En fallo dividido, la Segunda Sala declaró inadmisible la acción judicial ingresada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la resolución del tribunal marcial, el cual determinó que la ministra Romy Rutherford carecía de antecedentes para imputar al general (r) y le solicitó realizar un nuevo peritaje contable.
Martínez estaba siendo procesado -e incluso pasó por prisión preventiva- por su presunta relación con una arista de la investigación de megafraude en el Ejército conocida como “Milicogate”.
Se trata de la denominada “Agencias de Turismo”, donde agencias de viajes planificaban vuelos y estadías más barato de lo planificado, dejando un dinero a favor que no era regresado al fisco. En ese marco, la jueza Rutherford acusaba que el excomandante desvió $44 millones a sus cuentas personales.
El único integrante de la Suprema que votó a favor de tramitar el recurso de queja del CDE fue Haroldo Brito, mientras que en contra se pronunciaron Manuel Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos, además de la abogada (i) Pía Tavolari y el auditor general del Ejército, Eduardo Rosso.
La resolución señaló que “el recurso de queja procede contra las sentencias interlocutorias, cuando ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación, o contra las sentencias definitivas, siempre que unas y otras no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario”.
Luego advirtió que “en el presente caso, se ha deducido este recurso contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó en el auto de procesamiento dictado por la ministra en visita extraordinaria por no encontrarse suficientemente determinada la existencia y monto del perjuicio fiscal efectivamente causado, declaró que el investigado no es procesado y dispuso que la ministra encargara una pericia contable, decisión que no comparte la naturaleza de aquellas que hacen procedente el recurso intentado, razón que conduce a que este sea declarado inadmisible”.
El abogado del exuniformado, Juan Carlos Manríquez, aseguró que el fallo “demuestra una vez más la completa injusticia y falta de fundamentos con la cual la resolución de la ministra en visita Romy Rutherford, lo había sometido a proceso en la causa”.
