Es en medio de los hechos de violencia que se han suscitado en torno a los denominados liceos emblemáticos de Santiago que ayer jueves el Gobierno anunció un plan para enfrentar esta problemática, cuyo foco estará puesto en el fortalecimiento de la educación pública.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, comentó que dicha iniciativa busca transformarse en un programa de apoyo de los establecimientos “donde podamos trabajar en las distintas regiones del país en establecimientos que tienen circunstancias muy parecidas, con infraestructura de más de cien años, proyectos educativos que tienen que renovarse, establecimientos que aún no han logrado implementar la jornada educacional completa y también que tienen algunos servicios, como el de la alimentación, todavía deficientes”.

Mientras el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reforzó el compromiso del Ejecutivo por recuperar el orden y la seguridad pública en torno a estos liceos y destacó la necesidad de avanzar en la prevención y el estándar de pruebas necesarias para sancionar a los responsables de esta situación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista y presidente de la comisión de Educación, Juan Santana, abordó este panorama -que durante las últimas jornadas se ha intensificado particularmente en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la comuna de Quinta Normal- y expresó que “efectivamente hay que separar las legítimas demandas que distintas comunidades de la educación pública tienen en materias como la infraestructura, el personal con el que cuentan”.

En esa línea, señaló que “lamentablemente lo que hemos visto son hechos y actos de vandalismo, situaciones de mucha violencia que por supuesto rechazamos tajantemente y que en ningún caso compartimos ni justificamos”.

Además, dijo coincidir con el titular de Educación en que “hay también aquí unos aspectos de fondo que están siendo develados en situaciones como esta, la falta de presencia de la adultez, por ejemplo. Creo que hay una falta de participación y preocupación en estos aspectos por parte de los padres y apoderados, hay falta de presencia y de diálogo muchas veces con los estudiantes, con algunos miembros también de las comunidades educativas. Si estos temas no se abordan con la profundidad que requieren, estas situaciones por supuesto que van a seguir ocurriendo”.

De todos modos, el parlamentario y ex dirigente estudiantil planteó que, si bien no ve mayores dificultades en términos de controlar y sancionar este tipo de acciones, “erradicar este tipo de situaciones y combatir las raíces que tienen y su origen es lo más complejo y profundo”. “En eso por supuesto que el rol de los apoderados, de las familias, de las escuelas es indispensable, pero hoy día lo que debemos abordar con mucha firmeza es rechazar y evitar cualquier tipo de justificación en actos de violencia tan graves como los que hemos vivido durante estas semanas”, manifestó.

Por otra parte, el legislador socialista apuntó a una suerte de desnaturalización de las legítimas demandas estudiantiles que hace décadas han sido enarboladas por diversas agrupaciones en el país.

“Al igual como ha ocurrido a nivel nacional con el debate político que se ha deteriorado, esa crisis también se vive en todo nivel de espacio. También se viven en el debate político de los establecimientos educacionales, en donde muchas veces hay una carencia del contenido de las reivindicaciones que en antaño se levantaban con mucha fuerza por parte de organizaciones que eran capaces de convocar a la mayoría de sus integrantes y que hoy día se han transformado en consignas, cuyo principal norte es la justificación de los métodos que están siendo utilizados”, explicó Santana.

Asimismo, acusó que ha habido un abandono de la educación pública que se ha venido arrastrando por años y que “eso se tradujo en que el Estado no estaba con un rol protagónico en su administración. Recordemos que recién se está empujando un proceso de desmunicipalización caracterizado por la instalación de estos Servicios Locales de Educación (SLEP), que además ya vienen con algunas dificultades adicionales”.

En ese sentido, apuntó que “el problema fue que desde los años ’80 cuando se produjo el proceso de municipalización de la educación pública se produjo, al mismo tiempo, un permanente déficit en el rendimiento, en la inyección de recursos que se le fueron destinando a esta área, eso naturalmente tenía que ver con la privatización también de la misma área. La educación pública de los años ’80 en adelante no es la misma que tuvieron nuestros padres y abuelos durante los ’60 e inicios de los ’70, caracterizada por un interés sustantivo del Estado chileno, eso se perdió y lamentablemente nunca se recuperó”.

Pese a todo, el legislador destacó “un esfuerzo sustantivo por implementar la reforma de la Nueva Educación Pública que con todas sus dificultades crea instituciones que se abocan principalmente a la administración de jardines, escuelas y liceos. Por lo tanto, hemos estado apoyando al ministro Ávila, creemos que hay una buena voluntad por parte del Ministerio de Educación, pero naturalmente lo que vemos hoy día es el resultado y son frutos de procesos que se han vivido durante décadas en nuestro país que develan un abandono completo por parte del Estado chileno hacia la educación pública”.