Una serie de emplazamientos se han dirigido a efectivos de Carabineros a raíz de acusaciones por uso excesivo de la fuerza. Absoluta condena generó la brutal golpiza que denunció la periodista María Soledad Osorio, quien señaló como responsables de su ataque a personal de la tenencia de Linderos donde había concurrido a presentar una denuncia. Reprobación también generó el hostigamiento del que fue víctima un joven ciclista en las inmediaciones de metro Baquedano, según se dio a conocer en registros audiovisuales que circularon el pasado viernes 21 de mayo.

Desde las organizaciones sociales en tanto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos denunció ante la ONU un amedrentamiento sistemático de parte de los efectivos hacia los defensores del organismo. Un actuar que se concentra en el año 2020 pero que ha continuado en el marco de la administración Boric, según sostuvieron, particularmente en el pasado 1 de mayo en el que cinco mujeres defensoras fueron víctimas de hostigamiento y agresión por parte de un piquete de Carabineros que se mofó de ellas y les enrostró la querella que interpuso la entidad en contra del actual Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Lo anterior dirige la atención sobre el Gobierno. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Cristián Cruz, abogado penalista y querellante en varias causas por violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros en el marco de manifestaciones sociales, dijo ver con preocupación como el Ejecutivo “deja hacer, deja pasar” el abuso de la policía. En eso consideró inaceptable la mantención de Yañez a la cabeza de la institución y de Enrique Monrás como jefe de zona Metropolitana dada su responsabilidad en la represión de los y las manifestantes de la Región de Aysén el año 2011 en el marco de las masivas manifestaciones populares.

“El general Monrás ya en el movimiento social de Aysén ‘Tu problema es mi problema’, participó allá, dirigió bajo el rótulo de Gamma 2 parte de la represión. Y recordemos que en Puerto Aysén tres personas perdieron un ojo por la represión policial”, acusó al respecto.

De todo fue consultada este lunes la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien si bien no se refirió al caso de Monrás, aseguró que el respeto de los derechos humanos por parte de Carabineros es un asunto que preocupa y ocupa al Gobierno.

“Nuestro Gobierno ha estado todos los días desde el ministerio del Interior preocupado sobre los protocolos y proceder de la fuerza policial y no sólo para la persecución de los delitos, sino también para el resguardo del derecho a la manifestación. Cada denuncia que hay, la recogemos, investigamos los hechos, recabamos los antecedentes para tomar las medidas que nos da el estado de derecho para, tanto abrir procesos investigativos como sumarios dentro de Carabineros, solicitarlo, como también los antecedentes en la Fiscalía y la solicitud de querella, la presentación de querellas para investigar a fondo las circunstancias de los hechos y poder establecer responsabilidades”, sostuvo.

Así sucedió en el caso de la reportera Francisca Sandoval, destacó Vallejo, reiterando que el Ejecutivo solicitó dar celeridad a la investigación y la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado de dicho ataque. Por tanto, “vamos a seguir tomando todas las medidas que correspondan y que estén en el marco del Estado de derecho para aclarar la situaciones y establecer responsables cuando las haya”, relevó.

Particularizando en el caso del ciclista de Plaza Italia, la secretaria de Estado sostuvo que “afortunadamente no cayó en el lecho del río como se había difundido en primera instancia”, y que “los antecedentes. como dijo la delegada Presidencial (de la Región Metropolitana, Constanza Martínez) de todas maneras se solicitaron para aclarar mayor profundidad lo hechos sucedidos durante esa jornada”. 

Desde las coaliciones de Gobierno también hay aprensión respecto a estos hechos. En la vereda de Socialismo Democrático, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, consideró que el comportamiento de las policías debe preocupar a este Gobierno y en particular, al Ministerio del Interior, dado que “no es aceptable ningún tipo de abuso por parte de las policías”, señaló el legislador, haciendo hincapié también en la necesidad de reformar a la institución.

“Yo espero que Interior pueda liderar una agenda de protocolos al interior de Carabineros, al interior de las policías para que este tipo de hechos no se vuelvan a producir. Así que estamos a la espera a lo que pueda denunciar el Ministerio del Interior en esta materia. Respecto a la reforma más estructural a Carabineros, yo creo que este Gobierno tiene que hacerla, la pregunta es cuándo es el momento para hacerla, debido a que hay otras reformas que están por ingresar al Congreso como la reforma tributaria, la reforma de pensiones. El Gobierno tiene que jerarquizar y eso es una discusión que ellos todavía no han tomado, pero yo creo que este Gobierno tiene que hacer una reforma más estructural a las policías de todas maneras”, indicó.

Desde Apruebo Dignidad, en tanto, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dijo ver en Carabineros una lamentable prolongación de una política institucional que no acciona con un claro e irrestricto respeto a los derechos humanos. Y si bien aseguró que el Gobierno está preocupado por esta materia, consideró necesario dar celeridad a la reforma que se comprometió.

“Necesitamos una institución que dé garantías de que nunca más va a estar involucrada en casos de corrupción tan grotescos como los que vimos en el pasado, una institución que no viole los derechos humanos en sus actuaciones y para eso se requiere una reforma y esa reforma sabemos que es profunda y es estructural y efectivamente, al menos desde Acción Humanista esperamos que el Gobierno avance en la prontitud posible en esa reforma“, instó.