Tras ser anunciado por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública, ayer martes la ministra vocera, Camila Vallejo, ratificó la presentación de una ley corta sobre el gas natural, la cual ingresó este miércoles a la comisión de Energía y Minería del Senado.

Esto, en medio de la polémica que destapó un reportaje de Chilevisión sobre las prácticas de Metrogas, a propósito de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que determinó que la compañía podría haber elevado hasta un 20% del precio del gas natural para sus clientes, mediante la creación de la empresa intermediaria Agesa.

Según consignó La Tercera, la iniciativa busca derogar el artículo 12 transitorio de la actual legislación, el cual precisamente habría permitido a Metrogas aumentar el valor de este elemento.

En esa línea, plantea que en el caso de las empresas relacionadas al momento de la publicación de la Ley 20.999, el proyecto señalará que se aplicará el cálculo de rentabilidad del grupo económicamente integrado. Además, otro de los ejes de la propuesta es que bajará la renta máxima permitida para aquellos activos que superen los 20 años de antigüedad.

Esto último, debido a que actualmente la tasa de rentabilidad aceptada es de un 9% para siempre; mientras que con esta modificación se reduciría a un 6%.

El senador del Partido Socialista e integrante de la comisión de Energía y Minería, Juan Luis Castro, respaldó la iniciativa del Ejecutivo, destacando que busca “ponerle límite a la regulación de las utilidades de las empresas de gas natural, específicamente a Metrogas, que es la más importante, dado que se cometió una transgresión a partir de una ley del año 2017, en donde si bien se fija una rentabilidad máxima de un 9%, esta empresa se las ingenió para traer un empresa asociada, una tercerización integrada por ellos, que les hacía aumentar los costos de la compra de gas”.

Para el legislador con este proyecto “se va a corregir para que nunca más se aproveche una empresa que tiene una dominancia en el mercado de tener a otra tercera empresa de por medio para generar mayores costos y traspasarlos a los usuarios”.

El senador regionalista, Esteban Velásquez -también miembro de la instancia- manifestó que “me parece muy pertinente que el Ejecutivo haya ingresado esta ley corta y que con seguridad la vamos a tramitar lo más urgentemente posible”, añadiendo que “se debe corregir este abuso que actualmente tiene esta ley, que ha permitido el cobro abusivo de una empresa como Metrogas”.

En ese sentido, el parlamentario dijo que “me parece bien no solo derogar este artículo duodécimo transitorio tramposo, sino que también, para hoy día corregir esta norma, se comiencen a eliminar todos aquellos espacios que han permitido las trampas y abusos que finalmente terminan pagando las familias de clase media”.

En la oposición, el senador de RN, Rafael Prohens, adelantó que una vez presentado el proyecto en la comisión “creo que va a ser muy importante que tanto la Fiscalía y Metrogas estén presentes en la misma reunión para aclarar las precisiones de uno y de otro, con la finalidad de trasparentar esta información a la ciudadanía y a los clientes de la empresa”

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, manifestó una postura crítica sobre la medida y señaló que “nosotros hemos dicho claramente que no nos parece que sigan haciéndose maquillajes a una ley que necesita un cambio de fondo, porque claramente lo que aquí necesitamos es una transformación de la industria que sabemos que es monopólica, que ha sido abusiva y que está abusando en una posición dominante”.

Para el dirigente el proyecto “no resuelve el problema de la industria, que es la falta de competencia y poder desintegrarla o imprimirle más competencia. Estas leyes cortas resultan al final contraproducentes porque lo que hacen es validar a lo mejor algo que hoy día los consumidores necesitan que se les restituya. Por lo tanto, tenemos que revisar con detalle en qué condiciones quedan los consumidores”.

“Aquí hay una triangulación fraudulenta, creando una empresa intermediaria que no estaba considerada en la ley y, en consecuencia, lo que estamos alegando es el fraude a la ley. Por lo que vamos a revisar cómo queda la relación de los consumidores, porque nos preocupa de que después de que los han defraudado por cinco años, mandemos una ley para regular algo que claramente se había vulnerado”, complementó.