“La historia de Colonia Dignidad no ha terminado” afirma el grupo de seis personas que en su infancia fueron abusados de distintas maneras, incluyendo la esclavitud, maltratos y sexualmente, en el enclave alemán que encabezaba en esa época Paul Schaeffer.

En una carta pública dirigida a las autoridades chilenas y alemanas, sostienen que “la historia de la serie de Netflix está contada mayoritariamente por victimarios, algunos de ellos condenados por los graves crímenes que cometieron. Está contada como si hubiera sido obra de un solo hombre, lo que constituye una visión reduccionista que no podemos aceptar”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado de los firmantes de la misiva, Hernán Fernández, comentó que “hoy en Colonia Dignidad coexisten las víctimas verdaderas con los nuevos opresores que son los hijos de los antiguos jerarcas y otros aliados de estos jerarcas que se quedaron con todo el patrimonio que utilizan de manera ambiciosa y egoísta”.

El profesional indicó que están exigiendo “que las autoridades de Chile y de Alemania cumplan con su deber. Ha sido demasiada tardanza, han sido décadas, 50 años de impunidad, de injusticia, de escándalos y las autoridades políticas de Chile y las autoridades políticas y de la diplomacia alemana no han cumplido sus deberes”.

De hecho, en la carta el grupo acusa al Estado alemán de seguir dialogando con los nuevos jerarcas de la colonia. “Le importan más las estructuras y la existencia de las empresas que las verdaderas víctimas y al apoyar a las empresas son responsables de la opresión y la injusticia que ellos representan”, sostiene la misiva, donde rechazan además la mantención en libertad del doctor Hartmut Hopp en la nación europea, quien jugara un rol fundamental como lugarteniente de Schaeffer, por lo que también es responsable de los abusos que se cometieron en el predio vecino a la comuna de Parral.

“Colonia Dignidad es una tragedia, no está causada por un desastre natural, este es un desastre humanitario del que son responsables sucesivos presidentes”, puntualizó el abogado Fernández, quien agregó que “la dictadura fue cómplice criminal y los gobiernos democráticos han sido cómplices pasivos de la desgracia de las víctimas. Generaciones de víctimas y décadas de negligencia del Estado de Chile”.

Junto con rechazar las actividades turísticas que hoy promueve la Colonia Dignidad, en la carta también se emplaza al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín a renunciar a su cargo y a expresar disculpas por haber defendido al sitio y los responsables de sus vejámenes.

“Este es un tema de derechos humanos. El señor ministro de Justicia, el ministro del Interior, todos los que son responsables de esta desgraciada tragedia deben tener actividad, no pueden estar esperando que las víctimas le golpeen la puerta, que las víctimas le lleven las soluciones porque las víctimas no tienen el poder que ellos sí tienen”, recalcó Fernández.

Junto con los atropellos cometidos contra menores de edad, el recinto también fue utilizado como centro de prisión política, tortura y desaparición de personas, además de prestar apoyo con una sofisticada infraestructura militar y de inteligencia puesta a disposición de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.