A tres días del 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó un balance sobre las causas de violaciones de derechos humanos que se perpetraron en el marco del estallido social, su avance en materia de justicia y una evaluación sobre el cumplimiento del Estado en materia de reparación y no repetición consagrado como mandato en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la cuenta, el organismo reportó que 2.917 querellas fueron presentadas por el INDH bajo el concepto de vulneración a los derechos humanos, de las cuales 53 terminaron en investigaciones formalizadas, 111 fueron los imputados formalizados y, de esos, resultó un sólo caso de sentencia condenatoria. Cifra bastante inferior considerando las 8.579 denuncias en su conjunto que recibió el sistema de justicia y que empezó a investigar el Ministerio Público desde octubre del 2019.

Al 21 de septiembre del 2021 las querellas del INDH alcanzaron 3.072, de ellas 70 se constituyeron en investigaciones formalizadas. Si bien es un leve avance para las causas patrocinadas por el organismo, menos del uno por ciento del total de denuncias que empezó a investigar el Ministerio Público tiene una formalización, porcentaje que se ha mantenido luego de dos años del 18 de octubre.

De las querellas presentadas por el INDH, 136 fueron los imputados formalizados y 4 las sentencias condenatorias, lo que representa el 0,03 por ciento del universo total de las denuncias que ingresaron al sistema de justicia y que comenzó a investigar la Fiscalía, informó el organismo.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH agregó que las debilidades del sistema de justicia también se encuentran en lo referido al protocolo Estambul, que se esgrime en los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Durante el 2020 se aplicaron 175 protocolos Estambul de las 632 querellas que interpuso el INDH en las que se solicitaba esta diligencia. A dos años del estallido social el balance del organismo es que se ha avanzado muy poco en esta área en la medida que se han aplicado 218 protocolos del total de querellas presentadas por el INDH y que el número no varía tanto si se considera el universo conjunto de las causas que tiene la Fiscalía.

En total son 3.528 las víctimas que son representadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta septiembre de este año.

Chile no condena

Sobre los nudos críticos en las obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, la apreciación de Bustos fue que existe una falta de sanción muy generalizada de estas graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto del estallido social. Antes de la crisis del 18 de octubre, menos del uno por ciento de las causas de violencia institucional terminaba en condena y hoy, a dos años de esa fecha, el porcentaje es de 0,03 por ciento, lo que indica que el Estado no ha cumplido con condenar los atropellos más graves en contexto democrático. 

Y la clave para efectos de revertir la situación es dinamizando el proceso judicial de las causas que se encuentran en Fiscalía. Al respecto Bustos señaló que “el Instituto ha instado una y otra vez a que hayan fiscales exclusivos, que hayan fiscales preferentes en los lugares donde no los hay y que se cumpla el oficio de la Fiscalía Nacional respecto a las diligencias mínimas, por ejemplo de decretar una decisión de no perseverar”.

No corregir el factor de la tardanza incurre en impunidad. En el caso de los protocolos Estambul, Bustos informó que muchos se han aplicado luego de seis meses, un año, un año y medio y ahora, hasta dos años de sucedido el hecho, lo que deja sin efecto el objetivo de la diligencia en cuanto hace difícil dar cuenta del daño físico y psicológico de una víctima de tortura. 

Por otro lado el encargado de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto hizo hincapié en la necesidad de contar con brigadas de derechos humanos de la Policía de Investigaciones en regiones a modo que colaboren con las investigaciones. Requerimiento que se ha levantado de parte del INDH pero que no se ha cumplido.

En síntesis, Bustos sostuvo “Más allá de que se ha ido avanzando en algunas investigaciones, que hay formalizaciones, que hay cuatro condenas, que hay algunas medidas que los órganos del Estado están tomando especialmente en los últimos meses, la conclusión no es alentadora”.

Al respecto Sergio Micco, director del INDH desarrolló una sentida alocución en cuanto las cifras que reportan en este informe evidencian un panorama desolador en la medida que el Estado de Chile se encuentra más próximo a la impunidad que a la justicia, vulnerando así el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que el Estado debe prevenir, investigar, y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, procurando el restablecimiento del derecho conculcado y la reparación de los daños producidos.

Sergio Micco.

Así lo ha advertido el INDH en múltiples instancias, en la presentación del primer reporte sobre el estado de las causas de violaciones a derechos humanos que efectúo el Instituto en Rancagua, con la presencia de la entonces única víctima cuyo agresor fue condenado, en las comisiones del Congreso en la materia y en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal que se desarrolló este 19 de abril aseguró Micco, donde se informó al resto de los organismos presentes que el Estado que no ha dado los medios para prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos.

“Nosotros dijimos nuevamente que Chile no estaba cumpliendo con sus estándares, con sus deberes en materia de derechos humanos, delante de todas las autoridades, lo dijimos el 19 de abril (…) Coincidimos en los hechos de ese diagnóstico, nadie lo refutó y propusimos una serie de medidas concretas, precisas, para avanzar en materia de verdad y justicia. Entonces la pregunta que nos hemos hecho hoy día como Instituto es qué decir de los hechos casi nueve meses después de nuestro encuentro realizado en la ciudad de Rancagua. La respuesta está en este segundo reporte”, lamentó.

En esa línea el director del INDH criticó el discurso oficial en materia de la verdad y justicia que ha mantenido el gobierno de Sebastián Piñera, en cuanto su posición ha sido la de “refugiarse en la errada idea” de que es potestad exclusiva de los tribunales el proveer este derecho a las víctimas, lo que no puede ser efectivo, aseveró Micco, en la medida que el proceso judicial que implica hacer presentaciones de esta naturaleza acarrea una triple vulneración, primero considerando el grave prejuicio que se la ha provocado a la victima, la revictimización que es revivir esta transgresión en el proceso y la prolongada espera de la deliberación de los tribunales, que además se ha visto dilatada por factores coyunturales como la emergencia sanitaria.

“Con el paso del tiempo, sin resultados palpables en un gran porcentaje de casos, sin haber siquiera haberles tomado declaración ni practicada la pericia legal, se comienza abrir un tercer drama: se produce en la víctima y en sus familiares cansancio, desesperanza y también el abandono de una sociedad que ya no quiere saber más de su causa, que por justa que se haya considerado, ya es molesta por inoportuna”, sostuvo.

En esa línea Micco señaló que el rezago en materia de derechos humanos es lamentable en cuanto las víctimas saben que el organismo es parte del Estado que está en falta “y eso con dolor tenemos que sentirlo”, agregó.

Con el objeto se subsanar esta grave situación es que el representante del INDH insistió en la necesidad de presentar un proyecto de ley integral de reparación que incluya la indemnización de la víctima al daño físico, mental, a la pérdida de oportunidades, daños, perjuicios materiales y rehabilitación. Además la verificación de los hechos, la revelación pública y completa de la verdad por medio de una declaración oficial que reestablezca la dignidad de las personas y que considere la aceptación de responsabilidades, entre otras disposiciones.

Asimismo, implementar medidas de no repetición con énfasis en la restructuración de Carabineros a modo de revisar la doctrina, la estructura orgánica, la cultura interna, los mecanismo de selección, el retiro y todo lo que dice relación con formación, capacitación inicial y permanente de los funcionarios. Esto en vías del bienestar de la misma institución, reparó Micco, en la medida que sin la legitimidad de la ciudadanía que la considere digna de respeto a dicha autoridad, el uso de la fuerza física- aunque esté revestida de legalidad- siempre terminará fracasando, consideró.