Hasta total despacho: Comisión de Normas Transitorias continúa votación de indicaciones

En la instancia, convencionales se pronunciaron sobre normativas referentes a derechos fundamentales, en la que se aprobó una enmienda que faculta al presidente de la República crear por decreto una Comisión Territorial Indígena.

En la instancia, convencionales se pronunciaron sobre normativas referentes a derechos fundamentales, en la que se aprobó una enmienda que faculta al presidente de la República crear por decreto una Comisión Territorial Indígena.

Hasta total despacho continuará hoy viernes la comisión de Normas Transitorias votando las enmiendas presentadas a las propuestas de las comisiones temáticas que buscan regir en la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida.

Durante la jornada de ayer, destacó en la instancia el pronunciamiento sobre normas referentes a sistema político, con la aprobación de la entrada en vigencia de la Carta Fundamental dentro de los 10 días siguientes a su promulgación, el quorum de 2/3 para reformar el texto y el fin del mandato de los senadores en marzo de 2026.

En esta ocasión, los convencionales revisaron las normativas sobre derechos fundamentales, siendo la primera de ellas aprobada por 25 votos a favor, 1 en contra y una abstención.

Esta establece que “el presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas; Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses, Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses, y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Además, menciona que “el poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a 2 años, contados desde la fecha de su presentación”.

Otra de las normas que fueron aprobadas por la comisión dice relación con el derecho colectivo de los pueblos originarios a sus tierras y territorios, en la que se menciona que en el plazo de un año de entrada en vigencia la nueva Constitución “el presidente de la República creará por decreto la Comisión Territorial Indígena, garantizando su debido financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa”

Dicho órgano tendrá un plazo de funcionamiento de ocho años, renovables por cuatro años adicionales y entre sus funciones se encuentra la elaboración de catastros y el establecimiento de mecanismos concretos de “solución, planes, políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, los que deberán ser cumplidos y ejecutados por los órganos competentes”.

Asimismo, esta comisión estará compuesta por miembros de pueblos y naciones indígenas, quienes “serán elegidos por sus organizaciones representativas, por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad que contribuyan al adecuado cumplimiento de los fines de la comisión quienes serán nombrados por el presidente de la República”.

Mientras que en lo relativo al derecho a la salud se visó por 22 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones una enmienda que establece que en el plazo de 4 años desde entrada en vigencia el nuevo texto “de no haberse determinado el órgano público encargado de la administración de los fondos del Sistema Nacional de Salud, se entenderá que estos serán administrados por el Fondo Nacional de Salud”.

Esto, en referencia al inciso undécimo del artículo 14 aprobado por pleno respecto del segundo informe de la comisión de Derechos Fundamentales que apunta a que será una ley la que determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos del Sistema Nacional de Salud.

No obstante, tras no reunir el quorum de 3/5 en la comisión fue rechazada la propuesta de norma transitoria que apuntaba al levantamiento del secreto de la Comisión Valech y, por tanto, al embargo impuesto por 50 años para el acceso a los antecedentes y declaraciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Tampoco

Se espera que el próximo jueves 2 de junio el pleno se pronuncie sobre las normas despachadas por esta comisión.





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