Los diputados Luis Cuellos y Boris Barrera, ambos del Partido Comunista (PC), ingresaron ayer en la tarde un oficio a la Superintendencia de Pensiones para denunciar la campaña publicitaria de la Asociación de AFPs que tiene como lema #YoQuieroElegir.

De acuerdo con los parlamentarios, la ilegalidad de la campaña se debe a que conforme con el decreto de la Ley N° 3.500, las comunicaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones pueden entregar información relacionada únicamente a la rentabilidad de las pensiones.

Mientras que los conceptos publicitarios de la campaña se refieren directamente a las discusiones en curso, del Pleno de la Convención Constitucional y los Diálogos Sociales para la Reforma Previsional iniciados por el Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, ambos diputados solicitaron el pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones. El diputado Cuello, manifestó que la campaña constituye una abierta intervención política para defender sus ganancias y sus intereses.

“Las AFPs ya tienen sus propios defensores en la convención y el parlamento y por lo tanto deberían conformarse con eso. Sin embargo, el poder económico no va a detener el fin de las AFPs que tanto daño han hecho a los chilenos y a las chilenas”, afirmó el parlamentario.

Por su lado, el diputado Barrera agregó que con esta acción esperan “que la Superintendencia de Pensiones tome las medidas que corresponden y frenen esta campaña de intromisión, de desinformación y también de un intento por incidir en este proceso democrático que tiene que ver con un nuevo sistema de pensiones que debe salir de la nueva Constitución”.

Las autoridades del PC expresaron en la denuncia que ésta tomaría una clara “posición política respecto del actual proceso constituyente”, lo que se manifiesta por medio de una serie de conceptos publicitarios. Por ejemplo: “Yo elijo que hacer con mis ahorros previsionales” o “Yo elijo, público, privado, mixto, de reparto, individual, voluntario, libre elección…” junto con ideas presentes en la página web oficial de la campaña, donde se señala que la nueva Constitución debería garantizar “la propiedad individual de los fondos y la libertad de cada persona de decidir quién y cómo se los administra”.