Como grave calificaron en la UDI la postura de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a quien pidieron la renuncia por no involucrarse en el caso del alcaide del penal de la ciudad de Angol que determinó el traslado de un grupo de presos mapuche a un Centro de Educación y Trabajo luego que aparecieran referencias a su familia y su vivienda en un lienzo dejado en el lugar de un ataque incendiario la semana pasada.

Si bien las decisiones de este tipo son adoptadas por un Consejo Técnico en cada penal que depende directamente de Gendarmería, un grupo de parlamentarios gremialistas consideraron que se trató de un retroceso del estado de derecho.

“¿Había ocurrido esto en gobiernos anteriores? La amenaza, por supuesto, pero siempre se había involucrado el Ministerio de Justicia, siempre que había una revuelta violenta se involucraba Carabineros y el Ministerio del Interior. En esta oportunidad se han concedido los beneficios, algunos presos por delitos violentos van a salir con beneficios y por supuesto que es un adelanto porque el borrador de nueva constitución que nos propone la Convención Constitucional dice que dependiendo tu etnia vas a tener distintos tipos de beneficios”, sostuvo el diputado Jorge Alessandri.

El parlamentario agregó que “de triunfar la opción Apruebo, las cárceles concesionadas, aquellas fueron construidas vía concesión, no pueden seguir funcionando. El problema de Angol va a ser uno de 100 que va a tener que lidiar la ministra de Justicia. ¿Va a decir ahí también que Gendarmería es autónoma?”.

A eso sumó que “cuando el 5 de septiembre haya que trasladar presos de todas las cárceles concesionadas a todas las cárceles públicas, ¿va a estar la ministra en la mesa de negociación o va a dejar que los alcaides sean presionados por distintas personas, familiares o grupos cercanos a los presos?”.

Por eso subrayó que “es importante saber si tenemos una ministra de Justicia empoderada con los problemas de hoy de las cárceles, pero también preparada para los problemas de mañana”.

Alessandri precisó que hoy “nuestras cárceles son centros de narcotráfico, desde nuestras cárceles se manejan narco estafas y también robo de todo tipo, incluyendo el robo de madera y sus coordinaciones” que han sido denunciadas en la Macrozona Sur.

Consultados por un eventual triunfo del Rechazo y el mecanismo para continuar con el proceso constituyente que convocó la ciudadanía en el plebiscito de octubre de 2020, el diputado Juan Antonio Coloma indicó que no es momento de establecer fórmulas, sino más bien llegar al 4 de septiembre, día de la votación.

“Debe ser la sociedad civil la que nos fije un camino respecto de cómo avanzar en el caso de que gane la opción del Rechazo. Cuando hay algunos que pretenden anticipar el debate, quizás lo hacen con miras no a lo relevante de la conversación, sino buscando algún beneficio para la elección del próximo 4 de septiembre”, estimó el legislador.

Por eso estimó que “llegará el momento, el día 5 de septiembre, donde tengamos que conversar, escuchar a la sociedad civil, escuchar a las personas respecto de cuál va ser el mecanismo a seguir en caso de ganar el Rechazo. Pero aquí creo que hay que ser cuidadosos con la ciudadanía, hay que respetar el proceso que estamos viviendo y el día después, en caso de ganar el Rechazo, tendremos que, escuchando a la gente y la sociedad civil, tomar decisiones de cómo avanzar”.

Coloma recordó que “tal como lo dijo el presidente del Servel, tenemos que dejar que ocurran, independiente del mecanismo que se utilice, 125 días. En ese tiempo tenemos que ser capaces de buscar un consenso, un acuerdo, escuchando a la gente para poder avanzar”.

Además, planteó que “lo importante ahora es que la gente decida si quiere tener este texto redactado por los constituyentes o quiere darse una segunda opción. En el caso que ocurra esto, que es lo que nosotros queremos, esperamos poder después conversar y tener el mejor mecanismo para llevar a cabo, pero también no podemos dejar que esto sea un acuerdo político, tenemos que escuchar a la gente”.

Coloma sostuvo que “después del plebiscito vamos a tener un tiempo donde la gente va a poder evaluar cómo se desarrolló todo esto y buscar el mejor mecanismo para tener una nueva constitución”.

Por último, los parlamentarios de la UDI criticaron finalmente que el gobierno no hiciera un acto de promulgación de la norma que cambiaba el quórum para hacer reformas a la constitución política que se aprobó en el Parlamento, algo que durante mucho tiempo fue empujado desde la centro izquierda, comentaron.