Durante la mañana de este lunes, los alcaldes y alcaldesas de comunas como Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Renca, Quilicura y San Joaquín, entre otros, llegaron hasta la Oficina de Partes de La Moneda para entregar una carta en la que manifestaron su preocupación respecto de los “delitos violentos” que se han registrado durante las últimas semanas en distintos barrios del país.
En el escrito, los jefes comunales criticaron la “desidia e inacción que ha demostrado” el Gobierno “para abordar las problemáticas de delincuencia y los altos niveles de violencia”. Según establecieron, durante los últimos meses se registró un avance del crimen organizado y una creciente circulación de armas. “Esta es una realidad que se viene desarrollando en Chile desde hace años, pero que se ha agravado y evidenciado más brutalmente cuando el año 2020 constatamos el aumento de un 20% de los homicidios, de acuerdo a las cifras de la Fiscalía Nacional”, subrayaron.
“De estos, un 45% se perpetró con armas de fuego. Al mismo tiempo, vimos con estupor cómo los delitos violentos durante la pandemia mantuvieron la misma tendencia que en un contexto de normalidad. Más precisamente, entre el 2020 y el 2021 se registraron alzas significativas en los delitos violentos”, añadieron en el texto.
De esa manera, las autoridades comunales exigieron al Gobierno tomar medidas concretas frente a esta situación. En ese sentido, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, hizo un llamado al Ministerio del Interior y manifestó que es necesario “tomar medidas urgentes” en materia de seguridad.
“Necesitamos políticas públicas que pongan en el centro la seguridad, resguardo y protección de las personas. Es por ello que también hacemos un llamado a que la distribución de carabineros se enfoque, urgentemente, en aquellos lugares en donde hay mayor hechos de delincuencia y, particularmente, homicidios”, dijo.
“Esto no puede seguir así en nuestro país. Como municipio nos toca poner toda la disposición a trabajar en conjunto y así lo hemos hecho, así como también tomar acciones de prevención. Sin embargo, si el Gobierno central no hace la tarea que tiene directamente respecto del control de armas, respecto del control del orden público, así como también de la persecución del delito, esto no va a hacer suficiente”, agregó.
Créditos imagen: Luis Hidalgo. Municipalidad de Santiago.
Por su parte, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, sostuvo que entre las y los vecinos existe una percepción de impunidad respecto de estos hechos y manifestó que, en general, la población siente que el Estado abandonó esta materia. Asimismo, manifestó que los municipios sólo pueden tomar medidas preventivas y señaló que es el Gobierno el que tiene las facultades para actuar ante estos delitos.
“No tenemos herramientas para combatir el crimen organizado como sí las tiene el Gobierno y las instituciones del Estado y las policías que están llamadas para poder hacerlo. Nuestra preocupación es que nuestros vecinos hoy no están pudiendo cumplir el acceso a un derecho que es fundamental: el vivir en un ambiente sin violencia y seguro”, enfatizó.
En tanto, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, afirmó que es necesario establecer un nuevo mecanismo de distribución de recursos y policías para los municipios. “Hemos visto con estupor, con dolor, cómo en las últimas semanas, a diario, se producen graves crímenes con armas de fuego que terminan con la vida de vecinos y vecinas de nuestras comunas y, sin embargo, no sólo no se ha distribuido la policía de manera distinta, sino que además en los últimos años se ha reducido, permanentemente, los recursos que entregan a los municipios para prevención social y situacional”, comentó.
“Por eso, no sólo le representamos al Gobierno el grave fracaso de su política de seguridad, sino que lo instamos a que en los últimos meses cumpla con la palabra empeñada y que dé una señal de compromiso para la distribución de policías de acuerdo a las necesidades de las comunas”, expresó.
En específico, la carta de los jefes comunales establece tres puntos a trabajar: la conformación de un grupo de acción inmediata en materia de inteligencia policial y persecución penal, cuyo objetivo sea desbaratar a bandas dedicadas a delitos violentos; la redistribución inmediata de la presencia policial en los sectores de mayor ocurrencia de delitos con altos niveles de violencia urbana; y la disposición de los medios tecnológicos para comunas con baja presencia policial y amplio territorio.
Según indicaron las alcaldesas y alcaldes, estas medidas permitirían amortiguar una situación que, sin duda, debe ser abordado de manera mucho más profunda. Por ello, en el escrito, las autoridades se comprometieron a seguir trabajando en este tema: “Los alcaldes y alcaldesas firmantes continuaremos trabajando desde nuestros municipios y junto a la comunidad, para reforzar la prevención comunitaria y el abordaje transversal junto a todos los organismos del Estado con la mayor disposición de coordinación para lograr un país seguro para todas y todos donde nuestras comunidades puedan vivir en paz”.
