Este jueves los pescadores artesanales de la caleta Sudamericana increparon al gobernador marino, Nelson Saavedra, por los trabajadores que resultaron heridos con impactos de perdigones en el marco de la protesta que realizaron este miércoles. Un conflicto que se agudizó hoy con el cierre del muelle Prat por parte de la Armada.

Y es que ocho años han pasado desde que estos trabajadores debieron abandonar la capital regional a raíz de una obra en el terminal número dos de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV). Extensión por la que debieron ser trasladados a la caleta el Manzano en Quintero, no obstante el plazo para pescar en el lugar caducó el pasado dos de agosto, motivo por el cual los pescadores llevan más de un mes sin actividad.

En Quintero además acusaron haber sufrido mermas económicas importantes considerando los tiempos de traslado, al ser ellos ciudadanos de la ciudad de Valparaíso. Este miércoles Jorge Urrutia, presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta Sudamericana explicaba que, producto de la fatiga de las jornadas, muchos de los trabajadores sufrieron accidentes automovilísticos y volcamientos en el trayecto, que tomaba alrededor de cuatro a cinco horas en ir y volver entre los destinos, conllevando un gasto en bencina costeado por los pescadores.

Los términos del acuerdo con el que se retiraron de Valparaíso el año 2013 consideró una indemnización de 6500 millones de pesos, un compromiso de no retorno y la construcción de una nueva caleta en la que ellos podrían desarrollar la actividad pesquera de manera permanente, pero de esta última no hay registro de construcción alguna en ocho años.

Es en ese contexto es que desde el miércoles han realizado manifestaciones en la inmediación del muelle Prat donde también han levantado ollas comunes para efectos de mantener su subsistencia. A partir de esa protesta es que se generó un conflicto con funcionarios de la Armada, resultando tres trabajadores heridos por el impacto de perdigones.

La tensión ha escalado entre las partes: por un lado se pide la destitución del delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, por el incumplimiento del acuerdo y por su falta de disposición al diálogo, mientras que funcionarios de la Armada presentarán una querella y una denuncia por los enfrentamientos en el muelle Prat.

Por su parte Martínez consideró que el petitorio levantado por los pescadores era imposible de costear en la medida que solicitaban bonos del Estado de 27.586 millones de pesos y que se les mantuviera un aporte mensual en la remuneración de casi 2 millones de pesos por cada pescador, más 4 millones de pesos por cada dueño de bote.

Pero las cifras que maneja el representante del Gobierno serían erradas, así manifestó este jueves en un punto de prensa el presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta Sudamericana, en cuanto la indemnización que se pide son de 450 mil pesos mensuales por cada pescador durante el plazo que tome construir la caleta comprometida. 

“Iniciamos una mesa de trabajo con él y la dejó botada, no hubo respuesta y por eso está perdido en el tema, en realidad esa no es la cifra que estamos pidiendo, la cifra no es ni un tercio de lo que está hablando él entonces me admira que como representante del gobierno no sepa, porque este petitorio se le mandó a la Subsecretaría de Pesca y ella lo sabía, la señora Alicia Gallardo. Ellos se comunican y me sorprende que no sepa el tema”, señaló.

Los pescadores mantuvieron una mesa con el delegado presidencial que duró más de dos meses con lo que se esperaba una resolución de parte de la autoridad en un plazo de 20 días. Hoy ya son 76 días los que han pasado fuera del plazo en el que se debía emanar una respuesta.

Otra aspereza ha provocado la fecha de entrega de la caleta. Si bien el Gobierno estima que ésta sería para el 2024, Felipe Olea, abogado de los trabajadores pesqueros señaló que el plazo manifestado por las autoridades no calza.

“Ha dicho el mismo gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso que va a iniciar recién en los próximos cinco años pero, a ver, si el Gobierno dijo que en los próximos cuatro años entregaba una caleta y EPV dice que en los próximos cinco años se va a poner a trabajar, entonces hay algo que no cuadra”, criticó.

Por su parte, para el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, todo el conflicto radica en un perjuicio en la mantención del acervo productivo y cultural de la pesca artesanal. Por este motivo es que dijo asumir un compromiso para hacer lo posible con tal de que el ministro de Economía, Lucas Palacios, responda a los trabajadores en el territorio.

“Han tenido cuatro años esta gestión de este gobierno de Piñera para resolver el problema de la caleta Sudamericana pero antes tuvieron ocho años desde el 2013 en adelante. Alguien piensa que los trabajadores artesanales de la Caleta Sudamericana pueden esperar cuatro años sin poder desarrollar sus labores en el mar? ¿Alguien piensa que lo que están pidiendo es descabellado cuando están pidiendo 450 mil pesos por pescador artesanal? ¿Alguien piensa que con 450 mil pesos van a poder sufragar todas sus necesidades? Yo creo que hoy día los representantes de este gobierno deberían tener una gota de humanidad y una gota de dignidad y venir al territorio“, aseveró.

Asimismo, Mundaca anunció que presentará una denuncia por los pescadores “malamente heridos” por los proyectiles perpetrados por los funcionarios de la Armada. Presentación que se efectuará de manera paralela a la que ingresará el Instituto de Derechos Humanos que acompañó a los trabajadores afectados a la posta de Valparaíso este miércoles.

Por su parte, la consejera regional Nataly Campusano, acusó al delegado presidencial de instalar una violencia de parte de los manifestantes que no se corresponde con los hechos que sucedieron en el muelle Prat, tal como el corte de las cadenas de los barcos varados en el lugar. En ese sentido consideró que la autoridad eludió las demandas de los pescadores.

“Cuando él se refiere que son unos violentistas los trabajadores sin acoger ni dar ningún pronunciamiento a las demandas que ellos están exigiendo, claramente eso también es un acto de violencia. Invisibilizar el hecho que no tienen para comer los pescadores porque no tienen donde trabajar. El delegado presidencial está siendo un obstáculo para que ellos puedan desarrollar su trabajo que es parte de un derecho fundamental, por tanto creo que queda más que claro que no existe voluntad de este gobierno”.

Nataly Campusano.

En esa línea consideró que “el delegado Martínez está cumpliendo un rol de vocería de candidaturas presidenciales atendiendo que es la misma línea que está indicando el candidato Kast y Sichel de argumentar cualquier acción que tenga que ver con justicia social o con derechos por parte de algunas comunidades o trabajadores, tiene que ver con violencia“.

En lo relativo a Martínez, Mundaca lo calificó como un freno al proceso descentralización que debería dar un paso al costado.

“Ha llegado el momento de quien se sienta a prometer falsas promesas cual encantador de serpientes, dé un paso al costado porque el delegado presidencial en la Región de Valparaíso es un obstáculo al proceso de descentralización pero también es un obstáculo puesto que promete cosas que después no cumple y se generan situaciones como la que se generó ayer en el muelle Prat”, manifestó.