Este lunes el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales publicó el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2021”, que analizó la disposición del Estado en materias de acceso a la justicia y a la educación, los derechos de los y las trabajadoras, mujeres, infancias, adolescencias, pueblos originarios y política migratoria en parangón a los estándares internacionales de derechos humanos y en consideración al contexto de la crisis sanitaria del Covid-19.

Y es que el informe sostiene que la pandemia agudizó la pobreza y situación de vulnerabilidad de la población mundial afectando en Chile particularmente a niños y niñas, “ya sea por la pobreza multidimensional que sufren“, como “por los obstáculos para acceder a la educación“. Del mismo modo la pandemia repercutió fundamentalmente en las mujeres en cuanto asumieron mayor carga laboral tanto por las tareas de cuidado como por la implementación del trabajo remoto y se advirtió que “la crisis sanitaria sobreexpuso a las víctimas a más violencia de género producto del confinamiento y, si bien hubo más llamadas a los teléfonos de emergencia, ello no se tradujo en más denuncias en tribunales”, se observó.

Lo anterior es evidencia de la falta de acceso a la justicia que posiciona en el epicentro de la problemática a mujeres, infancias y adolescencias, se constató. Un defecto del sistema que se identificó además en los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos tras octubre del 2019. En ese sentido, el informe señala que “a dos años del estallido social, los resultados en materia de juicio y castigo a los responsables de esas violaciones son muy desalentadores (…) la justicia no sólo ha tardado, sino que en muchos casos no ha llegado para los cientos de personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado o vieron vulnerados sus derechos fundamentales en el marco de la protesta social”.

“No se puede desconocer que el trabajo realizado por el Ministerio Público con énfasis, con la prioridad, la diligencia necesaria, la importancia de investigar cuando las violaciones a los derechos humanos han sido cometidas por agentes del Estado no ha estado a la altura de como un sistema de protección y de acceso a la justicia debería tener”, señaló al respecto la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas.

Del mismo modo se observó una desproporcionalidad en el uso de la prisión preventiva, lo que atenta contra el principio de inocencia de las personas imputadas y criminaliza el derecho a la protesta. En este punto se reparó en la falta de datos unificados y precisos que puedan dar cuenta del real número de personas que se encuentran imputadas y privadas de libertad.

En lo relativo a la situación de los pueblos originarios, el informe señala que existe “un espiral de violencia particularmente en la Araucanía” que se ha incrementado debido a la militarización y que esta se ha establecido a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales. En ese sentido se sostiene que el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuche se sigue desarrollando desde una lógica de guerra, y el  Ejecutivo, por medio del estado de excepción, ha pretendido “reducir las críticas de organizaciones de transportistas movilizados por la falta de seguridad que ellos denuncian”, sin embargo, “es muy improbable que esa medida pueda detener o solucionar un conflicto de larga data con raíces históricas” y, que por el contrario, puede agudizarlo.

“La intensificación de la presencia militar en la zona sur ha sido un elemento que vienen desde hace mucho tiempo y con especial énfasis desde que asumiera el presidente Piñera. Hemos visto que la violencia no se ha reducido sino que claramente ha aumentado y lo que se requiere es la búsqueda de caminos de diálogo y por eso también estamos esperanzados en lo que pueda realizar el instituto noruego para acercar posiciones entre el Estado y las comunidades mapuche”, sostuvo Casas.

Respecto a la disposición del gobierno el estudio afirma que “estamos ante una visión de los conflictos sociales que no permite detenerse en sus causas ni menos en sus posibles soluciones, y que solo centra su atención en la respuesta penal y de control social“.

En cuanto a política migratoria, el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la UDP identificó una narrativa de invasión a propósito del ingreso masivo de población migrante, en especial la venezolana. Así, se pone particular énfasis en analizar los discursos y prácticas del Estado de Chile y la actual administración de Sebastián Piñera desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto se ve con preocupación la creación de estereotipos y discursos discriminatorios tanto hacia el pueblo mapuche como a las personas migrantes. 

“Frente al aumento importante de población migrante que ha ingresado al país de manera irregular hemos visto como la respuesta del Estado ha estado solo dada por una respuesta sancionatoria sin un diálogo con otros países de la región para abordar las problemáticas de los países de origen que causan la migración, de manera conjunta y además sin una perspectiva de derechos humanos llevándose adelante entonces procesos de expulsión que no solamente son ilegales por contravenir las normativas internas del país sino que además son colectivas y las expulsiones colectivas están prohibidas por el derecho internacional”, mencionó Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.

Precisamente el informe destaca que las expulsiones colectivas de personas migrantes no solo están reñidas con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que han sido declaradas ilegales y arbitrarias por los tribunales superiores de justicia del país. Así, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han revocado un importante número de expulsiones de personas migrantes por considerarlas arbitrarias e ilegales, principalmente, por no respetar el derecho al debido proceso.

El trabajo que consta de once capítulos temáticos redactados por 18 académicas, académicos y profesionales del Derecho, considera al proceso constituyente como el camino para la reconstrucción democrática y como salida a la crisis política y social del país. Lo anterior con algunas consideraciones a poner atención como es el alto abstencionismo electoral dado que, si bien para el plebiscito de octubre 2020 hubo la mayor participación en la historia del país, alcanzando el 51 por ciento del universo electoral, el número de votantes que concurrió a las urnas para la elección de constituyentes fue considerablemente menor, y el nivel de participación que tuvieron las elecciones de constituyentes de escaños reservados entre los pueblos indígenas también fue bastante bajo (casi el 23 por ciento del padrón indígena).

Para ello  se sostiene que será fundamental “el proceso de participación y consulta que realice la Convención y de cómo este logre legitimarse como un camino de diálogo entre las comunidades y pueblos indígenas“, entre otras observaciones.

Para acceder al informe completo, hacer clic en el siguiente enlace.