Esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la delegada presidencial del Bíobío, Daniela Dresdner, se reunieron con los fiscales regionales de la Macrozona Sur en la sede de la Fiscalía Regional en Concepción. Esto tras los últimos delitos que ha reivindicado la CAM en la llamada Macrozona Sur, cuyo lider Héctor Llaitul convocó a una resistencia armada. La cita se desarrolló luego que durante esta noche una mujer de 37 años y su hija menor de edad, fueron alcanzadas por los tiros percutados en un ataque armado en un retén de Tirúa. En tanto desconocidos quemaron un hotel en el sector de Quidico, en la provincia de Arauco, cuya propiedad es del presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en Arauco, Fernando Fuentealba. 

El subsecretario señaló que la cita fue en función de cumplir un compromiso previamente adquirido con los fiscales regionales de la zona, para efectos de coordinar a todas las instancias del Estado en la persecución efectiva de los responsables de los hechos de violencia de un conflicto que no sólo tiene cronicidad, señaló la autoridad, sino que consiste en el problema histórico más grave que vive la sociedad chilena. En él se requiere mayor inversión pública para mejorar la vida de las personas y por cierto hacerse cargo de los componentes de seguridad.

Para ello es que Monsalve indicó que plantearon a las fiscalias ocupar un espacio de coordinación, denominadas “unidades de coordinaciones estratégicas”, para no sólo incorporar al Ministerio Publico sino también a Carabineros y a la PDI, al SII, a la Aduana y a la Unidad de Análisis Financiero con el objeto de dotar al Estado del conjunto de sus capacidades para “perseguir, identificar y detener a las organizaciones criminales que están detrás de los delitos”. También se solicitó a los fiscales dar a conocer de manera precisa y formal cuáles son las brechas, falencias y carencias que impiden tener mejores resultados en materia de persecución penal.

Por otro lado Monsalve indicó que conformarán una fuerza de tarea encabeza por la delegada Dresdner, “para que el Estado pueda llevar adelante mayor fiscalización en cuanto a las armas”. 

Estado intermedio

Sobre el estado de excepción intermedio, el subsecretario recalcó que el Gobierno dispondrá a una autoridad civil sobre el Ejército y que no se vulnerarán derechos fundamentales como el derecho a la reunión o de libre tránsito. En eso relevó la necesidad de aplicar esta medida señalando que el control de los delitos en la zona amerita un robustecimiento de las fuerzas de seguridad, y en eso, vehículos y equipamiento personal blindados, puesto que de lo contrario “no es posible llevar tareas preventivas o de control policial”.

“Para poder hacer una buena persecución penal y para identificar a los responsables es muy importante la oportunidad con la que los fiscales y los laboratorios de criminalística llegan al punto donde se cometieron los delitos y no se puede llegar porque no hay equipamientos blindados y por lo tanto cuando los equipos que van a buscar la evidencia llegan 24 horas después, no hay evidencia para identificar a los responsables, entonces lo que el Gobierno está planteando es dotar de las capacidades para proteger la seguridad y la vida de las personas, en lo que se ha denominado vida esencial y poder liberar capacidades policiales para proteger la seguridad de los chilenos en sectores rurales o en sectores urbanos”, sostuvo.

Por su parte, el director de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional y coordinador de la Macrozona, Cristián Paredes Valenzuela, aseguró que en la Macrozona Sur ha habido un aumento de la violencia rural la que se concentra en la Región de la Araucanía con el 80 por ciento de los delitos, seguido por el Biobío con un 16 por ciento, Los Ríos con un 4 por ciento y la región de Los Lagos que “presenta algunos episodios que si bien son marginales, generan la preocupación para actuar de manera conjunta”, indicó.

Además señaló que los principales delitos que se cometen en el área están compuestos por delitos de usurpación, incencdios, robos, hurtos y receptación, amenazas y delitos relacionados al control de armas, y que la concurrencia de estos no necesariamente disminuyen bajo el estado de excepción.

“Si bien la tendencia general más bien tenue al alza de algunos delitos, en otros se incrementa significativamente, me refiero en materia de incendios en un 19 por ciento y también en materia de robos, de receptación y hurto en donde se incrementan en un 33 por ciento. Sin embargo durante la vigencia del estado de excepción, el comportamiento de otros delitos asociados a violencia rural baja, por ejemplo en materia de usurpación en un 26 por ciento y en materia de delitos relacionados a la ley de control de armas en donde baja en un 16 por ciento“, explicó

En esa línea aseguró que al principio del estado de excepción,  se ve una baja de los ilícitos pero que estos vuelven a aumentar en su número y gravedad posteriormente y se desplazan “desde los radios más protegidos, como las vías públicas, hacia zonas más alejadas donde es más dificil a concurrencia policial e investigativa”.

CAM

En otra arista, Monsalve abordó la resistencia armada que advirtió la CAM, considerando tales amenazas como inaceptables. “En democracia no se puede hacer un llamado para resolver con armas los problemas políticos” sostuvo, señalando en que el Gobierno va a dialogar “con quienes quieren alcanzar la paz y acuerdos políticos dentro del Estado de Derecho, al resto se le va aplicar el Estado de Derecho”.