrante del 8M hay chilenes en el exterior, en Argentina, Brasil y Bolivia que han regresado y se sienten totalmente pasados a llevar sus derechos”.
Los cambios en esta materia deben tributar a contrarrestar la idea homogénea de identidad nacional que niega todo lo nuevo y diferente, mencionó Villegas. En lo relativo a la afección de las mujeres y en consecuencia a las infancias, hizo hincapié en la necesidad de instaurar un sistema plurinacional de cuidados.
“Desde la perspectiva feminista hablamos de una ética del cuidado, de un sistema plurinacional de cuidados, de su redistribución para las mujeres migrantes que tenemos harta data vulneración de los derechos”, concluyó.
