Luego de salir de una semana de desavenencias, hoy partidos políticos con representación parlamentaria retomaron en una reunión ampliada las conversaciones para llegar a un acuerdo que permita la continuidad del proceso constituyente.

Si bien se han consolidado posturas sobre las bases constitucionales, sigue generando tensiones temas, tales como la entidad que resguardará estos bordes, denominado también como “árbitro”, y el futuro órgano que redactará la nueva Carta Fundamental, aspectos en los que aún algunas fuerzas políticas se encuentran reacias a ceder.

Precisamente, este estancamiento de las negociaciones motivó la suspensión de la reunión multilateral y el encuentro ampliado programados para el pasado miércoles y jueves, respectivamente. Por lo que se optó esperar hasta este lunes para reanudar las tratativas.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, junto con valorar la gestión del su par de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto- quien renunció a su cargo el pasado viernes- entregó detalles sobre la cita y comentó que “hemos tomado la decisión de insistir con mayor celeridad los diálogos bilaterales y multilaterales que se han desarrollado en paralelo al esfuerzo formal con estas reuniones que se realizan todas las semanas”, puesto que han sido las instancias donde más se han logrado acercar posturas entre las colectividades.

“Ya ha pasado tiempo más que suficiente para que los distintos actores tengan definiciones de fondo respecto de cómo continuamos el proceso constituyente”, planteó el parlamentario.

De esta forma, a partir de mañana martes se dará prioridad a estas reuniones acotadas, mientras que la próxima convocatoria ampliada se realizará “cuando tengamos un avance significativo que pueda ser sometido a consideración de todos los partidos con representación parlamentaria para finalmente suscribir a un acuerdo”.

En cuanto a la discusión sobre el “árbitro”-que se espera zanjar durante esta semana- y a la idea de que sea la Corte Suprema la encargada de fiscalizar las bases, Elizalde comentó que al tratarse de una entidad jurisdiccional “es un error politizar a la justicia, por el contrario, es un órgano que es garante de independencia y autonomía al momento de aplicar la justicia. Por tanto, merece todo nuestro respeto”.

Con todo, mencionó que, si bien el Máximo Tribunal no se ha pronunciado formalmente, “si decidimos que la Corte Suprema sea el órgano que dirima, en caso de dudas, el cumplimiento de las bases institucionales para la nueva constitución, es un órgano que cuenta con legitimidad e imparcialidad para hacerlo de muy buena forma”, añadiendo, en todo caso, que tampoco se han descartado el resto de fórmulas, como el Congreso, el Senado o una comisión bicameral.

Otro de los temas que se ha instalado en el debate dice relación con la posibilidad de concretar un plebiscito de entrada en caso de no llegar a un acuerdo respecto del futuro órgano redactor, por el cual la oposición se inclina por un órgano 100% electo y Chile Vamos por una entidad mixta, es decir, con representantes electos y designados.

Sobre este punto, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, expresó que esta opción no está descartada. Mientras el diputado y líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez, consideró que “es la gente la que va a terminar pagando el costo del desacuerdo de la división y creo que eso sería un fracaso para todas y para todos”.

A este debate se suma también la propuesta que presentaron los senadores de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón y Matías Walker, la cual fue elaborada por la denominada Centroizquierda por el Rechazo y que contempla un órgano redactor compuesto por un total de 60 convencionales, 30 elegidos en listas nacionales cerradas presentadas por los partidos y coaliciones legalmente registradas y 30 por distritos uninominales, “de tal manera de generar un sistema electoral mixto, con un elemento proporcional y otro mayoritario”.

Asimismo, establece un plazo máximo de funcionamiento de seis meses y un quórum de 2/3 para alcanzar acuerdos, tanto en comisiones como en el pleno.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, también presente en la instancia, sostuvo que “lo importante es que el acuerdo que se le logre sea uno que efectivamente haya logrado consensuar en un punto que sea bueno para Chile”, añadiendo que en relación a los plazos recomendados por el Servel “no hay ningún contratiempo hasta ahora y se ve que cada día nos acercamos más a tener un acuerdo”.