El ministro Martín Arrau defendió la iniciativa y aseguró que el Congreso podrá perfeccionar el texto. La oposición anunció reserva de constitucionalidad y una propuesta alternativa: el Registro de Vándalos de Cuello y Corbata.
La Fiscalía abrió una investigación por las conversaciones entre el exrepresentante de la comunidad judía y el principal imputado del caso Audios, Luis Hermosilla. El canciller Francisco Pérez Mackenna declaró que el nombramiento no se retirará.
Los diputados Juan Santana y Luis Cuello solicitaron una revisión de la declaración de patrimonio e interés del titular de Hacienda y lo llamaron a transparentar la información. Mientras, el Ejecutivo descartó que exista tal conflicto.
El diputado criticó la rapidez de la discusión y acusó se beneficiará a las grandes fortunas, debilitando la recaudación fiscal y afectando áreas como salud y educación. De cara al debate en el Senado, pronosticó que el Gobierno “no cederá mucho”.
El parlamentario comunista arremetió contra el Ejecutivo tras revelarse que el Ministerio de Obras Públicas “encajonará” el proyecto de transformación del aeródromo Torquemada.
Las acusaciones apuntan a que el incremento resulta insuficiente y critican la falta de acuerdo con la CUT. El diputado Diego Schalper (RN) defendió al Ejecutivo y apuntó a la necesidad de reactivar la economía y considerar las cifras de desempleo.
Los diputados apuntaron a la declaración de patrimonio de los ministros, algunos de los cuales tienen participación en grandes empresas. Así, señalaron que los secretarios de Estado podrían beneficiase de la ley de reconstrucción nacional.
Dirigentes oficialistas sostienen que la reforma busca terminar con abusos en el sistema de financiamiento estudiantil. Desde la otra vereda, parlamentarios cuestionan el recorte y aseguran que vulnera un derecho social conquistado.
Descuelgues de diputados de la bancada DC y de la Federación Regionalista Verde Social frustraron el pacto que pretendía instalar a Pamela Jiles en la testera. La derecha logró articular una mayoría y se quedó con la conducción del Congreso.
El grupo, encabezado por Luis Cuello (PC), cuestionó duramente que el diputado defendiera la conmutación humanitaria incluso para condenados por violación infantil.
La investigación fue ordenada tras acoger un recurso de protección interpuesto por los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, quienes primero vieron rechazadas sus denuncias iniciales tanto por la Fiscalía y la Corte de Apelaciones de Santiago.
Enviar al diputado a la Comisión de Ética de la Cámara y el ingreso de una denuncia ante el Servel contra el Partido Nacional Libertario, son parte de las repercusiones que podrían alcanzar al candidato presidencial de ultraderecha tras sus dichos.
El parlamentario del PC aseveró que es “peligroso que se instrumentalice al Ministerio Público para incidir en el cuadro político”. Por ello, insistió en la remoción del fiscal Cooper del caso de la ex presidenta de la Cámara Baja.
El diputado cuestionó que, ante una apertura de la oposición a un acuerdo sobre pensiones, la exalcaldesa decidió adoptar una postura más cercana a la extrema derecha. Además, fue tajante respecto a los pilares mínimos para sacar adelante la reforma.
El presidente gremialista, Guillermo Ramírez, expresó su voluntad de destinar un 0,5% de cotización a un sistema de reparto para disminuir la brecha entre hombres y mujeres. Sin embargo, se desdijo tras recibir críticas del Partido Republicano.
Tras una sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios Luis Cuello (PC) y Leonardo Soto (PS) presentaron un proyecto que busca establecer por ley este principio.
En tanto, funcionarios y fiscales del Ministerio Público cuestionaron el comunicado de la Fiscalía Nacional y declaran no avalar defensas corporativas a Valencia. “Se debe velar por la institucionalidad y no por personas en particular”, subrayaron.
