Una oportunidad para explicar en detalle la reforma previsional fue la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Instancia que abrió la discusión parlamentaria sobre la propuesta del Ejecutivo, la que a su vez fue presentada por la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el titular de Hacienda, Mario Marcel.

Previo a la alocución de los secretarios de Estado, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó la admisibilidad del proyecto, aduciendo que el aumento de la PGU, al estar relacionado con la aprobación de la reforma tributaria, no está debidamente financiada.

“En ningún caso se admitirá a tramitación un proyecto que proponga conjuntamente normas de ley de reforma constitucional o que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley”, afirmó, citando el artículo 15 de la ley orgánica del Congreso.

En respuesta, el secretario de la comisión de Trabajo, Pedro Muga, indicó que “el proyecto de la PGU aparece fundamentado en el informe financiero, pero esta secretaria no tiene las capacidades técnicas para saber si eso cumple o no con los estándares que exige el señor Saurbaum”.

Hecho el punto, la ministra Jara dio inicio a la presentación del Gobierno, dando cuenta de los tres objetivos que persigue la reforma previsional en la línea de “los sistemas de pensiones y la seguridad social”. 

“En primer lugar, combatir pobreza, para lo cual existe en nuestro país un pilar no contributivo del año 2008 que se vio fortalecido a través del Pilar Solidario cuando se creó con la comisión que presidió el ministro de Hacienda (…) y que se expresó en una pensión de carácter no contributivo que benefició a un sector muy importante de la población, pero especialmente con un foco en las mujeres. Y que se vio fortalecido con la PGU que este mismo parlamento a iniciativa del Gobierno anterior legisló”, señaló.

Adicionalmente apuntó a dar continuidad a los ingresos. “Sin duda las personas mayores en muchos de los casos, y ése es el objetivo por cierto que tienen los sistemas de pensiones, dejan de desempeñarse en un trabajo remunerado y por tanto de un salario mensual y ahí opera precisamente esta lógica de la seguridad social”, afirmó, añadiendo como tercer objetivo “el proteger a las personas frente a determinadas contingencias”.

Sobre los mecanismos con que el Gobierno propone subir las pensiones, Jara relevó el aumento de la cobertura y del monto de la PGU; el mejoramiento en las pensiones con la reorganización industrial y con el fortalecimiento de la capitalización individual que pasará del 10 al 10,5, y la recuperación de la cotización de los empleadores.

Sobre este último punto la ministra detalló que “va a ser de un 6%, que se va a implementar con gradualidad y va a pagar pensiones del seguro social para hacer convivir junto con la capitalización individual lo que existe en el 83% de la OCDE que es un pilar público y solidario de pensiones”. 

Fin de las AFP

Sobre la reorganización industrial, la titular de Trabajo explicó que los objetivos de la seguridad social se asientan en la diferenciación de las tareas de soporte e inversión. “Entendemos que no existen razones que hagan sostener todas las tareas monopólicas en las administradoras”, afirmó.

En defensa de ello, indicó que “se producen economías de escala una vez que el servicio público absorbe la atención de los ciudadanos y ciudadanas del país”. Asimismo, aseguró que “estas mismas economías de escala permiten una mayor competencia porque bajan la barrera de entrada de otras actorías a la inversión de los fondos previsionales lo cual potencia la competencia y la disminución de las comisiones para precisamente favorecer a los afiliados y afiliadas”.

Por lo demás reparó en los gastos a los que incurren las AFP, mismas que producen mermas en el total de las pensiones. “Si nos fijamos en inversiones, de estos mil 108 millones de dólares -de suma de ingresos totales-, se gastan 36,8 millones de dólares, por tanto si uno ve hay muchas tareas de soporte, administrativas, en las cuales se van a producir ahorros importantes que nos van a poder permitir transferir estas mejoras, estos aumentos por efectos indirectos de la baja en las comisiones a los propios afiliados”, sostuvo.

Sobre este punto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acotó que “el tema de la separación de funciones de la industria es un tema que ya surgió el año 2006 aquí en Chile en el informe de la comisión que a mí me tocó presidir”.

“En aquella oportunidad no se tomó esa recomendación, había una opinión más bien balanceada dentro de la comisión pero éste es un tema que ya, tomando en cuenta eso, lleva más de 15 años de discusión en Chile”, destacó.

Y añadió que “es importante recordar también, para quienes tienen temores respecto a esto, que la reducción de la integración vertical en la industria era un tema que en Chile, en materia de competencias, se ha discutido por muchos años, y muchos de las objeciones que se plantean respecto a este caso en particular se escucharon en su momento cuando había una integración vertical en el sector eléctrico”. 

En el rubro, “estaba integrado la generación, la transmisión y la distribución”, recordó el jefe de Hacienda, relevando que “a comienzos de los años 90 se argumentaba que se iba a perder gran eficiencia en el sector eléctrico”.

“Bueno, hoy día vemos que el sector eléctrico tiene separadas esas tres funciones, es mucho más eficiente de lo que era en aquella oportunidad y por supuesto las rentas, producto de esa integración vertical, afortunadamente desaparecieron y las captaron los consumidores por la vía de menores costos en la provisión del servicio eléctrico“.

Por tanto, aseveró que la propuesta del Gobierno “no es un invento ideológico sino que tiene mucha literatura y experiencia concreta en Chile detrás”.