Los antecedentes que pesan sobre el teniente de la Armada Luis Videla y el cabo Ricardo Seguel San Martín, son suficientemente contundentes para acreditar la existencia del delito y la participación de los imputados en el asesinato del comunero mapuche o Yordan Llempi en Cañete, ocurrido durante el Estado de Excepción en la provincia de Arauco en 2021.
Así lo señaló la directora Regional Bíobio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carolina Chang, quien se refirió a la orden de detención de los dos marinos, pero que la Armada se resiste a entregarlos a la Policía de Investigaciones.
De acuerdo a la Fiscalía Regional del Biobío, en la investigación que encabeza el fiscal para causas de Derechos Humanos de la Fiscalía del Biobío, Nelson Vigueras, se solicitó el lunes al Juzgado de Garantía de Cañete orden de detención para un teniente 2° y un cabo 1° de la Armada de Chile, como imputados, en calidad de autores, del homicidio de Yordan LLempi Machacán (23), ocurrido el 3 de noviembre de 2021.
“La petición se funda en los resultados de las diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI” señala el comunicado de la Fiscalía.
Agrega que la víctima falleció después de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego cuando estaba en su domicilio en el sector San Miguel, a un costado de la ruta P 72-S, Cañete. Su muerte fue constatada aquel día en el Centro de Salud Familiar de Tirúa.
Ambos militares, pertenecientes a la Infantería de Marina, en el momento de los acontecimientos realizaban funciones en la provincia de Arauco por el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.
La PDI ha intentado detener a los dos marinos, pero esto no han sido entregados por la Armada, procedimiento que continúa este martes en las afueras de la institución en Talcahuano.
La directora regional del INDH, Carolina Chang, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile, que hasta el momento la Armada no ha entregado a los dos marinos implicados en el crimen, aunque dijo que es riesgoso hablar de una defensa institucional. Sin embargo, “ha habido por parte de los imputados, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, situaciones en las cuales han tratado de mantenerse en la impunidad” precisó.
Chang indicó que existen antecedentes concretos que “se basan en una investigación que hizo la fiscalía en los últimos meses y estos antecedentes, a juicio de nosotros, son suficientemente contundentes para acreditar la existencia del delito y la participación de los imputados y habría un riesgo para la seguridad de la sociedad. Es un delito grave, de homicidio, nosotros estamos querellados por apremios con resultado de homicidio, con penas altas y entendemos que los antecedentes apuntan a que esas dos personas habrían incurrido en el delito”
Por su parte, la diputada socialista Emilia Nuyado, afirmó que los funcionarios de la Armada deben asumir su responsabilidad en este crimen y no se puede “estar esperando que la Marina entregue a los dos infantes. Esto es lamentable (…) con esto una vez más vuelvo a expresar mis aprehensiones y preocupación cuando se declaran los Estados de Excepción”