Este lunes, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados discutió y votó hasta total despacho el proyecto de reforma constitucional que habilita un nuevo giro desde las cuentas de capitalización individual.
Objeto de numerosas indicaciones, la iniciativa ha sido duramente criticada por el Gobierno que ha recalcado que se trata de una mala política pública que afecta negativamente a la economía y, consecuencialmente, a quienes tienen menos recursos por la posible alza en la inflación lo que encarecería bienes de consumo necesario.
Una de las principales indicaciones que decía relación con disminuir la regresividad del proyecto al hacer tributable este nuevo retiro, propuesta por el diputado Matías Walker (DC), buscaba que quienes tengan ingresos superiores a los 3,6 millones de pesos mensuales pagaran impuestos por el retiro. Sin embargo, fue declarada inadmisible por 8 votos contra 5.
La diputada autora de este proyecto de cuarto retiro desde los fondos de pensiones, Pamela Jiles, criticó la indicación y señaló que se trataba de una modificación que causaba discriminación arbitraria y finalmente atentaba contra el objetivo de la reforma constitucional.
“En este caso está en contra de la idea matriz del proyecto que presenté hace cinco meses y que estamos tramitando y que busca entregar fondos de forma universal justamente sin discriminación a las personas para enfrentar la pandemia y no crear un tributo a partir del mismo” dijo Jiles.
“Esta indicación es discriminatoria y no universal”, agregó la parlamentaria.
Por otra parte, sí se aprobó la indicación presentada por del diputado Jorge Durán que amplía a dos años el plazo para solicitar el giro desde los fondos previsionales para realizar el retiro, así como también aquella presentada por la bancada de Apruebo Dignidad en orden a retirar el 100% de los fondos en caso de enfermedad catastrófica, con un tope máximo de retiro de UF1.350.
Otro punto que requirió una larga discusión fue el relativo a las rentas vitalicias, ya que, luego de la controversia con las compañías de seguros, se propuso un cambio respecto de lo aprobado anteriormente: que no haya una baja permanente en la pensión, sino se realice una devolución de los fondos retirados de modo que el pensionado pueda volver a recibir la pensión previa al giro.
En ese sentido, el diputado Matías Walker interpeló al Gobierno a hacerse cargo de las posibles controversias con las compañías de seguros apoyando un instrumento de préstamo con tasa de interés cero para los pensionados.
“Quiero preguntar si no considera el Gobierno que puede establecer exactamente en su rol de colegislador aquella fórmula que había propuesto en el veto, que el anticipo lo otorgara el Estado, obviamente a una tasa de interés cero porque el BancoEstado lo ha hecho con muchos instrumentos de leyes que hemos aprobado en la Cámara y se va descontando mes a mes y así no tenemos el problema de las demandas, de las compañías de seguros ante el CIADI, la Fifa o ante cualquier órgano internacional”, señaló con ironía el parlamentario democratacristiano.
“Acá el Ejecutivo tiene una posibilidad en su rol de co legislador de participar en la misma fórmula y entregar ese anticipo, ese adelanto”, expresó el diputado.
El ministro Segpress, Juan José Ossa, quien participó de manera remota de la sesión, desestimó que el Gobierno vaya a hacerse parte de este proyecto y aseguró que ejercerá su rol de defensa de los intereses nacionales en caso de existir controversias a resolver en los Tribunales internacionales.
“Nos toca defender el patrimonio del país en los tribunales internacionales, pero no nos toca defender a las compañías de seguro de decisiones que han sido adoptadas por el Congreso Nacional en sus votaciones. Recogemos lo que ha señalado el diputado Walker, pero vuelvo a señalar que no está en los planes del Ejecutivo en este momento contribuir ni colaborar con las compañías de seguro, se trata de un diferendo que hay que zanjar en los tribunales internacionales”.
Un asunto que causó también un debate acalorado fue la propuesta del diputado Jorge Durán para prohibir la estatización o expropiación de los fondos de pensiones, ya que de haber sido admitida habría causado el cambio en el quórum de aprobación desde tres quintos a dos tercios, es decir, 103 votos. Sin embargo, tal indicación fue rechazada.
Entre otros temas que se aprobaron, está la implementación de un plazo para el pago del retiro, en orden a que los Tribunales de Familia puedan revisar si el solicitante tiene o no deudas de pensión alimenticia que liquidar. Según el diputado Vlado Mirosevic, uno de los autores, este lapso obra en favor de los hijos e hijas de los deudores de las pensiones alimenticias.
“Segun datos de la Superintendencia de Pensiones solo el 88,7 por ciento de las liquidaciones fueron pagadas, hay un porcentaje cercano al 11% que no logró ser pagado dado que el solicitante de su retiro lo hizo antes de que el Poder Judicial pudiese tomar acción para establecer la retención forzada. Nosotros hemos establecido diez días como periodo para que el Poder Judicial pueda tomar las acciones da tal manera que se retenga (a los deudores) forzadamente el 10% para liquidar la deuda con sus hijos e hijas”.
Asimismo se aprobó lo propuesto por la diputada Carolina Marzán para que la Superintendencia de Pensiones pueda cursar multas de hasta 15 mil UF a aquellas AFP que contravengan una orden judicial y no transfieran los montos por pensiones de alimentos a la madre.
La sesión de Sala de esta martes está citada para las 14.30 horas y ya se fijó un tiempo de intervención de cinco minutos para cada parlamentario que se inscriba para participar. La reforma constitucional pasará a su siguiente trámite si alcanza el quórum de 3/5, esto es 93 diputados.
