A dos años de la crisis político-institucional y de las manifestaciones de octubre de 2019, la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, planteó la necesidad de relevar la transparencia y el derecho de acceso a la información como Derecho Humano fundamental. Esto, a su juicio, es clave “para el restablecimiento de las confianzas y de la estabilidad política nacional que nuestro país demanda con urgencia”.

La titular del CPLT recalcó que este hito social podría haber sido el “momento culmine” de un proceso que luego logró ser encauzado institucionalmente, pero “hoy pareciera que estamos frente a un escenario igual o más crítico que en la época pre-estallido”.

“Investigaciones por mal uso de gastos reservados, prisión preventiva para ex generales de Carabineros por malversación de caudales públicos, el escándalo del caso Pandora Papers, que ha derivado en nada más ni nada menos que una acusación constitucional e investigaciones penales por parte de la Fiscalía Nacional al Presidente de la República, entre otros, son preocupantes ejemplos de aquello”, agregó.

De la Fuente detalló algunos de los avances en materia de acceso a la información a partir del uso de la Ley de Transparencia y de herramientas y mecanismos establecidos por la norma tanto durante el desarrollo de las manifestaciones como posteriormente. Mencionó, por ejemplo, el trabajo de fiscalización a comisarías desarrollado por el Consejo para la Transparencia en octubre de 2019, que permitió conocer la situación de los registros de detenidos durante el estallido social y poner en valor el libre acceso a estos.

A ello sumó la decisión del organismo tras un requerimiento de acceso a la información de los registros de las cámaras Go Pro usados por efectivos policiales en las manifestaciones, destacando el ejercicio del “rol de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos públicos”.

Asimismo, recalcó el uso intensivo del ejercicio del derecho de acceso a la información. “Durante el 2020 se realizaron casi 250 mil solicitudes de acceso a la información a los organismos públicos y se interpusieron más de 8 mil 500 reclamos ante el Consejo para la Transparencia, llegando ambas cifras a su máximo histórico”, puntualizó.  “Sólo un ejemplo, entre el 2019 y el 2020 aumentaron en un 29% las solicitudes de acceso a información a la Agencia Nacional de Inteligencia, gran parte de ellas sobre antecedentes y materias asociadas al estallido social”, dijo.

Reforma a Carabineros

La presidenta de Transparencia abordó también los déficits y materias pendientes en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información del Estado. Al respecto apuntó a “la necesaria reforma a Carabineros y las Fuerzas Armadas, habida cuenta de los importantes espacios de secretismo y opacidad y la falta de rendición de cuentas que aún se mantienen en el funcionamiento de estas instituciones”. A esto, sumó, “el déficit en materia de integración de datos públicos que vimos claramente ejemplificado en las diferencias de cifras de detenidos del estallido social que exponían diversas instituciones públicas que investigaban esta situación”.

Por ello, el llamado de la titular del CPLT es a “fortalecer los marcos normativos e instituciones que son parte del sistema de transparencia, probidad, anticorrupción y rendición de cuentas del Estado, y el proceso constituyente es una instancia privilegiada e inmejorable para lograrlo”.

Aseguró que para ello se requiere no sólo plasmar la transparencia y el derecho de acceso a la información “como principios transversales en la nueva Constitución, sino que es sumamente relevante que éste sea reconocido explícitamente como un derecho humano garantizado y la institucionalidad encargada de velar por este derecho tenga un estatus apropiado y disponga de las facultades necesarias que estén acordes a la enorme responsabilidad que ello conlleva”.