En entrevista con Radioanálisis, el diputado representante de Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI), abordó la crisis de seguridad que afecta al norte del país a propósito de la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara a la que concurrió este lunes el subsecretario Manuel Monsalve, para abordar la expulsión administrativa de migrantes y la organización criminal “Tren de Aragua”. Al respecto, el legislador manifestó disconformidad con la gestión del Gobierno en la zona aduciendo que desde la administración “tardía e ineficiente” de Piñera en la materia, la situación ha ido de mal en peor. Por tanto apremió la instalación de un plan integral de parte del Gobierno.
Esto porque el diputado dijo ver señales de parte del Ejecutivo que van en el sentido contrario a lo que se esperaría para dar con soluciones a la crisis. En ello relevó no sólo el levantamiento del estado de excepción constitucional en la zona sino que afirmó que el Gobierno paralizó las expulsiones administrativas de migrantes a partir del 11 de marzo, concretando sólo tres de estas diligencias hasta la fecha.
En esa línea indicó que “los aviones que se han dispuesto para cumplir con ese objetivo ya no están vigentes, por vía reglamentaria se ha modificado toda la normativa en materia de los requisitos para las residencias temporales, en materia de refugio”.
Además señaló que “el principio de reconducción que pensamos que era una de las vías de solución para todas aquellas personas que ingresaban de manera clandestina para poder devolverlos por donde habían ingresado, tampoco está pudiendo ser efectivo. De acuerdo a las cifras que nos entregó el propio subsecretario, van más de 10 mil personas en la región de Tarapacá que Bolivia se niega a recibir”.
Dicho eso el parlamentario sostuvo que lamentablemente en el norte no se puede diferenciar el fenómeno migratorio con la delincuencia, por lo que consideró apremiante que el Gobierno se arme de la convicción de que “no sacamos nada en hacer esfuerzos en poder perseguir a las bandas criminales si no va de la mano con mayor control de la frontera”.
En esa línea indicó que la Fiscalía Regional ha dado cuenta de que los delitos de mayor connotación social se han disparado en el norte y que la ocurrencia de muchos de estos hechos tienen a extranjeros como autores. Junto a ello señaló que “la semana pasada surge un informe oficial del Gobierno que es el resultado de la mesa de justicia de migrantes, que la integró el ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la PDI, Carabineros y otras instituciones y que hicieron un estudio de los últimos cinco años de el fenómeno migratorio vinculado a la delincuencia y vemos que los imputados y los detenidos hombres en cinco años han aumentado en un 355 por ciento”.
Por lo demás Trisotti advirtió que el problema no sólo se está evidenciando en el norte, donde ya en la región de Tarapacá se cuentan 31 homicidios a lo que va del año, sino que las organizaciones criminales se están desplegando en el resto del país, hecho que ya es patente en La Serena y Santiago. Por todo ello llamó al Ejecutivo a presentar un plan integral.
“Por una parte el Gobierno tendrá que establecer un sistema para poder canalizar de mejor manera y lograr que esas personas puedan ingresar de manera legal. Sé que hoy es difícil porque también nos dicen que el Gobierno venezolano hoy día no está renovando los pasaportes, no te da cédula de identidad por lo tanto, muchos dicen hoy día ‘no me queda otra que entrar de manera clandestina’. Ahí primero tiene que haber un esfuerzo a nivel de Cancillería para poder mejorar la entrega de la documentación”.
En segundo lugar, señaló el robustecimiento del control fronterizo, que “hoy día está absolutamente despotenciado”, afirmó. En eso, relevó cifras de la PDI que calculan a más de 21 mil personas que han ingresado de manera clandestina por la frontera. Además, indicó que en comparación con el año pasado, “vemos que en el mes de marzo se ha incrementado en un 125 por ciento el número de personas. Si me voy sólo al mes de abril y lo comparo uno con otro, es aproximadamente un 251 por ciento”.
Por todo ello, parlamentarios han presentado proyectos de ley para viabilizar de manera efectiva, por ejemplo, los procesos de expulsión administrativa, afirmó Trisotti. “Acá hay que considerar que estas expulsiones no son para todo el mundo, aquí se establecieron con la propia ley Migratoria de reunificación familiar, de protección de los menores entonces no es para todos, pero sí tiene que haber algunas señales porque hoy día a mi juicio se bajaron los brazos por parte del Gobierno a un mayor de control migratorio y que está abrazando de manera peligrosa a través de acciones o incluso omisiones, con la migración clandestina”.
